jueves, 22 de diciembre de 2011

Movimientos se reúnen con el gobierno, que rechaza la paralización de Belo Monte

El pasado día 20, los representantes del Movimiento Gota D’agua, Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVS) y el Movimiento Derechos Humanos tuvieron una audiencia con ministros de las Secretaría General de la Presidencia, del Medio Ambiente y de Minas y Energía. En esa reunión, hicieron entrega simbólica de 1,35 millones de firmas reunidas por Gota D’agua en contra de la usina de Belo Monte, programada para ser instalada en la región amazónica brasilera.
A pesar del apoyo popular y de haber reconocido problemas en el proceso, el gobierno alegó que las inversiones son muy grandes para echar marcha atrás. Según la coordinadora del MXVS, Antonia Melo, el gobierno garantizó disposición al diálogo sobre la política energética brasilera, no obstante, fue enfático en declarar que Belo Monte no será detenida.
"Cuando hablamos de los problemas de falta de diálogo con las poblaciones afectadas, Lobão (ministro de Minas y Energía) trató de argumentar que Belo Monte3 es un proyecto gestado durante más de 40 años, período en que los indígenas, por ejemplo, habrían sido escuchados. Pero al final admitieron fallas en proceso de Belo Monte, al decir que los próximos proyectos hidroeléctricos en Amazonia serian conducidos de manera diferente”, relata.
Antonia agrega que el gobierno se dispuso a ampliar el diálogo por considerar significativo el número de firmas reunidas por Gota D’agua y porque sus miembros son "formadores de opinión”.
Ante la negativa del gobierno de interrumpir las obras de Belo Monte, el movimiento prometió continuar la campaña por la inmediata paralización, "al mismo tiempo en que presionaremos por la apertura de un debate sobre política energética que involucre un diálogo verdadero, donde las demandas de las poblaciones sean escuchas y consideradas”, expresó el actor y activista, Sérgio Marone.
En carta dirigida a la presidenta Dilma Rousseff, Gota D’agua declara haber producido un video, visto por millones de personas, con el propósito de provocar reflexión sobre el modelo de desarrollo y de generación de energía de Brasil, principalmente en lo referente a la Amazonia.
Destacan que el derecho de los indígenas a ser consultados, previsto en la Constitución, no fue acatado en el caso de la hidroeléctrica, a tal punto que hay una Acción Civil Publica en la Justicia sobre este tema.
La carta denuncia también que el análisis presentado por el gobierno históricamente subestima los impactos socio-ambientales de los grandes emprendimientos en la Amazonia. Cita como ejemplo, el caos imperante en la ciudad de Altamira, estado de Pará, donde las obras ya comenzaron.
"Sra. Presidenta, pedimos su liderazgo para promover el debate – y acoger los argumentos de la población de Xingú, de ambientalistas, académicos, científicos, investigadores, juristas y artistas, verdaderamente empeñados en apuntar soluciones para el desarrollo responsable del Brasil”, concluyen.
Traducción: Ricardo Zúniga
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=63648

