Como antesala de la próxima Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, Río de Janeiro se prepara para ser sede, entre el 20 y el 22 de junio, de una nueva Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Pero, ¿qué está en juego en Río+20? ¿cuáles son las propuestas oficiales, las presiones corporativas y las demandas desde la sociedad civil? ¿quiénes son los actores principales, los secundarios y los ocultos? ¿quiénes tienen realmente el poder? Es necesario algo de historia para entender cómo se llega a esta nueva Cumbre de la Tierra.
ESTOCOLMO ’72
La fiebre del crecimiento económico de postguerra, expresada en la intensificación de la industrialización y el extractivismo en la segunda mitad del siglo XX, llevaron a las naciones del norte global a experimentar fenómenos de contaminación transfronteriza que por primera vez concibieron como problemáticas necesarias de ser debatidas y enfrentadas, no de manera particular y aislada, sino como cuestiones globales, en el seno de las Naciones Unidas.
Por cierto, los impactos sociales y ambientales generados, desde las épocas coloniales, por los estados o empresas de los países industrializados en los países del sur global, ya sea por procesos de contaminación local o depredación, nunca fueron, hasta hoy, concebidos como una cuestión global digna de ser debatida internacionalmente.
Puede o no ser casualidad que, habiendo sido la contaminación del Mar Báltico por emisiones lejanas una de las más notorias y evidentes situaciones de crisis ambiental global, la primera Convención de Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano se realizó en Estocolmo en junio de 1972.
Estocolmo ’72 fue también escenario de la primera cumbre paralela impulsada por organizaciones ambientalistas, dominadas entonces por las conservacionistas que tenían expresión principalmente en los países del norte, como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN, 1948), The Nature Conservancy (TNC, 1951) y el Fondo Mundial para la Vida silvestre (WWF, 1961). Surgían también organizaciones con un prisma más político, como Amigos de la Tierra (1969), fundada por un director del antiguo Sierra Club (1892), molesto por la debilidad de su rechazo a la energía nuclear.
Chile, como buena parte de América Latina, se mantenía ausente de estos debates globales emergentes, inmerso en la agitación política que lo sacudía entre el progresismo socialista y la reacción de la derecha económica. Esta saldría finalmente victoriosa a punta de golpes militares, y, sobre la base de esta misma fuerza militar, sentaría las bases para imponer en nuestro país un modelo sin precedentes en cuanto al sometimiento de los bienes comunes (sociales y naturales) al poder del mercado.
No obstante, las problemáticas y las organizaciones ambientales no habían sido del todo inexistentes en el escenario nacional. En 1968 nacía la primera ONG ecologista, el Comité pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), como respuesta a conflictos de contaminación urbana y las amenazas sobre ecosistemas y especies en peligro. Los parques nacionales comienzan a evolucionar desde “areas de interés ambiental” hacia el de “lugares de conservación y preservación de los ecosistemas de importancia nacional”.
A comienzos de los años 70, ya se empezaban a hacer sentir voces de comunidades afectadas por la contaminación industrial, como el -ahora, amplificado- caso de Puchuncaví, cuyos agricultores campesinos y pescadores artesanales ya reclamaban por el impacto de las flamantes fundición de cobre (entonces de ENAMI) y planta termoeléctrica de Ventanas, entonces ambas estatales. Cuentan que el gobierno de la Unidad Popular había encargado a Rumania una planta de ácido sulfúrico para mitigar las emisiones de dióxido de azufre de la fundición, y que tuvo que devolverse en pleno viaje debido al golpe militar.
A Estocolmo la sucedieron, durante los ’70, una serie de conferencias mundiales sobre “cuestiones globales”: población, alimentación, asentamientos humanos, agua, desertificación, ciencia y tecnología, etc, que avanzaban a la nueva concepción de un sistema global interrelacionado, operando bajo restricciones comunes.
