¿Cuánto valen los derechos humanos para Vale?

La Federación Internacional de Derechos Humanos, Justicia Global y la Red Justicia en los Rieles (Justiça nos Trilhos) publican un informe de estudio de impacto sobre derechos humanos, reseñando los testimonios de las comunidades afectadas y haciendo un llamado a la segunda empresa minera más grande del mundo, Vale, así como a sus socios en la industria siderúrgica, para que pongan fin a la contaminación ambiental en las comunidades del estado de Maranhāo en Brasil. Descargar resumen del informe en español - PDF – 408.8 KB

¿Cuánto valen los derechos humanos en la industria minero-siderúrgica brasileña?

http://www.fidh.org/Cuanto-valen-los-derechos-humanos-en-la-industria

18 de mayo de 2011

Durante más de veinte y diez años respectivamente, las comunidades de Piquiá de Baixo y del asentamiento California en Açailândia, estado de Maranhāo, han sufrido la contaminación generada por la industria siderúrgica y carbonera que opera en su patio trasero. Además de las compañias siderúrgicas y carboneras responsables de los daños en los casos investigados, la ex empresa estatal Vale es un actor crucial en este proceso. Siendo el mayor protagonista en el proyecto de la Gran Carajás (elaborado cuando Vale aún era una empresa estatal), Vale extrae el mineral de hierro en Carajás, lo transporta a lo largo de más de cien kilómetros de ferrovía hasta el estado de Maranhāo, donde vende una parte a las compañias siderúrgicas antes de transportar el hierro transformado para la exportación.

El Informe analiza los impactos de la industria minera y siderúrgica sobre la salud y el ambiente de las comunidades, destacando otro aspecto de los proyectos de desarrollo. Mientras muchos pobladores se instalaron en la zona unos años atrás en busca de mejores condiciones de vida, se desengañaron pues padecen a diario la contaminación ambiente. Adicionalmente, las conclusiones del Informe subrayan las dificultades para acceder a la información relacionada a los estudios de impacto ambiental y para obtener reparación ante la justicia, así como el hostigamiento moral y judicial que enfrentan los defensores de derechos humanos que denuncian los impactos negativos de las actividades de Vale.

Una semana antes de que el Sr. Murilo Ferreira asuma sus nuevas funciones en la calidad de director ejecutivo de Vale, nuestras organizaciones solicitan a Vale y a sus socios que garanticen la reparación inmediata a las comunidades afectadas e incluso su reubicación cuando sea necesario, y dirige una serie de recomendaciones a las empresas así como a las autoridades gubernamentales, los inversionistas y los compradores, con miras a prevenir las futuras violaciones de derechos humanos, mientras se adelantan negociaciones para la expansión de la ferrovía Gran Carajás.

En la ocasión de una misión internacional de cabildeo llevada a cabo en Brasil del 16 al 23 de mayo, la FIDH, Justicia Global y la Red Justicia en los Rieles, acompañadas por representantes de las comunidades afectadas, presentarán el informe y debatirán acerca de sus recomendaciones con las autoridades y los representantes de las industrias. Ya que la responsabilidad de las empresas en el respeto de los derechos humanos está reconocida a nivel internacional, la FIDH, Justicia Global y la Red Justicia en los Rieles esperan que todos los actores involucrados tomarán medidas concretas para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos vulnerados por esta industria.

Roces entre Brasil y la OEA

La OEA (Organización de Estados Americanos), en nombre de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en carta al gobierno brasileño a comienzos de abril, solicita la suspensión inmediata de la concesión de un complejo hidroeléctrico en Belo Monte, en el Pará, pues dicha obra presenta serios riesgos para los pueblos indígenas que habitan en la región del río Xingu.

 

Al gobierno de Dilma no le gustó el tirón de orejas. Y ordenó al palacio de Itamaraty escribir una nota “a la altura”, manifestando su perplejidad. El ministro Patriota, de Relaciones Exteriores, calificó de “precipitadas e injustificables” las recomendaciones de la CIDH.

 

Según la OEA las comunidades indígenas de la región no fueron oídas con respecto a la obra; una vez más los caras-pálidas creen saber lo que es bueno para los pieles rojas… Esa arrogante convicción ya ha provocado el genocidio de millones de indios a lo largo de cinco siglos en América Latina. En nombre del progreso se sacrifica a nuestros pueblos originarios.

 

La OEA defiende el derecho de los indígenas del Xingu a tener acceso al Estudio de Impacto Social y Ambiental del proyecto de Belo Monte. Y exige que sean tomadas medidas “vigorosas e inclusivas” para proteger la vida y los derechos de las naciones indígenas.

