Sarayaku y Belo Monte: el derecho al consentimiento, a golpe de sentencia

Territorio y recursos naturales - Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

Jóvenes kichwas de Sarayaku, celebran la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

INTERNACIONAL.- Aunque la normativa internacional reconoce el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) ante cualquier acción que afecte a sus territorios, los grandes proyectos de explotación de sus bienes naturales continúan siendo, a día de hoy, los principales obstáculos para su desarrollo autónomo.

Dos recientes sentencias, una de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -caso Sarayaku- y otra de un tribunal federal brasileño -caso hidroeléctrica de Belo Monte- avanzan en la concreción de dicho derecho, y en la obligación de los Estados de establecer los cauces necesarios para que se cumpla.

Ambas son sentencias vinculantes para los Estados involucrados, y fijan la obligación pública de garantizar las consultas y el diálogo de buena fe con los pueblos indígenas afectados, a respetar su derecho a la libre determinación, a impedir la entrada de terceros actores -empresas- en territorios indígenas, cuando los pueblos no han dado su consentimiento, y a reparar los daños causados por decisiones que no observaban estos derechos.






La larga lucha del pueblo kichwa de Sarayaku

Evento celebrado en Sarayaku, a raíz de la sentencia de la CIDH

El miércoles 25 de julio de 2012, la Corte Interamericana comunicaba a la comunidad kichwa de Sarayaku (Amazonía ecuatoriana) su sentencia en el caso que seguía contra el Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde 2003. El conflicto arrancó a partir de la concesión otorgada por Ecuador en 1996 a la petrolera argentina Compañía General de Combustible (CGC) para operar en los territorios ancestrales.

En dicha sentencia, la Corte declara la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la violación en contra del pueblo originario de Sarayaku del derecho a la consulta previa, a la propiedad comunal, a la vida, a la protección judicial y a otros importantes derechos.El pueblo de Sarayaku lleva décadas luchando por el respeto a sus territorios y sus bienes naturales

Las medidas de reparación que el Estado deberá cumplir en virtud de la sentencia, incluyen que frente a “proyectos de exploración o extracción de recursos naturales, o planes de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que impliquen potenciales afectaciones al territorio Sarayaku o a aspectos esenciales de su cosmovisión o de su vida e identidad culturales, el Pueblo Sarayaku deberá ser previa, adecuada y efectivamente consultado, de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia”.

Ya la Corte en el año 2007, en el Caso Saramaka v. Surinam, estableció el estándar del consentimiento libre, previo e informado cuando se trate de proyectos de gran escala que puedan afectar gravemente al territorio y los derechos de los pueblos.

En la audiencia pública por este caso, los representantes de Sarayaku manifestaron su voluntad de que la sentencia creara un precedente legal para toda América Latina que obligue a los Estados a consultar a los pueblos indígenas antes de otorgar concesiones petroleras o mineras.

Mediante un comunicado, el pueblo originario de Sarayaku “manifiesta su satisfacción por esta victoria alcanzada gracias al esfuerzo de su pueblo y al apoyo de personas y organizaciones solidarias y comprometidas con los derechos de los pueblos indígenas y manifiesta que estaremos atentos a que la sentencia sea cumplida y que los territorios de los Pueblos Indígenas sean respetados frente a actividades extractivas dañinas como la explotación petrolera".






Indígenas contra la tercera mayor hidroeléctrica del mundo

Obras para la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el Estado de Pará (Brasil)

La represa de Belo Monte es una central hidroeléctrica que se está construyendo en el río Xingú en el Estado de Pará, que tendrá un coste aproximado de 5.000 millones de euros, y que afectará a los territorios de los pueblos kayapós, araras, jurunas, arawetés, xikrines, asurinis y parakanãs. De entrar en funcionamiento, también influirá dramáticamente sobre los modos de vida de pueblos en aislamiento voluntario, que habitan en las inmediaciones.

La concesión fue otorgada por el Gobierno de Lula da Silva en 2010, al consorcio Energía del Norte, en base a las proyecciones realizadas ya en los años 80 por los gobiernos militares. Desde entonces, los pueblos indígenas de la región han mostrado su oposición, a pesar de la cual se iniciaron las obras a principios de 2011.