miércoles, 21 de diciembre de 2011

El agronegocio recibe licencia para deforestar



Una ley aprobada en el Senado brasileño disminuye el área de preservación de zonas forestales en la Amazonia y amnistía a los grandes productores rurales que ya deforestaron. El nuevo Código Forestal todavía aguarda la segunda aprobación de la Cámara de Diputados y la sanción de la presidenta Dilma Rousseff.
La aprobación en el Senado, el 6 de diciembre, aunque no haya causado sorpresa, fue duramente criticada por movimientos sociales y ambientalistas, quienes afirman que el código sirve a los intereses de los grandes productores rurales y de las transnacionales del sector agroexportador, permitiendo un avance de la agropecuaria, sin precedentes, en la Foresta Amazónica.
Para ellos, el proyecto irá afectar profundamente el bioma amazónico, aumentando la deforestación, la emisión de gases de efecto invernadero y la desertificación del suelo, y también alterando el régimen de las lluvias, lo que afectará el volumen de agua de los ríos.
También mencionan otras conocidas consecuencias vinculadas al modelo del agronegocio, como el aumento de la concentración de la tierra, del monocultivo de especies transgénicas, de la superexplotación de la mano de obra y de la violencia en el campo, además del aumento del uso de agrotóxicos. Hoy, Brasil es el país que más consume agroquímicos en el mundo, según un estudio publicado en 2009 por la consultoría alemana Kleffmann Group.
Compra de votos
Dentro de las dos casas del Congreso brasileño, el texto fue aprobado con amplia ventaja de votos. En el Senado, fueron 58 a favor y 8 en contra. En la Cámara, el proyecto fue votado en mayo, y obtuvo 410 votos a favor y 63 en contra. La mayoría de los partidos tradicionales de derecha apoyan al nuevo Código. La base oficialista del Partido de los Trabajadores (PT) en el Congreso también está a favor de la reforma. Entre ellos, Aldo Rebelo, diputado por el Partido Comunista del Brasil (PCdoB) fue inclusive el relator del Código en la Cámara.
Además del conservadurismo, los parlamentares pueden haber tenido otras influencias. Días después de la votación en el Senado, el diario Folha de S. Paulo publicó un reportaje en el cual afirma que el nuevo código amnistía deudas generadas por multas relativas a crímenes ambientales cometidos por empresas que financiaron la campaña electoral de 50 parlamentares en los comicios de 2010. En el total, 15 millones de reales fueron destinados a esos congresistas, valor 42% superior a la suma donada por las mismas empresas en las elecciones de 2006. La reforma del código empezó a ser discutida en el Congreso en 2009. Las empresas que más donaron están vinculadas a la producción de celulosa.
El Código Forestal fue creado en 1934, durante el gobierno de Getulio Vargas. En 1965, durante la dictadura civil- militar en Brasil fue reformado por la primera vez. Con el aumento progresivo de la devastación en las últimas décadas, muchos ambientalistas defendían una reforma en el código, en el sentido de fortalecer la preservación de los biomas brasileños, como la Amazonia y el Cerrado. A la vez, el sector vinculado al agronegocio pasó a defender una reforma en el sentido contrario.
En la ley de 1965 había la obligación, entre otras cosas, de preservar el 80% de los predios ubicados en la Amazonia, la zona con mayor biodiversidad del planeta. El nuevo Código Forestal reduce el área que debe ser conservada para 50%, llegando en algunos casos a 20%. En las llamadas Áreas de Preservación Permanente (APPs) - cerros y márgenes de ríos, por ejemplo – que antes no podrían ser exploradas, ahora pueden ser usadas para determinados cultivos.
Tragedia ambiental
Otro punto polémico es que propietarios cuyas tierras estén dentro de un límite de 400 hectáreas serán amnistiados en casos de haber cometido deforestaciones y no tendrán que realizar proyectos de reforestación. Según estudio publicado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea, por su sigla en portugués), órgano vinculado a la presidencia de la República, con esa medida dejará de ser recuperada un área de 47 millones de hectáreas, equivalente a los territorios de las provincias de Buenos Aires y Santa Fé sumados.
Conforme otra investigación del Instituto de Investigación Ambiental de La Amazonia, la flexibilización de la deforestación en las llamadas APPs, permite que un área equivalente a dos provincias de Santa Cruz puedan ser devastadas.
Además, la nueva ley también permite que dueños de predios de cualquier tamaño que hayan deforestado hasta 2008, sean amnistiados de las multas si realizan proyectos de reforestación, que no tienen que ser necesariamente hechos en su propiedad, sino en la de terceros. Basta que compre un título negociado en la Bolsa de Valores por medio de las Cuotas de Reservas Ambientales. “Eso transformará la foresta en una commoditie”, explicó la abogada a advogada Larissa Ambrosano, de la organización da Tierra de Derechos, en nota publicada en la página del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). “Salen dos órganos de fiscalización y entra el mercado de forestas, con la conservación siendo realizada por el pagamento financiero”.
La nueva aprobación en la Cámara debe ocurrir solamente el año que viene. Los movimientos analizan que la batalla en el Congreso ya fue perdida, y prometen presionar a la presidenta para que no sancione la ley.

sábado, 17 de diciembre de 2011

"Indígenas vêm a SP denunciar genocídio e modelo econômico “agrodestrutivo”