 

Al comenzar la construcción del complejo millares de personas en busca de trabajo se dirigirán a esa región, con el peligro de que lleven consigo epidemias, alcoholismo y prostitución a los indios, además de los desequilibrios ambientales que la hidroeléctrica puede causar.

 

El gobierno brasileño acaba de firmar en Ginebra una resolución de la ONU para investigar la violación de los derechos humanos en Irán. Pero se siente incómodo cuando la OEA decide hacer lo mismo en el Brasil. Dos pesos, dos medidas.

 

¿Y si el gobierno de Dilma decide ignorar la petición de la OEA? Pues corre el peligro de ser juzgado por la CIDH y en última instancia puede ser expulsado de la OEA. Aunque esto no suceda, la imagen de nuestro país quedaría perjudicada en el escenario internacional. Sobre todo en el momento en que el gobierno de Dilma marca diferencias con el gobierno de Lula y enfatiza que, en política externa, los derechos humanos tendrán prioridad y no los intereses económicos. (¿Esto incluye a la China?).

 

¿Qué es lo “injustificable y precipitado”: la advertencia de la OEA o la construcción de la hidroeléctrica en Belo Monte? ¿Por qué esa resistencia a consultar a los pueblos indígenas del Xingu? ¿Por qué el Ministerio Público del Pará entró en la Justicia con diez acciones contra Belo Monte?

 

Progreso no es hacer obras en detrimento de comunidades y ecosistemas. Hay que cambiar el paradigma del lucro en favor de la calidad de vida de la población. Si eso no ocurre, nuestras ciudades continuarán siendo amontonamientos de autos -pues la industria automotora paga grandes tributos al gobierno- sin que se le ofrezca a la población un transporte colectivo de calidad, como el metro.

 

Frei Betto es escritor, autor de “Conversación sobre la fe y la ciencia”, junto con Marcelo Gleiser y Waldemar Falcão, entre otros libros. http://www.freibetto.org/>    twitter:@freibetto.

 

Copyright 2011 – Frei Betto - No es permitida la reproducción de este artículo por cualquier medio, electrónico o impreso, sin autorización. Le invitamos a que se suscriba a todos los artículos de Frei Betto; de este modo usted los recibirá directamente en su correo electrónico. Contacto – MHPAL – Agência Literária (mhpal@terra.com.br )

 

Traducción de J.L.Burguet

http://alainet.org/active/46836

Asesinado otro defensor de la Amazonía, el tercero esta semana

Un líder local que había denunciado la acción de madereros ilegales, Adelino Ramos, conocido como Dinho, fue asesinado el viernes en el estado amazónico de Rondonia en Brasil, sumándose a otros dos defensores de la Amazonía muertos a tiros esta semana, informó la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica.

Dinho había denunciado la acción de madereros en la región amazónica fronteriza entre los estados brasileños de Acre, Amazonia y Rondonia, y había sido amenazado de muerte, según el comunicado de la Pastoral.

Fue asesinado a tiros por un motorista cuando vendía vegetales producidos en el campamento donde vivía, muy cerca de donde lo esperaban la esposa y dos hijas.

Los ministros de la Secretaría de la Presidencia y de Derechos Humanos, Gilberto Carvalho y Maria do Rosario, respectivamente, emitieron un comunicado pidiendo una rigurosa investigación policial.
El martes fueron asesinados a tiros en el también amazónico estado de Pará José Claudio Ribeiro da Silva y su esposa Maria do Espírito Santo da Silva, integrantes de un grupo de defensa de los colectores de latex y que también habían sido amenazados de muerte por denunciar la deforestación local.

La presidenta, Dilma Rousseff, ordenó la investigación rigurosa del caso.

Tras cinco años de reducción consecutiva del ritmo de deforestación en la Amazonía, esta volvió a aumentar en los últimos meses, coincidiendo con la expectativa de que el Congreso apruebe una reforma del Código Forestal, la ley que protege los bosques del avance de la agropecuaria y otros usos de los bosques. La reforma ya fue aprobada el martes por la Cámara de Diputados.
http://www.olca.cl/oca/brasil/amazonia018.htm

Congreso brasileño otorga la impunidad a los deforestadores de la Amazonia

Brasil otorga la impunidad a los deforestadores de la Amazonia
El Congreso aprueba una amnistía que la presidenta Rousseff considera una "vergüenza" para el país - Victoria del sector campesino sobre el ecologismo