A las protestas indígenas se han sumado organizaciones ambientalistas y movimientos socialesEn la sentencia del 14 de agosto, la Corte Federal de la 1ª Región (con sede en Brasilia) revocó la licencia y la instalación de la central y dictó la suspensión de las obras, indicando que la consulta a los pueblos implicados debe ser previa, y que la “opinión de los indígenas debe ser tenida en cuenta” a la hora de otorgar la licencia, en cuanto su entorno cultural y su medio ambiente se verán profundamente afectados. La resolución está basada en la Constitución Federal de Pará, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Brasil.

En su voto recogido en la sentencia, la jueza Selene Almeida se expresó de la siguiente manera: “Nuestros quinientos años de errores relativos al trato dado a los pueblos indígenas no se justifican, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y de la conciencia social y ética que adquirió este país, principalmente tras la redemocratización”.

Esta sentencia es histórica, pues reconoce la obligatoriedad de realizar la consulta de manera transparente, y viene a dar continuidad a informes previos de la propia OIT, y a interpelaciones planteadas anteriormente tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como por el Ministerio Público Federal de Brasil, al gobierno, en las que se solicitaba la suspensión de las obras de edificación de la hidroeléctrica.

A pesar de estos avances, con fecha 27 de agosto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) autorizó la reanudación de las obras, aduciendo “la concurrencia de daño grave e irreparable sobre el patrimonio público, sobre la economía y sobre la política energética brasileña”, aclarando que procederá a un análisis más detallado del caso.

http://www.codpi.org/observatorio/134-sarayaku-y-belo-monte-el-derecho-al-consentimiento-a-golpe-de-sentencia

Las hidroeléctricas vs. el Pantanal

Situado en su mayoría en Brasil, y conocido durante la época de la conquista española con el nombre de Laguna de Jarayes, el Pantanal es una llanura aluvial inmensa que cubre algunas partes de Bolivia y de Paraguay. Es el humedal más grande del mundo, ubicado en la región del Mato Grosso y Mato Grosso do Sul brasileño y alcanzando en sus extremos hasta Paraguay y Bolivia, con una extensión total de 220.000 km2. Es posiblemente el ecosistema más rico del mundo en biodiversidad de flora y fauna.


"No estamos en contra de la generación de energía para el país, pero queremos saber cual es el precio que vamos a pagar. Queremos saber de los impactos, de las consecuencias. Queremos combinar la energía con lo sustentable", dijo el fiscal federal en Coxim, Daniel Fontenele.

El Pantanal está apoyado en una depresión de la corteza terrestre formada por el mismo proceso que dio origen a la Cordillera de los Andes; a ella afluyen varios ríos, que conjuntamente componen un enorme delta interno en el que vuelcan sus sedimentos. El principal de estos es el río Paraguay. Debe sumársele una pluviosidad media anual de entre 1.000 y 1.400 mm.

Durante la estación húmeda, entre diciembre y mayo, el nivel de agua sube hasta 3 m y el Pantanal se anega en un 80%, dando lugar a un sistema en el que predomina la flora acuática, que alcanza aquí una expresión sin igual en ningún otro lugar del mundo.

Preocupados con los daños irreversibles que las represas ubicadas en la cuenca del Alto Paraguay pueden causar al Pantanal, el Ministerio Público Federal brasilero y el de Mato Grosso do Sul presentaron una acción civil en un tribunal federal de la localidad Coxim para la suspensión de los proyectos hidroeléctricos que generan algún daño al Pantanal hasta estudiarse el impacto acumulativo de esas actividades.

Si es aceptado por el Tribunal, la solicitud el pedido cautelar debe detener los procesos de licenciamiento ambiental de los proyectos en la etapa donde están. Están instalados o listos para ser instalados alrededor del Pantanal 126 emprendimientos y hay 23 solicitudes pendientes. El impacto acumulativo es el conjunto de los impactos ambientales de todos los proyectos.

"No estamos en contra de la generación de energía para el país, pero queremos saber cual es el precio que vamos a pagar. Queremos saber de los impactos, de las consecuencias. Queremos combinar la energía con lo sustentable", dijo el fiscal federal en Coxim, Daniel Fontenele. Según él, lo que pasa es que los estudios son específicos para cada proyecto, independientemente del total de impactos ambientales acumulados.

Para los fiscales, en un bioma complejo y sensible como el Pantanal, no basta sumar los impactos individuales. "Es necesario analizarlos en conjunto, teniendo en cuenta toda la Cuenca del Alto PAraguay", dice Fontenele.