Las iniciativas políticas de los gobiernos se vieron acompañadas de una creciente producción bibliográfica que relaciona el desarrollo socio-económico y la ecología, que tiene un hito en “Los Límites del Crecimiento”, del Club de Roma (1972), que van orientando los consensos hacia un paradigma que fuera aceptable para las élites internacionales del desarrollo, que no cuestionara su liderazgo y, bajo una noción de ecosistemas globales, dirigiera la atención a un tercer mundo sobrepoblado e insustentable.
DESARROLLO SUSTENTABLE: ¿UN NUEVO PARADIGMA?
Luego de un escabroso camino, la política internacional produjo en 1987 el Informe de la Comisión de Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, más conocido como Brundlandt (por el apellido de la ex-primera ministra noruega que lo dirigió), dando a luz al paradigma del “desarrollo sustentable” (o “sostenible”), que incorpora la variable ambiental y de la disponibilidad de recursos naturales en el largo plazo, no como una responsabilidad ética, sino como parte de una estrategia de aseguramiento del crecimiento futuro.
Así como alrededor de 1970 el “crecimiento con equidad” (que llegaría a Chile recién el 2000 como slogan de campaña presidencial) había sido el concepto para reinventar el desarrollo: Más desarrollo para eliminar la pobreza (que se intensifica con el desarrollo); ahora el “desarrollo sustentable” era la nueva piedra filosofal: Más desarrollo, para eliminar la pobreza, que impide el uso sostenible de los recursos.
Las evaluaciones retrospectivas de personalidades del ambientalismo nacional e internacional sobre el desarrollo sustentable y su vigencia no son generosas. Para el destacado Ingeniero Agrónomo Nicolo Gligo, Director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la U. de Chile y Coordinador del Informe sobre el Estado del Medio Ambiente de Chile, “el famoso paradigma del desarrollo sustentable no tiene ninguna validez. Desarrollo sustentable tiene tantas interpretaciones como voluntades políticas para manejar el medio ambiente. (..) Es una trampa semántica como otras que ya se hacen frecuentes en la temática ambiental, y donde desafortunadamente, tropiezan muchos ciudadanos”.
Para Nnimmo Bassey, presidente de Amigos de la Tierra Internacional y Premio Nobel Alternativo 2010, “el desarrollo sostenible se ha convertido en un oxímoron, una contradicción de términos. (..) Lo que se ha buscado es la acumulación sostenible de los beneficios, el poder militar y los derechos de explotación acelerada de los ecosistemas y los pueblos vulnerables.”
RIO’92
De este modo, pasando sobre los escombros del muro de Berlín, se llegó a la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también llamada Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, que congregó a representantes de 178 gobiernos (125 jefes de Estado) y unos 400 representantes de ONG, que se suman a unas 17 mil personas que participaron en el Foro Paralelo a la cumbre.
La Cumbre de la Tierra emitió la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que aclara el concepto de desarrollo sustentable y establece principios para su impulso. Allí se adopta la llamada Agenda 21, que establece recomendaciones para alcanzar el desarrollo sustentable en múltiples ámbitos, como la salud, la vivienda, la contaminación del aire, la gestión de los mares, bosques y montañas, la desertificación, la gestión de los recursos hídricos y el saneamiento, la gestión de la agricultura, la gestión de residuos.
Asimismo, en Rio ’92 se aprobó la Declaración sobre los Bosques, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre el Cambio Climático, que más adelante llevó a la firma del Protocolo de Kyoto (1997).
Nícolo Gligo evalúa que “la Agenda 21 fue tan amplia y genérica que se convirtió en un instrumento inútil. (..) No obstante, algunas convenciones como la referida a la capa de ozono derivaron en políticas específicas que se tradujeron en importantes avances para disminuir los efectos de las sustancias contaminantes.”