De poco ha servido que la semana pasada el Gobierno de Brasil hiciese público un alarmante aumento de los niveles de deforestación del Amazonas. Sacudido por una fuerte polémica, el Congreso aprobó en la noche del martes, por aplastante mayoría, una reforma del Código Forestal brasileño que establece una amnistía general para todos aquellos que incurrieron en delitos contra la vegetación hasta 2008. La nueva normativa también incluye la ampliación de las áreas de uso agropecuario susceptibles de tala y, en general, una flexibilización de las normas medioambientales. La presidenta Dilma Rousseff, que durante su campaña electoral prometió que su Gobierno no consentiría ninguna amnistía en beneficio de los deforestadores, ha calificado la medida aprobada de "vergüenza para Brasil" y ha adelantado que vetará su entrada en vigor.

Una vez más ha quedado claro quién manda en Brasil cuando los intereses de los latifundistas están en juego. Los resultados de la votación de la controvertida reforma del Código Forestal hablan por sí solos: 410 votos a favor y 63 en contra. 273 diputados a favor y 187 en contra de la enmienda que contempla la amnistía para los delitos de deforestación cometidos hasta 2008. "Brasil se va a dormir con la noticia de que la mayoría de nuestros diputados aprueba el asesinato de nuestros bosques", reaccionó nada más conocerse el resultado de la votación Paulo Adario, director de la campaña Amazonas de Greenpeace.

Ante la andanada urdida en el Congreso contra la actual política medioambiental brasileña, la presidenta Rousseff presionó a todos los niveles, sin éxito, para atrasar la votación del nuevo Código Forestal. De poco sirvieron las reuniones de último minuto con los exministros de Medio Ambiente de los últimos Gobiernos, todos frontalmente en contra de la medida, o los contactos desesperados con los líderes de los grupos parlamentarios aliados al Ejecutivo, mayoritariamente a favor de dar luz verde. El todopoderoso sector agropecuario brasileño tiene bajo control la Cámara baja a través de una tupida red de apoyos en los partidos mayoritarios, incluido el gubernamental Partido de los Trabajadores (PT). Más que nunca ha quedado al descubierto el poder de presión que sigue teniendo el campo brasileño en los despachos de Brasilia.

Una vez superada la primera prueba de fuego, el nuevo Código Forestal tendrá que recibir las bendiciones del Senado. Es posible que en el camino sufra alguna modificación, ya que Rousseff ha dejado clara su intención de vetar su entrada en vigor si el texto sigue contemplando la polémica amnistía y otras medidas que contribuyen al aumento de la deforestación.

La Constitución brasileña otorga al presidente la capacidad de vetar total o parcialmente un proyecto de ley si consigue probar que colisiona con el interés general del pueblo. Curiosamente, el ponente y abanderado de la reforma es el diputado Aldo Rabelo, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB). El bloque ruralista que lo ha secundado engloba casi todo el arco parlamentario, salvo el Partido Verde (PV) de la exministra de Medio Ambiente Marina Silva, y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Ambas agrupaciones han sido las únicas que han rechazado la reforma en bloque.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, la amnistía que está a un paso de entrar en vigor condonará una deuda de hasta 10.000 millones de reales (más de 4.300 millones de euros) en multas por delitos ambientales cometidos hasta 2008. Los cálculos de Greenpeace son aun más dramáticos: 86 millones de hectáreas de selva quedarán sin protección y podrán ser deforestadas legalmente si la nueva normativa sale adelante. Esta superficie supera con creces a toda la vegetación que ya se ha destruido en la historia de la Amazonia.

La lógica de la amnistía implica que los condenados por delitos medioambientales podrán eludir el pago de las sanciones regularizando sus propiedades en un plazo aún indefinido. El nuevo código también abre la puerta a que los pequeños productores (propiedades de entre 20 y 400 hectáreas) no tengan que reforestar las áreas taladas ilegalmente en el pasado. Asimismo, da vía libre a la plantación de caña, café y otros cultivos en las laderas y cimas de los cerros, a la disminución de las áreas protegidas en las márgenes de los ríos y a la descentralización de la aplicación de esta normativa. Según los grupos ecologistas, la historia de Brasil muestra que las autoridades regionales y locales son mucho más propensas que el Gobierno Federal a la corrupción en la gestión de este tipo de leyes medioambientales que tropiezan con los intereses del agronegocio.

Las imágenes del Congreso tras la controvertida votación resultaron inquietantes: decenas de diputados abrazándose eufóricos y haciendo la señal de la victoria.