Para los efectos simultáneos se consideren, el Ministerio Público pide que la Justicia determine una evaluación ambiental estratégica (AAE) en toda la cuenca, incluyendo los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. El estudio debe basarse en una bibliografía especializada y contar con la participación de los sectores científicos y de la sociedad civil organizada.

Para el Ministerio Público, el proceso judicial fue la única manera de obligar a los organismos ambientales a realizar la AAE y evitar daños. Tres audiencias públicas y varias recomendaciones y oficios fueron enviados por el organismo ministerial a las instituciones provinciales y federales del medio ambiente, pero las medidas no se transformaron en acciones concretas.

Peces

Un estudio publicado por la organización no gubernamental (ONG) Rios Vivos indica que la instalación de represas va a cambiar el ritmo de inundación de la llanura y dañará la biodiversidad"limitando la migración de los peces que suben los ríos para la reproducción y reteniendo organismos acuáticos importantes para la alimentación de los animales".

"Por otra parte, causará considerables impactos sociales, teniendo en cuenta la existencia de comunidades costeras a lo largo de los ríos a ser excluidas", dice la ONG.

La acción, firmada por los procuradores Wilson Rocha Asís, Hemerson Kalif Siqueira y por el fiscal Alexandre Rasslan, está en contra de la Unión Federal, los estados de Mato Grosso do Sul y Mato Grosso, la Agencia Reguladora de Electricidad de Brasil (ANEEL), la Empresa de Investigación Energética (EPE), el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y el Instituto de Medio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

El Ministerio Público quiere que el IBAMA, el Imasul y al Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Mato Grosso sean obligados a limitar los futuro permisos ambientales sobre evaluación ambiental estratégica, que debe ser realizada por la EPE -vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Cuando los proyectos comiencen a funcionar, el MP quiere que la renovación de las licencias de operación expresamente los nuevos requisitos-.

En la demanda, los procuradores y el fiscal destacaron que "admitir la continuidad de la expansión del sector eléctrico en la cuenca en que está el Pantanal, sin un estudio adecuado de los impactos acumulativos de los proyectos de energía hidroeléctrica, es un acto contrario a la ley y a la Constitución, que puede herir de muerte a uno de los biomas más notables del mundo".
http://www.urgente24.com/203684-las-hidroelectricas-vs-el-pantanal

Paralización de Belo Monte preocupa a empresas cercanas a la hidroeléctrica

BRASILIA – La paralización de las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte, iniciada ayer por orden judicial, preocupa a los pequeños y medianos empresarios de la región de Altamira, en Pará, principal municipio afectado por el emprendimiento.
Según el Foro Regional de Desarrollo Económico y Socioambiental de la Transamazónica y Xingu ( Fort Xingu), compuesto por más de 200 entidades de la sociedad civil, la región podrá “sufrir serios problemas de orden económico, social y ambiental”, en caso de que se mantenga la interrupción de las obras.

“La paralización de las obras de construcción de la planta, además de ser una grave demonstración de inseguridad jurídica para los emprendedores privados interesados en invertir en el avance de la infraestructura en el país, constituye un retroceso en el proceso de mejora de la matriz energética brasileña en lo que respecta al medio ambiente”, afirmaron los representantes de la institución.

Los empresarios dijeron que la paralización significa frenar también acciones como el Plan de Desarrollo Regional Sustentable del Xingu (PDRSX), programa que prevé R$ 500 millones en inversiones de los emprendedores responsables por la central. “El sector empresarial de la región podrá sufrir con un proceso de falencia en masa, porque la mayor parte invirtió mucho para atender la demanda generada por la construcción de la planta”, comentó la institución.

La semana pasada, el Tribunal Regional Federal de la 1° Región (TRF-1) determinó la suspensión de la construcción de la planta alegando que el Congreso Nacional debe consultar a los indios de la región sobre el impacto del proyecto.

La decisión del juez federal Souza Prudente se basó en la Constitución brasileña y en la legislación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para pedir la interrupción de las obras.