Bassey afirma que “los acuerdos de la Cumbre de la Tierra han sido sistemáticamente subvertidos y negados. Durante los últimos 20 años el sistema global ha sido en gran parte privatizado y los bienes comunes se han reducido debido a estas presiones. La Agenda 21 se convirtió en un tabú para las fuerzas del capital.”
Efectivamente, habiéndose dotado al crecimiento económico de un sello ambiental, comenzó el traspaso masivo de recursos e instrumentos para el manejo ambiental desde el ámbito público hacia el ámbito de decisión de las corporaciones privadas y las instituciones financieras internacionales (IFIs), encauzadas en la vía de las reformas estructurales y la minimización de los Estados.
¿Y QUÉ PASABA EN CHILE?
En Chile, la recuperada democracia daba sus primeros y torpes pasos, y emprendía, entre todos sus desafíos, el de actualizar las políticas públicas en aquellos temas emergentes que ya eran relevantes en gran parte del mundo.
Pero, como en otros ámbitos de la política nacional, la elaboración e implementación de políticas explícitas e instituciones para la protección ambiental, de la mano de una sociedad civil expectante y entusiasta por participar en estos temas, chocaron desde el comienzo con la mantención y preeminencia de las bases y los criterios del modelo neoliberal, que subordina las decisiones públicas al funcionamiento del mercado y los objetivos de crecimiento económico, bajo la conducción de las élites empresariales con creciente presencia multinacional.
Así, en el laboratorio neoliberal que siguió siendo Chile durante los gobiernos de la Concertación -ahora con legitimidad democrática-, la diversidad cultural y biológica, la belleza escénica, el conocimiento tradicional y los derechos de pueblos indígenas, el cuidado y acceso a bienes comunes -el agua, el aire, la tierra, las semillas- han sido valores permanentemente despreciados en beneficio de los intereses corporativos de sectores depredadores como la gran minería, la megageneración energética y la transmisión eléctrica, la industria forestal, la agroindustria, la pesca industrial y la salmonicultura, el sector inmobiliario y el retail en las ciudades. O sea, por los dueños de Chile.
La huella del “desarrollo sustentable” en Chile es una extensa herida conformada por ecosistemas destruidos y especies desaparecidas, comunidades rurales y urbanas violentadas y desarraigadas, pérdida de patrimonio natural y construido. Todo, en nombre del crecimiento y sobre la base de la desigualdad y la injusticia social.
LAS TENDENCIAS DEL AMBIENTALISMO
Conforme los Estados nacionales y las Naciones Unidas cedían soberanía –por derecho, de los pueblos- en favor de las corporaciones multinacionales y las Instituciones Financieras Internacionales, comenzó también a expresarse una divergencia que sería definitiva en el ambientalismo ciudadano.
Por un lado, un mundo de ONGs pragmáticas, que no cuestionan el funcionamiento general del sistema socio-económico y que, por el contrario, -reducidos y ausentes los Estados- se valen del capital privado y de alianzas con sus actores más poderosos para llevar adelante sus acciones, cada vez más restringidas en términos de espacios y objetos ambientales a conservar y cada vez más orientadas a la limpieza de imagen de las industrias sucias, bajo el concepto de la “responsabilidad empresarial”.
Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), premio Goldman 1995, señala que “han surgido muchos que lo que buscan es
darle un maquillaje verde a las corporaciones, o sea permitiendo que la explotación de recursos y disposición de desechos continúe como siempre, pero desarrollando algún proyecto ambiental que le dé imagen a las corporaciones”.
Las mayores exponentes de este tipo de organización son las ya mencionadas WWF, UICN y TNC, así como la fundación AVINA, asimilables hoy a grandes empresas (por sus objetivos y nivel de presupuesto) y con acuerdos de “greenwashing” con empresas multinacionales devastadoras, como la petrolera Shell o la cementera HOLCIM.