Esa misma mañana, Brasil se despertaba con la noticia del asesinato a tiros del líder medioambiental Joao Claudio Ribeiro da Silva y su esposa, ambos activistas por la preservación del Amazonas. Da Silva había denunciado que sufría amenazas de muerte por parte de madereros y ganaderos del Estado amazónico de Pará, donde vivía. Los mismos que probablemente brindaron tras la aprobación del nuevo código.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Brasil/otorga/impunidad/deforestadores/Amazonia/elpepisoc/20110526elpepisoc_4/Tes

Brasil embala para su envío a Francia uranio bloqueado por manifestantes

La estatal Industrias Nucleares de Brasil (INB) comenzó a embalar en tambores de seguridad y para su envío a Francia, en donde será enriquecido, las cerca de 90 toneladas de concentrado de uranio que eran bloqueadas por manifestantes en la ciudad de Caetité.

El material, tras ser desbloqueado gracias a un acuerdo con los habitantes de Caetité, comenzó a ser acondicionado en la tarde del miércoles en tambores apropiados para su transporte marítimo y será enviado a Europa para su enriquecimiento, informó la empresa en un comunicado.

El concentrado de uranio había sido enviado desde Iperó, municipio en el interior del estado de Sao Paulo y en donde la estatal tiene instalaciones industriales, pero el convoy de nueve camiones fue interceptado antes de entrar a la ciudad por cerca de 2.000 manifestantes de Caetité, en donde la empresa tiene sus principales minas de uranio.

El bloqueo se registró el 15 de mayo pasado ante el temor de los habitantes de Caetité de que la empresa estuviese enviando a la ciudad residuos nucleares radiactivos en lugar de concentrado de uranio.

La información de que se trataba de "basura atómica" fue divulgada por organizaciones ecologistas y sindicales de Caetité que organizaron la protesta y el bloqueo.

Tras varios días de negociaciones y luego de que las Industrias Nucleares de Brasil demostrara que el material transportado era tan inofensivo como el uranio extraído en Caetité los manifestantes permitieron el paso del convoy el viernes pasado.

"La INB y la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN, órgano regulador) comprobaron que se trataba de un producto semejante al que la empresa produce en Caetité", según el comunicado de la estatal.

El órgano regulador, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, aclaró que el transporte del material cumplía las normas previstas para el caso y que, tal como lo establece la ley, la policía local había sido informada sobre la llegada del convoy.

Tras ser abierto en presencia de fiscales del CNEN y del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, el material comenzó a ser transferido de los barriles en que estaba, antiguos y pequeños, a nuevos tambores mayores que cumplen las exigencias internacionales para el transporte de uranio.

El proceso durará al menos diez días, por lo que la carga apenas podrá ser enviada a Francia en junio.

El uranio, tras ser enriquecido en Europa, será importado de nuevo para ser usado como combustible de las dos plantas nucleares de generación eléctrica que Brasil tiene en la ciudad de Angra dos Reis.(Xinhua)
27/05/2011
http://spanish.peopledaily.com.cn/92122/7393160.html

Amazonia: Innovaciones y dramas del súbito progreso hidroeléctrico

Por Mario Osava, enviado especial

	Mutum-Paraná en trance de convertirse en poblado fantasma.  Crédito: Mario Osava/IPS

PORTO VELHO, Brasil, may (Tierramérica) - El poblado amazónico de Mutum-Paraná, en el estado brasileño de Rondônia, está desapareciendo. Sus últimos inmuebles han de ser desmantelados antes de que las aguas del embalse hidroeléctrico de Jirau, en el río Madeira, lo cubran todo.

Uno de los habitantes ocasionales de Mutum-Paraná, Francislei Araujo da Silva, sintetiza un modo de vida local que también se extingue ante los cambios radicales y repentinos que provoca la construcción de dos hidroeléctricas en el mismo río, Jirau y Santo Antônio, alejadas solo 120 kilómetros una de la otra, en el noroeste del país.

"Vivo en esta área desde 1989", dijo Silva a Tierramérica. Sus fuentes de ingreso son la minería, la pesca y la extracción de frutas amazónicas, como el açaí y la castaña, cuando no está prestando servicios de taxi entre ciudades y poblados del oeste de Rondônia.

Mutum-Paraná, fundado hace un siglo cuando el caucho natural hacía prosperar la Amazonia, creció luego como punto de apoyo del "garimpo" ‒la minería artesanal del oro y la casiterita, de la que se obtiene estaño‒ que se desarrolló en las tres últimas décadas. La actividad aseguraba pasajeros para el taxi de Silva.