Posted on quarta-feira, 14, dezembro, 2011 16:20:45 by 

do site Correio Cidadania
POR GABRIEL BRITO*
Em conseqüência das graves violações a seus direitos, os índios guarani kaiowá se articularam com redes de militantes dos direitos humanos após o assassinato do cacique Nísio Gomes, desaparecido desde o último dia 18 de novembro, e vieram a São Paulo expor o genocídio sistemático do qual se tornaram alvo. Nísio se encontrava dentro da Tekoha Guayviri, em Aral Moreira (MS), uma das valorizadas localidades do cerrado, grande cenário de disputas entre o agronegócio e seus ocupantes originários, quando sofreu um ataque de dois motoqueiros encapuzados, que atiraram à queima roupa, seqüestraram seu corpo e outros três indígenas adolescentes – todos até hoje procurados.
Diante de mais um crime contra os índios brasileiros, diversos integrantes de grupos e entidades que lutam em defesa dos direitos humanos, integrados em torno da Rede de Proteção aos Militantes Ameaçados, realizaram ato de solidariedade ao povo guarani no último dia 30 de novembro, na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo. A atividade, que foi precedida por uma entrevista coletiva em sala anexa, contou com a presença do cacique guarani Ládio Verón e Sassá Tupinambá, membro do Movimento Indígena Revolucionário.
“Eu vim aqui para São Paulo porque trago um clamor popular! O clamor de um povo que derrama seu sangue por um pedaço de terra! É um massacre contínuo, já tivemos 18 crianças assassinadas. Mas não vamos recuar. E o nosso oxigênio para essa luta, na qual contamos com a ajuda de vocês, é a homologação de terras”, afirmou Ládio, cujo pai, Marcos Verón, também cacique, foi assassinado pelo agronegócio local em 2003.
Como se sabe, os guarani são a maior etnia indígena do Brasil, composta por ao menos 80 mil pessoas, cerca da metade dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Rico em sua vasta vegetação e rios, o estado é símbolo do agronegócio, com terras cada vez mais adquiridas por grandes corporações, nacionais e transnacionais. Entretanto, seu território é recheado de terras ancestrais indígenas, expropriadas pelo homem branco ao longo dos séculos.
“A maioria dos laudos antropológicos das terras requisitadas pelos índios para homologação ficou pronta em 2007, mas não houve homologação. No mesmo ano, o Lula assinou o acordo do etanol e dos biocombustíveis com o Bush… A mídia fez todo aquele carnaval anunciando a boa nova, a nova porta para nosso progresso em cima disso”, situa Sassá.
A lembrança de tal acordo explicita mais um enorme entrave para os sempre demorados processos de reconhecimento, demarcação e entrega de terras aos indígenas. Tarefa de responsabilidade exclusiva do governo federal, através da Funai, que por sua vez contrata os antropólogos para a missão de estudar – dentro de critérios por vezes polêmicos – quais seriam as extensões de determinada terra requerida pelos índios.
No entanto, cada vez mais ancorado num modelo primarista e agroexportador, o Brasil tem dado suporte pesado e bilionário ao latifúndio, histórica fonte de injustiça social, violência e depredação ambiental. O quadro segue intacto, e jamais impediu o governo petista e sua base aliada de eleger o agronegócio como um dos esteios da economia e do “desenvolvimento nacional”. Assim, mesmo com uma extensão territorial maior que dezenas de países, o solo sul-mato-grossense é cada vez mais alvo de investimentos agro-minerais e pecuários, dos quais se originam violentas disputas territoriais.
“O cenário local é de devastação, com terras do estado repletas de empreendimentos, projetos. Um pé de cana, uma cabeça de gado, um plantio de soja valem mais que a vida de um índio, valem mais que as crianças indígenas que eles matam”, conta o cacique Ládio, mencionando toda a covardia e desumanidade dos proprietários de terras, nunca punidos pelo poder estadual, aliado e sócio escancarado do latifúndio, ou pelo governo federal, teoricamente ente que poderia atuar com isenção na questão.
Relatos de uma violência planejada e protegida