(André Borges / Valor)

http://www.cronista.com/valor/Paralizacion-de-Belo-Monte-preocupa-a-empresas-cercanas-a-la-hidroelectrica-20120824-0131.html

Aun bajo amenazas de pistoleros, indígenas Guaraní Kaoiwá van a permanecer en su territorio

El pasado viernes (10), indígenas Guaraní Kaiowá en Mato Grosso do Sul (MS), centro-oeste de Brasil, cansados de la lentitud de la justicia, decidieron retomar parte del tekoha (territorio sagrado) Arroio Koral, ubicado en el municipio de Paranhos. Pocas horas más tarde, cuando los cerca de 400 indios todavía estaban montando su campamento, pistoleros invadieron el lugar, creando una situación de miedo y terror, para hombres, mujeres y niños acampados.

La acción produjo algunos indígenas con heridas no graves. Además, permanece desaparecido el Guaraní Kaiowá João Oliveira, quien no pudo huir. Con la llegada de la Fuerza Nacional los pistoleros se dispersaron y huyeron.

Al momento del ataque, los/as indígenas corrieron y se dispersaron por el bosque, sin embargo, pasados los momentos de pánico, gradualmente los Guarani Kaiowá fueron regresando al campamento y, ahora, incluso sintiéndose inseguros y asustados, pretenden permanecer en el lugar.

El Guaraní Kaiowá Dionisio Gonçalves asegura que los indígenas están firmes en su decisión de permanecer en el tekoha Arroio Koral, incluso siendo conscientes de las adversidades que tendrán que enfrentar, ya que el territorio sagrado reivindicado por ellos, está en medio de una hacienda.

"Estamos decididos a no salir de aquí, decidimos permanecer y vamos a permanecer. Pueden venir con tractores, nosotros no saldremos. La tierra es nuestra, esto ya fue reconocido hasta por el Supremo Tribunal Federal. Si no nos permiten permanecer aquí, será mejor que nos manden ataúd y cruz, porque vamos a quedarnos aquí”, aseguró.

Dionisio informó que actualmente los líderes indígenas están esperando la llegada de la Policía Federal al campamento para iniciar las investigaciones sobre lo ocurrido y para llevar a cabo la búsqueda de João Oliveira. "Ellos Dijeron que vendrían después de las 12 horas, les estamos esperando a ellos y a otros órganos para resolver el problema," expresó.

Conflicto de tierra

La batalla de los indígenas por recuperar la tierra, no es de ahora en Mato Grosso do Sul. Este es el Estado, con las mayores tasas de asesinatos de indígenas, la población autóctona lucha desde hace varios años por la devolución de sus tierras tradicionales y lugares sagrados. Dentro de este contexto de lucha ha habido varios ataques como el del pasado viernes, muchos ordenados [y pagados] por hacendados descontentos con la devolución de tierras a sus legítimos y verdaderos dueños.

El conflicto de tierras llevado al poder judicial, que involucra el territorio indígena sagrado Arroio Koral parecía estar resuelto, cuando el entonces Presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó en diciembre de 2009, un decreto homologando la demarcación de tierras. Sin embargo, en enero de 2010, el Supremo Tribunal Federal (STF), presidido por el Ministro Gilmar Mendes, suspendió la vigencia del decreto presidencial referidas a las haciendas Polegar, São Judas Tadeu, Porto Domingos y Potreiro-Cora.

El proceso continúa avanzado, pero muy lentamente, ya que todavía no ha sido votado por todos los Ministros. Así que, cansados de la lentitud de la Justicia brasileña, el Guaraní Kaiowá han decidido retomar la tierra que reivindican.

Los indígenas escribieron una carta a los Ministros del Supremo Tribunal Federal y al Gobierno Federal en la que reivindican el desalojo de los hacendados que todavía están ocupando y destruyendo territorios tradicionales ya demarcados y reconocidos por el Estado brasileño y por la Justicia Federal y requieren la devolución inmediata de todos los antiguos territorios indígenas.

"Sabemos que los pistoleros de los hacendados nos van a matar, pero aún así, nuestra manifestación pacífica empieza hoy 10 de agosto de 2012. Finalmente, pedimos, con urgencia, la presencia de todas las autoridades federales para registrar nuestras manifestaciones pacíficas, étnicas y públicas por la total devolución de nuestros territorios antiguos", expresa el último párrafo de la carta firmada por los líderes, rezadores, las mujeres pertenecientes al pueblo Kaiowá Guaraní de campamentos y los márgenes de la carreteras amenazados por pistoleros de las haciendas, de los territorios re-ocupados y Reservas/Aldeas Guaraní y Kaiowá en Mato Grosso do Sul.