Por otro lado, se viene desarrollando un creciente movimiento internacional, constituido por organizaciones y redes que tienden a converger en la demanda por “justicia ambiental”, la que, bajo las definiciones de la ecología política, se plantean, en una posición sistémica, marcadamente anti-neoliberal, la defensa de la comunidades y los pueblos en los conflictos ambientales causados por el crecimiento económico y la desigualdad social, en los planos local, regional, nacional y global.
Aquí destacan redes como La Via Campesina, que reúne organizaciones campesinas de base de todo el mundo, con la demanda principal de la soberanía alimentaria; la federación Amigos de la Tierra Internacional, integrada por organizaciones diversas de 76 países; la red global Jubileo Sur, que bajo el lema “Nosotros somos los acreedores” relaciona la ilegitimidad de la deuda externa de los países en desarrollo con las deudas históricas, sociales y ecológicas contraídas por el mundo desarrollado con el sur global; así como organizaciones nacionales como la española Ecologistas en Acción, la ecuatoriana Acción Ecológica, y, en Chile, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
En medio, destaca GreenPeace (1971), la mayor organización ambientalista internacional, en términos de la cantidad de miembros, realiza su actividad mediante el activismo y las campañas públicas en ámbitos específicos de preocupación ambiental en el nivel nacional (en los países en que se encuentra) y global. Aunque no tiene un prisma político nítido, basa su ética organizacional en la decisión de no recibir financiamiento de empresas ni gobiernos.
COOPTACIÓN EMPRESARIAL Y DIVERGENCIAS EN LAS NACIONES UNIDAS
Durante estos veinte años, y marcadamente a partir de la inútil Rio+10 en Johannesburgo, se ha evidenciado una creciente cooptación corporativa del proceso de Naciones Unidas, lo que se ha evidenciado particularmente en las negociaciones en el marco de las Convenciones de Cambio Climático y Biodiversidad.
Esto ha sido recientemente puesto de relevancia por los movimientos sociales, mediante una declaración, firmada por miles de organizaciones, en que expresan: “el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas comienza con las palabras “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos” (..) sin embargo, los intereses de las empresas amenazan con tomar precedencia en la ONU por encima de las voces de los pueblos”.
Como pruebas, la declaración destaca: ”Las agencias de la ONU como UNICEF, el PNUD, la OMS y UNESCO se han comprometido en asociaciones con importantes empresas transnacionales. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estableció asociaciones con ExxonMobil, Río Tinto, Anglo American y Shell, que son empresas que están implicadas en violaciones de los derechos humanos y destrucción de la biodiversidad”.
También ha habido diferencias dentro de los procesos oficiales de negociación sobre medio ambiente en Naciones Unidas, donde -más allá de las transitorias confrontaciones de énfasis entre bloques como el G77, las potencias industrializadas y las emergentes- ha sido el gobierno de Bolivia, acompañado intermitentemente por sus compañeros del ALBA y otros “díscolos”, que han levantado las posiciones más alternativas, bajo los conceptos del Buen Vivir, los derechos de la Madre Tierra y la deuda climática.
No obstante, tal como también ha ocurrido en Ecuador, estas posiciones “pachamamistas” expresadas en instancias internacionales se han visto contradichas en la implementación real de políticas y planes desarrollistas y pro-empresariales en el territorio nacional (plurinacional, en el caso boliviano), provocando el rechazo de importantes grupos sociales, principalmente indígenas.
RIO+20 Y LA ECONOMÍA VERDE
La nueva Cumbre de la Tierra no genera las expectativas de la de hace dos décadas, no sólo por la historia aquí expuesta, sino porque viene oficialmente forzando principios e instrumentos, bajo el concepto de la “economía verde”, que explícitamente orientan las negociaciones en el sentido de la profundización del modelo de mercantilización de la naturaleza y el ambiente, estrenado hace años mediante los cuestionados y fracasados mercados de carbono. Esto ya se ha evidenciado en las primeras versiones del “Borrador cero” de la declaración de Río+20, titulada “El futuro que queremos”.