“Eles nos atacam de muitas formas. Envenenam os rios de várias formas, usam seus agrotóxicos para despejar de aviões que sobrevoam as aldeias e intoxicam, adoecem, os índios. De tempos pra cá, descobrimos que eles também colocam potes de veneno e enterram em nascentes de rios, com tampa aberta; esses venenos aos poucos vão saindo de baixo, se diluindo e misturando na água; depois, os índios usam essa água, bebem essa água contaminada. Fora isso, tem acontecido muitos suicídios suspeitos. Garotos jovens encontrados com a corda no pescoço e pendurados em árvores; porém, pela religiosidade e relação com o sobrenatural desses garotos, não é de crer que tenham mesmo se matado”, conta Sassá Tupinambá. “Alguns sofrem muito, não vêem perspectivas em mais nada, sentido em mais nada, e se matam. Mas sempre que um índio faz isso deixa um bilhete explicando os motivos do suicídio embaixo da árvore em que ele encerra sua vida”, completa Ládio.
Conforme se desenvolviam os relatos de Ládio e Sassá, o nível de consternação dos presentes apenas aumentava, pois o que se escutava eram histórias sempre vistas de forma distante dos grandes centros urbanos, apesar da conhecida violência que reina no campo brasileiro. Crimes de faroeste sem a mínima perspectiva de punição, desnudando uma total degradação dos órgãos e poderes de Estado, todos mancomunados em torno dos interesses dos “produtores nacionais” – nome que o establishment inventou para os megaempresários que dão ordens de seus escritórios do eixo Rio-São Paulo, mas nunca semearam uma terra ou fizeram uma colheita com as próprias mãos.
“Nós só queremos um pedaço de terra. Nossa luta é só essa. Não agüentamos mais perder nossas vidas, nossos parentes, crianças. Mas o único jeito para termos nossas terras de volta é retornando a elas”, insiste Ládio, expressando a convicção dos povos indígenas de não abrir mão de suas terras ancestrais, as quais consideram sagradas e impassíveis de qualquer tipo de realocação ou zona de confinamento que se proponha.
Já Sassá, comparando sua experiência de outras lutas sociais, destaca com veemência a situação de terror dos guarani, constatada após recente visita à aldeia liderada por Ládio. “Eu já militei e estive com o MST em muitos locais, mas nunca vi nada parecido com o que vi no MS, com polícia, tropa de choque, toda essa violência. Quando tive a honra de visitar e botar os pés na aldeia Taquara, não vi as crianças e animais saindo pra ver quem chegava, recepcionar, festejar, como é de seu costume. Todos vivem retraídos, com medo, recolhidos. Um clima de tristeza permanente”.
Citando a atuação militar e paramilitar cada vez mais sanguinária contra os indígenas, Sassá contou detalhes de toda a apreensão que se vive no acampamento, enquanto se espera que o governo federal finalmente entregue as terras aos seus ocupantes originais, dando cumprimento aos dispositivos da Constituição de 1988, que garantem os direitos indígenas, e também à convenção 169 da OIT, sobre os mesmos direitos e da qual o Brasil é signatário.
“Lá na Taquara eu não dormia direito, ficava assustado com qualquer barulho de carro, ficava deitado com a lanterna no peito, virando pra um lado, pra outro. Não conseguia dormir, mas fiquei feliz de encontrar por lá o Ládio e o os outros vivos. Porém, quase entramos pra ‘rede dos militantes mortos’”, lamenta.
E para provar que a violência anti-indígena é orquestrada e deliberada, basta lembrar que o agronegócio do estado e seus pistoleiros – agora funcionários de “empresas privadas de segurança” – mataram 250 índios na última década, superando largamente todo o resto do país e configurando uma situação de genocídio e limpeza étnica, tal como afirmado por diversos estudiosos das questões indígenas.
“As empresas de segurança privada – sabem como é, agora milícias de jagunços e pistoleiros têm esse nome mais bonito – funcionam com aval da Polícia Federal, que precisa dar autorização para que atuem. Algumas até são investigadas, mas nós continuamos sofrendo com elas, sendo perseguidos, ameaçados. Certo dia, um jornalista, que estava do lado dos fazendeiros, tirou fotos nossas. Mandamos apagar. Vimos que ele fez vídeo também, mas não apagou. E sabemos que essas câmeras permitem nossa identificação facilmente, o que pode ser usado pelos pistoleiros…”, sintetiza.
Dessa forma, é evidente que urge uma intervenção federal no assunto, que, aliás, já poderia ter estancado essa matança racista há muito tempo se respeitasse suas próprias disposições constitucionais e os estudos já concluídos em relação a diversas terras indígenas no estado. “Aqui aparece o prefeito e logo faz o jogo dos fazendeiros. O poder do estado está todo nas mãos das associações do agronegócio, da UDR, Famasul…”, completa.