Pero ante la inminencia de la inundación, la mayoría de los 2.000 habitantes del poblado fueron reasentados en Nueva Mutum, un conjunto de 1.600 casas y edificios públicos y comerciales que construyó el consorcio Energia Sustentável do Brasil (ESBR), a cargo de la obra de Jirau y cuyo principal accionista es la corporación francesa GDF Suez.

Silva no fue reconocido como habitante con derecho a optar entre una indemnización o una nueva casa, pues en los días en que se hizo el padrón de la población "estaba afuera, con el taxi en Porto Velho", la capital de Rondônia, a 168 kilómetros de Mutum-Paraná, explicó.

Él reconoce que no tenía residencia fija, "a veces dormía en el auto o en una posada", pero reclama en la justicia el resarcimiento que recibieron otros pobladores, ya que hizo su vida aquí durante más de 20 años. Además, quiere indemnización por un predio que dice tener del otro lado del río y que resultará inundado, y por el mercado de pasajeros que perderá como taxista.

Cuando exista el embalse, el garimpo sólo se podrá sostener con nuevas tecnologías y dragas más grandes, señaló Luiz Medeiros da Silva, gerente de socioeconomía de ESBR, que coordina programas para compensar a los desalojados y mineros, educación ambiental y proyectos que quedarían como legado para el futuro.

Jirau y Santo Antônio constituyen innovaciones en Brasil. Sus turbinas bulbo exigen poca caída de agua para funcionar y, por tanto, embalses menores. Jirau inundará 258 kilómetros cuadrados, una superficie pequeña comparada con represas similares, pues tendrá una capacidad de generar entre 3.300 y 3.750 megavatios.

Los desalojos rurales implicaron sólo 316 procesos, por la baja densidad de población. La mayoría optó por indemnizaciones, mientras 30 reclamaron el reasentamiento. La central Foz do Chapecó, que inundó 79,2 kilómetros cuadrados en el sur del país, implicó el desplazamiento de casi 2.500 familias, comparó Anderson Imolesi, encargado de reasentamiento rural de Jirau.

Los afectados en la zona del río Madeira, además de ser pocos, "no tienen perfil agrícola, son ribereños" que también practican el garimpo y la pesca, observó.

En su opinión, los asistidos se pueden considerar privilegiados. Además de una casa en Nueva Mutum, cada grupo familiar obtuvo un predio de 15 hectáreas para sembrar y una reserva forestal de 60 hectáreas de donde pueden extraer frutas, cumpliendo una exigencia legal.

Además, ESBR promueve una experiencia piloto, combinando piscicultura y horticultura orgánica, que podría abrir alternativas sustentables e ingresos para los reasentados rurales.

El proyecto prevé dos hectáreas de tanques para criar un pez amazónico, el tambaqui (Colossoma macropomum) y ocho hectáreas de huertos, maíz y tubérculos, regadas con el agua residual de la piscicultura que es rica en nutrientes.

La meta es producir 20 toneladas de pescado el primer año, 30 en el segundo y 40 toneladas en el tercer año, señaló Olga Torres, técnica del Instituto Pro Natura que conduce la iniciativa para Jirau. La unidad está planificada para 15 familias que podrán así ampliar sus ingresos.

La capacitación y ejecución, en ciclos de seis a ocho meses, pretende desarrollar un modelo que se pueda aplicar en otras comunidades, añadió Torres. Además, el grupo hará reforestación, recuperando especialmente la vegetación en las orillas de los ríos.

Ese y otros proyectos apuntan a dejar algún legado económico cuando terminen las obras de la hidroeléctrica y desaparezcan por ende miles de empleos en la construcción y el ensamblaje de la planta generadora.

Con ese fin, se encargó el diseño de un plan de desarrollo local a un equipo de la Fundación Getulio Vargas ‒institución de enseñanza superior e investigación de la sureña São Paulo‒ que incluiría un polo industrial vecino a Nueva Mutum, para el cual se dispone de tierras, anunció Medeiros da Silva. Una empresa fabricante de equipos hidromecánicos ya decidió instalarse allí.

Pero, pese a los esfuerzos, no hay forma de mitigar los impactos avasalladores de un megaproyecto como Jirau en un ambiente tan vulnerable. La construcción simultánea y cercana de dos centrales hidroeléctricas agravan las consecuencias.