Traducción: ricazugaa51@yahoo.com

Energía Nuclear: en Ceará, Jornada pone en discusión los riesgos que representan estas inversiones

Rogéria Araújo
Periodista de Adital
Adital
Más allá del discurso desarrollista presentado por emprendedores de la industria nuclear en Brasil, todavía hay varias cuestiones que necesitan ser discutidas sobre estos tipos de inversiones y lo que realmente traen a las poblaciones. Éste es uno de los motivos que llevó a las organizaciones a realizar en los próximos días 11, 12, 13 y 14 de agosto la I Jornada Antinuclear de Ceará "El presente que tenemos en Caetité – BA y El futuro que queremos en Santa Quitéria – CE”, que va a tener lugar en municipios cearenses, los cuales serán posiblemente damnificados por la implantación del Proyecto Santa Quitéria, de las Industrias Nucleares de Brasil, previsto para ser efectivizado en 2015.



El evento contará con la participación de representantes de movimientos y de las propias comunidades de Caetité, en Bahía, donde hace más de 12 años las Industrias Nucleares de Brasil (INB) explotan uranio. Con el próximo proyecto previsto para ser implantado en la mina Itataia, entre los municipios cearenses de Santa Quitéria, Itatira y Madalena, la organización del evento creyó oportuno que las comunidades cearenses conozcan más sobre la realidad de otras comunidades que ya vienen siendo afectadas desde hace mucho tiempo.



Para la profesora de la Universidad Federal de Ceará, Ana Claudia de Araújo Teixeira, que es parte del Núcleo Trama (Trabajo, Medio Ambiente y Salud para la Sustentabilidad), vinculado al Departamento de Medicina, lo que se ha observado en relación con el proyecto cearense es que no se tienen informaciones claras sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente.



En un relevamiento presentado por el consorcio INB/Empresa Galvani sólo tres comunidades estarían en el entorno de la planta física, pero un mapeo realizado por las organizaciones y entidades que constituyen la Articulación Antinuclear de Ceará mostró que más de 40 comunidades serán afectadas.



"Existe mucha expectativa en razón del discurso del desarrollo, que habla de más inversión para el estado, de generación de empleo e ingresos. Pero no se habla de las posibilidades de los daños a la salud que pueden llegar a ocurrir. En Caetité ya existen evidencias de esos daños”, dijo la profesora Ana Claudia.



Según ella, va ser muy provechosa la participación de los invitados bahianos, pues ellos podrán hablar claramente sobre la realidad que viven. Ana Claudia agregó que muchos de ellos hablarán, por ejemplo, sobre las condiciones de trabajo, uno de los principales atractivos remarcados por los inversores. Se sabe que en Caetité las condiciones laborales son precarias. El año pasado, el Ministerio de Trabajo llegó a interdictar la unidad bahiana por infracciones a la seguridad de los empleados.



"Es preciso evaluar bien ese discurso de generación de empleo e ingresos. ¿El desarrollo es para qué y para quién? ¿Qué condiciones laborales se ofrecerán a las personas de las comunidades? En general, son empleadas en funciones que exigen esfuerzo físico, en sectores que no exigen calificación. Los ‘mejores’ empleos, digamos, van para las personas que vienen de afuera”, dijo la profesora.



Otra dificultad que enfrentan los habitantes bahianos se genera a la hora de producir y comercializar sus productos. "Ellos tienen dificultades porque los compradores piensan que los productos están contaminados”, agregó.



La Jornada



La Jornada pretende reunir a representantes de las comunidades de Itatira, Santa Quitéria y Madalena para que puedan intercambiar experiencias y saber más sobre el proyecto nuclear y sus implicaciones. Así, los encuentros se realizarán en las comunidades de los respectivos municipios.



El día 14, en Fortaleza, capital, se realizará el seminario de lanzamiento del Informe de la Misión Caetité: Violaciones de Derechos Humanos en el Ciclo Nuclear, de la plataforma Dhesca (Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales).

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=69553

Brasil contrata Exército dos EUA para planejar hidrovia no São Francisco

Codevasf pagará R$ 7,8 milhões por projetos para navegabilidade do rio.
Exército brasileiro diz não ver risco para a segurança nacional.



Engenheiros do Exército dos EUA (sem uniforme)
visitam área do São Francisco com militares do
Exército do Brasil (Foto: Codevasf/Divulgação)A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), órgão do governo federal subordinado ao Ministério da Integração, contratou o Corpo de Engenharia do Exército dos Estados Unidos (Usace) para estudar alternativas que tornem navegável o Rio São Francisco, um dos mais importantes cursos d´água do país e da América Latina.