“Eles mataram meu pai, já mataram muitos dos nossos, mas nossa luta continua e não vai parar enquanto não estivermos em nossa tekoha. Outras lideranças disseram que eu não deveria vir aqui (SP), mas achei que precisava muito vir, apesar de saber que aqui moram os mandantes do assassinato do meu pai”, atesta o cacique Ládio.
Como já citado, o crescimento do agronegócio, à custa do abandono definitivo da idéia de reforma agrária popular e favorável à agricultura familiar, foi abraçado de corpo e alma pelos dirigentes ‘democrático-populares’, que dessa forma acabam mexendo com os interesses de todo o povo brasileiro. “É o dinheiro público que financia o agronegócio, então, devemos nos sentir todos envolvidos nessa questão. É uma luta de todos, e a população e os movimentos sociais precisam conhecer nossos povos e culturas”, assinala Sassá.
Quadro sombrio
Apesar de tanta perseverança, resistência e coragem de seguir lutando, os indígenas não têm condições de transmitir uma imagem de otimismo e reversão da situação. Consideram que, após o acordo que Lula selou com os EUA sobre os biocombustíveis, houve enorme retrocesso no reconhecimento e homologação de terras, que continuam a ser ilegalmente ocupadas pelos latifundiários. Estes latifundiários, por sua vez, seguem, em parceria com a mídia comercial, mentindo ao país todo ao dizerem que precisam ser beneficiados, pois são os grandes responsáveis por colocar alimentos na mesa da população.
“Depois desse acordo com Bush, o Lula, ao invés de demarcar terras – coisa que prometeu antes de eleito ao próprio cacique Verón, em Brasília, o pai do nosso companheiro Ládio que depois foi assassinado –, passou a inaugurar usinas. Assim, os fazendeiros se organizam cada vez mais para não dar as terras a que temos direito. Já os governantes locais trazem ainda mais empreendimentos. Temos 18 usinas de etanol. Mas o projeto é chegar a 40. As águas estão muito contaminadas, as usinas estão acabando com o meio ambiente do Mato Grosso do Sul”, reforça Sassá.
Dessa forma, fica configurado um perverso quadro em que, numa ponta, os fazendeiros agem com violência crescente, já que se sentem protegidos por interesses que vão muito além das fronteiras estaduais; na outra ponta, o governo federal trata apenas de se omitir. Vale lembrar que neste ano a presidenta Dilma se recusou a encontrar e dialogar com os indígenas ao longo de todo seu primeiro ano de mandato. Não houve conversa com nenhum dos mais de 260 povos indígenas do país, incluindo (ou talvez principalmente…) aqueles que vêm sendo afetados por grandes projetos empresariais.
“Hoje o estado se resume a cana, soja e boi. E tem essas 40 usinas planejadas, com grande foco nas de cana-de-açúcar e etanol”, conta Ládio. “Agora, muitos famosos têm terras na região. Por isso os fazendeiros atacam; eles sabem que são sócios do poder, sócios dos últimos presidentes. Eu vi, não me contaram, cana plantada a 5 metros das águas do rio, plantada em barranco. Isso antes de o Aldo Rebelo presentear seus sócios ruralistas com esse código florestal…”, dispara Sassá.
Para encerrar, o militante tupinambá resume o quadro e volta a lembrar que, por muito pouco, a coletiva e o ato realizados em São Paulo poderiam nem sequer ter ocorrido. “É assim que eles vão tocando o plano de nos matar, de levar a cabo o genocídio indígena, de forma lenta, silenciosa. Sabendo que a impunidade sempre prevalece. Por muito pouco o Ládio não estaria aqui falando a vocês. Conseguimos descobrir um plano de atentado e repercuti-lo imediatamente, com ajuda da internet, em 15 minutos, para depois retirá-lo da aldeia. Existem quatro terras prontas para serem entregues, com estudos concluídos. Mas não são”.
“Ficamos à beira da estrada porque o povo guarani, seguindo suas lideranças, sua espiritualidade, entende que agora é hora de retornar às terras originais, onde estão enterrados nossos antepassados. Nós temos essa relação com a terra, para nós ela é sagrada e não se trata de dar esse ou aquele pedaço, pra nos deixar cercados de soja, de boi, de cana, com os rios contaminados”, finaliza o cacique Ládio Veron, herdeiro visível e palpável de mais de 500 anos de sangria.
Leia mais:

Mato Grosso do Sul assumiu “luta anti-indígena” como política de Estado  – Entrevista com o antropólogo Egon Heck, do Cimi-MS.

viernes, 16 de diciembre de 2011

17 de Diciembre: Día X por el Xingú movilizará a todo el país contra hidroeléctrica de Belo Monte

Camila Queiroz
Periodista de ADITAL
Adital
Este sábado (17), el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVS) organiza el Día X por el Xingú – Día de lucha contra Belo Monte. La movilización se realizará en la ciudad de Altamira, en el estado de Pará, donde las obras de la hidroeléctrica ya comenzaron, y en nueve capitales brasileras –Belém, San Pablo, Río de Janeiro, Cuiabá, Manaus, Salvador, Porto Alegre, Curitiba y Campinas.
Uno de los focos de los protestas va a ser la campaña Belo Monte: ¡con mi dinero no!, lanzada la última semana por el Movimiento Xingú Vivo para Siempre para presionar a los bancos a no participar en el financiamiento de la usina.

En Altamira, los manifestantes se concentrarán frente a la Feria Grande de la Ciudad, lugar de bastante circulación los días sábados. Desde allá, irán marchando y denunciando las violaciones causadas por Belo Monte contra los pueblos de la Amazonia. Participarán profesores y estudiantes de la Universidad Federal de Pará (UFPA), prelacía del Xingú, Evento Comunitario por la ciudadanía, sindicatos, movimiento negro y movimiento de agricultores.
La coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre, Antonia Melo, destaca que la marcha tendrá el papel de formación política de la población, denunciando la situación actual de Altamira –que ella caracteriza como de "caos”–, y también alertando sobre nuevos ataques del gobierno.
"Más de 60 represas están programadas hasta 2020, en todos los ríos de la Amazonia. Sólo Belo Monte va a tener un complejo de cuatro o cinco represas, con capacidad instalada para producir 11 mil MW, pero sólo producirá 4MW durante tres o cuatro meses, y el resto del año, en meses de sequía del río, casi nada”, se alerta.
Durante la noche, a partir de sábado, el Movimiento Xingú Vivo realizará una exhibición de videos en apoyo al Movimiento Gota D’Agua, en el que artistas explican las razones para contraponerse al megaproyecto de Belo Monte. Las sesiones se realizarán en la Orla do Cais, uno de los lugares con más movimiento en Altamira en esta época del año.
La lucha contra Belo Monte cuenta también con el apoyo de las redes sociales. "Las redes sociales son fundamentales, principalmente en las capitales, donde cuentan muy fuerte para la articulación. Es mucha presión, discurso y expresión popular en defensa de la vida”, celebra la militante.
Para los manifestantes que vayan a participar en las marchas de las capitales brasileras, el Movimiento Xingú Vivo para Siempre pone a disposición, en su sitio (www.xinguvivo.org.br/2011/12/13/manifestacoes-contra-belo-monte-acontecem-em-sete-estados-esta-semana), sugerencias de materiales –panfletos, banners y pancartas.

Caos

Ésta es la palabra utilizada por Antonia para describir la situación en Altamira después del comienzo de las obras de Belo Monte. La ciudad ya alberga a casi 200 mil personas, más del doble de la población de 2009, cuando el gobierno comenzó a propagandizar las "bondades” de Belo Monte y el número pasó a 90 mil habitantes.
Según la activista, los órganos de atención a la población no pueden atender la demanda, principalmente la de Salud y de Seguridad Pública. "El contingente policial es muy pequeño para atender a todas esas personas, y además, a nueve municipios de la región”, cuenta. Una muestra de ello es el aumento significativo del número de homicidios y de casos de violencia sexual contra niñas/os y adolescentes.
En la Salud, faltan camas y no es posible realizar exámenes médicos. "Las personas están muriendo sin atención”, relata. También el sistema de saneamiento básico enfrenta problemas y el agua continúa sin tratamiento.
Otra situación ya prevista por los movimientos sociales es la especulación inmobiliaria, que aumentó el alquiler en un 500%, así como el precio de las tierras, imposibilitando la compra de terrenos por las personas que fueron indemnizadas por el gobierno. Norte Energía, consorcio responsable de la construcción de Belo Monte, no hizo el reasentamiento de ninguna familia, según ella denuncia.
En la región de Volta Grande, donde viven dos grandes comunidades indígenas, el curso del río se desviará, dejando 100 km prácticamente secos. Mientras tanto, el ruido en los obradores afecta profundamente a las familias.
"Las personas que todavía están allí sufren por el ruido día y noche, constantes explosiones de dinamita. Ancianos y niños no tienen sosiego, están estresados y enfermos. ¿Dónde está el respeto a los derechos humanos que el gobierno prometió? Es como dijeron los 80 obreros despedidos por Norte Energía: ‘Belo Monte es una ilusión’”, remata.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas


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