Hay "indicios serios" de que los indígenas quedarán aislados en el área de influencia de las represas, hecho que exigía estudios previos a las obras, destacó Israel do Vale, coordinador general de la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé, con sede en Porto Velho.

Rondônia tiene 52 etnias indígenas que hablan 30 lenguas diferentes y soportan los graves efectos que desató la rápida ocupación agrícola de su territorio a partir de la década de 1970. Con Jirau están afectados los territorios de dos grupos, karitiana y karipuna, acotó.

"No se cumplieron las medidas condicionantes que las empresas debieron ejecutar también antes de las obras, para asegurar condiciones de supervivencia a los indígenas", se quejó.

El Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués) protesta por la falta de diálogo de ESBR, que contrasta con la actitud de los constructores de Santo Antônio, que aceptaron la negociación y las sugerencias sobre cómo asentar a una comunidad.

De todas formas, los dos consorcios solo reconocen como afectados a los que sufren la inundación del embalse, y excluyen a la población alcanzada por cambios indirectos, como la pérdida de medios de vida, de acceso al transporte o a las escuelas, criticó Ocelio Muniz, coordinador del MAB en Rondônia.

Muniz estima que 10.000 familias verán alteradas de algún modo sus formas de vida por las dos hidroeléctricas. Santo Antônio admite que ese impacto llegará sólo a 1.621 grupos familiares, y Jirau, a muchos menos.

* Este artículo fue publicado originalmente el 21 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98245

Preocupante deforestación del Amazonas

Perdió en un sólo mes unos 600 km² de selva
La deforestación de la selva amazónica de Brasil se ha multiplicado por seis desde el año pasado, según revelan las imágenes satelitales del gobierno brasileño. Esas fotografías muestran que entre marzo y abril del 2011 se destruyeron 593 kilómetros cuadrados de bosque, frente a los 103 arrasados en los mismos meses del año anterior.

Preocupa el impacto ambiental.

La zona más afectada es el estado de Mato Grosso, centro de las plantaciones de soja de Brasil. La mayor parte de la destrucción se ha producido como consecuencia de la quema de grandes extensiones de bosque por parte de agricultuores para el cultivo de soja y algodón. 

Las cifras se conocen en medio de un intenso debate en el parlamento brasileño, que debe decidir sobre una posible flexibilización de las normas de protección ambiental. 

La ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, aseguró que las recientes imágenes "han hecho sonar la voz de alarma" para las autoridades. El ministerio anunció en un comunicado la creación de un "gabinete de crisis" para "evitar la tala ilegal" y evaluar la respuesta ante esta situación. "Nuestro objetivo es reducir la deforestación en julio", dijo la ministra en una conferencia de prensa. 

Las analistas creen que los datos han pillado por sorpresa al gobierno. El pasado mes de diciembre, un informe gubernamental apuntaba que la deforestación en el bosque amazónico había caído a los niveles más bajos en los últimos 22 años. 

En los años 2009 y 2010, la destrucción de bosque fue de 6500 kilómetros cuadrados. En la década de los 90 llegó a superar los 29.000 kilómetros cuadrados anuales. Sin embargo, los últimos datos muestran que entre agosto de 2010 y abril de 2011 se ha producido un aumento de la tala del 27%. 

Cambios en la normativa. El Congreso de Brasil sostiene un acalorado debate sobre la posibilidad de modificar la legislación para la protección del bosque. Se espera que el asunto se lleve de nuevo a la cámara baja a lo largo de esta semana. 

El Código Forestal de Brasil, aprobado en 1934 y modificado en 1965, establece la cantidad de tierra que puede deforestar cada agricultor. 

La normativa actual obliga a que el 80% de las posesiones de terreno en la selva amazónica se mantengan como bosque, pero esa cifra desciende hasta el 20% en otras zonas. 

Aquellos que defienden un cambio aseguran que la ley impide el desarrollo económico y sostienen que Brasil debe permitir el uso de más tierras para la agricultura. 

Sin embargo, los que rechazan esa modificación temen que, en su forma actual, algunos de los cambios propuestos se conviertan en una forma de amnistía para la deforestación que llevan a cabo los agricultores. 

La propuesta de flexibilizar la normativa fue impulsada por el líder del Partido Comunista de Brasil (PCdoB, por sus siglas en portugués) y en el Congreso cuenta con el apoyo de un grupo llamado "ruralistas" que buscan el desarrollo del sector agroindustrial del país.
http://www.diariopanorama.com/seccion/el-mundo_17/preocupante-deforestacion-del-amazonas_a_91402