El elemento clave de la economía verde es la valorización económica y la transabilidad de los llamados “servicios ambientales”, ofrecidos gratuitamente por la naturaleza, como la disponibilidad de agua, alimentos y plantas medicinales, la captura de carbono, la regulación climática, la prevención de desastres y hasta se menciona a la cultura y el conocimiento de pueblos indígenas.
En palabres de Frei Betto, teólogo y escritor brasileño, en su reciente artículo “Se vende la naturaleza”: “En la lógica capitalista el valor de cambio de un bien está por encima de su valor de uso. Por lo cual los bienes naturales deben tener precio.” Y agrega: “Los consumidores de los bienes de la naturaleza pasarían a pagar, no sólo por la administración de la “manufactura” del producto (igual que pagamos por el agua que sale por el grifo en casa), sino por el bien mismo. Sucede que la naturaleza no tiene cuenta bancaria para recibir el dinero pagado por los servicios que presta. Los defensores de esta propuesta afirman que, por tanto, alguien o alguna institución debe recibir el pago (el don de la selva o del ecosistema).”
Para Gligo, “los resultados de Rio+20 serán mínimos. Tengo la sola expectativa de verificar cómo los contubernios entre los intereses dominantes se las ingenian para evadir los temas ambientales de fondo.” Para él, la economía verde es “otro caballito de Troya que viene a reemplazar términos desgastados e inoperantes. La propuesta de economía verde, en vez de quedarse en declaraciones rimbombantes, debería profundizar sobre el tema de las transnacionales que dominarían esta economía”.
Ricardo Navarro afirma que “la economía verde no cuestiona las causas fundamentales del problema, sino que las toma como base y sobre ellas propone una serie de tecnologías y procesos que continúan con el crecimiento económico”.
Nnimmo Bassey sostiene que “el espectro de la creciente mercantilización de la naturaleza pondrá cargas inaceptables sobre las poblaciones y territorios, y someterá al planeta a un mayor riesgo. No hay duda de que el único grupo de personas que van a Río +20 con gran expectativa son las empresas que ya han capturado al sistema”.
LA ESTRATEGIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Para los movimientos de justicia ambiental, la cumbre oficial de Rio+20 no ofrece las expectativas de cambios estructurales que la gravedad de las crisis globales exigen, y concentran sus esfuerzos en las articulaciones y la acumulación de fuerzas para promover estos cambios a partir de los propios pueblos y su organización.
Este es el sentido de la Plataforma socio-ambiental hacia Rio+20, constituida por más de veinte organizaciones chilenas de diversos sectores (ONG, ambientalista, DDHH, campesino, estudiantil, sindical y otros) que, junto con denunciar la exclusión y opacidad del gobierno en la definición de la posición chilena en Rio+20, han trazado un camino de debates, encuentros y movilizaciones con organizaciones y comunidades de distintas zonas del país, proyectando y vinculando sus luchas hacia el futuro.
Y esta es la esencia de la convocatoria a la gran Cumbre de los Pueblos, “en defensa de la vida y los bienes comunes, la justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la naturaleza y la economía verde”, que se desarrollará entre el 15 y el 23 de junio, concluyendo en paralelo con Rio+20.
La Cumbre de los Pueblos está estructurada en tres ejes: la denuncia de las causas estructurales de la crisis, las falsas soluciones y las nuevas formas de acumulación del capital; el impulso a las soluciones reales y los paradigmas alternativos de los pueblos; y la construcción colectiva de la agenda, campañas y movilizaciones comunes más allá de Rio+20.
En palabras de Nnimmo: “Río +20 ofrece un momento importante para los movimientos
de masas para unirse y forjar una visión de un mundo deseado y establecer claramente el tipo de Futuro que NO Queremos. Este es el momento”.
Eduardo Giesen A.
Ingeniero civil electricista, U. de Chile
Miembro del Colectivo VientoSur y de la Plataforma hacia Rio+20