O contrato, de R$ 7,8 milhões (US$ 3,84 milhões), foi assinado em dezembro do ano passado e, em março deste ano, os primeiros engenheiros do Exército norte-americano chegaram ao Brasil com a missão de desenvolver projetos que contenham a erosão nas margens e facilitem a construção de uma hidrovia no São Francisco.

Na semana passada, o comandante do Comando Sul das Forças Armadas dos EUA, brigadeiro Douglas Fraser (que responde diretamente ao secretário de Defesa e ao presidente Barack Obama), esteve em Brasília para saber como anda o trabalho.

“O contrato tem o prazo de três anos, em que os engenheiros do Usace devem nos apresentar 12 projetos de assessoria técnica para a navegação do rio. São estudos sobre dragagem, controle de erosão e estabilização das margens, geotecnia, dentre outros”, disse ao G1 o gerente de concessões e projetos especiais da Codevasf, Roberto Strazer.

Segundo ele, a parceria teve início após troca de e-mails entre funcionários da Codevasf e o Usace para aproveitar o conhecimento da engenharia militar dos EUA no Rio São Francisco.

“Eles possuem em um conhecimento incrível em navegação que queríamos usar. São técnicos e temos muito a ganhar com a parceria. A navegação do São Francisco é extremamente precária e subutilizada, principalmente na época de estiagem”, acrescentou Strazer.

O corpo de engenheiros militar dos EUA foi criado em 1882 para atuação em desastres, como enchentes, terremotos e furacões, e reconstrução, apoiando as ações militares no Iraque e Afeganistão. O Usace é responsável pela navegação dos rios Mississipi e Ohio e também por parte do controle do transporte marítimo interno nos EUA. Todos os chefes do órgão são militares, com a patente de general, do Exército americano.



Engenheiros do Exército americano fazem medições
no rio São Francisco (Foto: Codevasf/Divulgação)

“É preciso que se explore mais a navegação do São Francisco. Além de ter o menor custo por tonelada, o transporte através dos rios tem menor impacto no meio ambiente”, afirmou Strazer.

A Codevasf aponta que há grande potencial de navegabilidade em uma faixa de de 1.371 km, entre Pirapora (MG) até Juazeiro (BA)/Petrolina (PE), que é ainda inexplorado.

Estabilização de margens
Dois engenheiros civis do Usace ficam permanentemente no Brasil fazendo os estudos e avaliações nas margens dos rios e trabalhando, de forma coordenada, com um grupo de militares e civis do Exército norte-americano em Washington.

“Um dos projetos que eles desenvolvem é validar conhecimentos de navegação e estabilização de margens em um campo de provas que temos em Barras, na Bahia”, disse Strazer. A ideia é tornar todo o rio navegável a partir de pequenos trechos ao longo do seu curso.

Em Brasília, no último dia 10, o presidente da Codevasf, Elmo Vaz, apresentou ao comandante do Comando Sul das Forças Armadas dos EUA - responsável por todas as ações militares norte-americanas na América Latina - o andamento dos trabalhos. Só para cumprir a meta de tornar os primeiros 657 km do Velho Chico navegáveis, servindo de via de escoamento da produção, serão investidos até o final de 2012 mais de R$ 73 milhões.
Comandante do Comando Militar Sul dos EUA, respon-
sável pelas operações americanas na América Latina,
recebe informações sobre o projeto
(Foto: Codevasf/Divulgação)

O Rio São Francisco atravessa os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e serve de divisa natural entre Sergipe e Alagoas até desaguar no Oceano Atlântico.

Um projeto do Ministério da Integração busca transpor parte das águas do rio para aproveitá-lo também para irrigação no Ceará e Rio Grande do Norte, servindo de eixo de ligação do Sudeste e do Centro-Oeste com o Nordeste do país.

Segurança nacional
O gerente de projetos da Codevasf disse não ver riscos à segurança nacional em trabalhar com o Exército norte-americano. “Essa preocupação foi levantada na fase inicial do contrato. Eu já o recebi fechado, no início deste ano. Não vejo riscos, pois as informações que eles estão tendo acesso no local não são nada que se possa ocultar por imagens de satélite”, afirmou Roberto Strazer.

Ele acrescentou ainda que o Exército brasileiro também está trabalhando no rio com projetos de navegabilidade e está em contato com os miltiares americanos. “Há engenheiros do Exército brasileiro em um projeto de estabilização das margens de Ilha da Tapera, na Bahia, que estão em contato com os americanos também. Há interesses nacionais envolvidos, mas buscamos intercâmbio técnico."

O Exército informou, por meio da assessoria de imprensa, que visitou a sede do Usace, nos EUA, e que engenheiros militares brasileiros estão próximos à área onde os americanos estão trabalhando no São Francisco. O Exército também disse que não vê riscos na parceria em relação ao vazamento de dados relativos à segurança nacional.

O chefe da missão do Usace no Brasil, Calvin Creech, confirmou que atualmente trabalham no país dois engenheiros civis do órgão, especializados em hidráulica e geotecnologia. "O Usace está apoiando a Codevasf. Esse trabalho é importante para os Estados Unidos porque melhorar a navegação do Rio São Francisco trará benefícios sociais para a região, reduzindo os custos associados com o transporte de produtos agrícolas", disse Creech ao G1.

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/07/brasil-contrata-exercito-dos-eua-para-planejar-hidrovia-no-sao-francisco.html

Mapa de la Violencia presenta aumento de homicidios contra niños y adolescentes en el país

La tasa de homicidios entre niños y adolescentes en Brasil entre 1980 y 2010 aumentó 346%. Esto es señalado por el nuevo Mapa de la Violencia 2012 - Niños y Adolescentes de Brasil, presentado este miércoles (18). El alto índice de asesinatos de niñas y niños, posicionó al país en el 4° lugar en una lista de países con las mayores tasas de homicidio entre los niños y adolescentes.

Según la investigación, durante las tres décadas analizadas más de 175 mil niños y niñas de cero a 19 años de edad, perdieron sus vidas por la violencia. Sólo en 2010, 8.686 niños/as fueron asesinados/as en el país.

El estudio llama la atención sobre el hecho de que, en estos 30 años, mientras las tasas de mortalidad de niños y adolescentes por causas naturales disminuyeron, las muertes por factores externos aumentaron. Entre estos factores destacan homicidios, accidentes de tránsito y otros accidentes. Según el informe, en 2010, estas tres causas representaron más de 90% del total de defunciones de niños y adolescentes por causas externas, correspondiendo a los homicidios el primer lugar (43.3% de las muertes), seguido por accidentes de tránsito (19,7%) y otros accidentes (19,7%).

Lo que llama más la atención es el crecimiento en el número de asesinatos. En 2010, 8.686 niños y niñas fueron muertos/as en el país, lo que representa una tasa de 13,8 homicidios por cada 100 mil niños y adolescentes. Diez años antes, la tasa fue de 11,9 por cada 100 mil.

"Entre los 99 países con datos recientes en las bases estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, Brasil, con su tasa de 13,0 homicidios por cada 100 mil niños y adolescentes, ocupa la cuarta posición internacional, sólo superada por El Salvador, Venezuela y Trinidad y Tobago", destaca.

El documento también muestra la diferencia de tasas por unidades de la Federación [estados] y los municipios. Según la publicación, mientras que Estados como Piauí y Sao Paulo tienen tasas de homicidio de 3.6 y 5.4 por cada 100 mil, respectivamente; en Alagoas y Espírito Santo, estas tasas alcanzan a 34,8 y 33,8 por 100 mil habitantes.

Movilizaciones

Preocupadas por el elevado número de homicidios en Espírito Santo, organizaciones sociales y juveniles promueven la Campaña Estadual Contra la Violencia y el Exterminio de Jóvenes. La idea es llamar la atención de la sociedad y representantes del Gobierno sobre las altas tasas de violencia contra los jóvenes en el estado.

Miembros de la Campaña, convocaron, para este jueves (19), un acto público en el Centro de la capital de Espirito Santo para alertar a la población sobre la realidad que enfrentan los jóvenes en el estado. La programación contempla presentaciones culturales, lanzamiento de la cartilla sobre la campaña y lanzamiento del Pacto en Defensa de la Vida de la Juventud, documento que se presentará a candidatos/as que compiten en las elecciones municipales este año.

Violencia policial

La violencia contra los/as jóvenes fue también objeto de debate la noche de ayer (18), en São Paulo (SP). El encuentro, auspiciada por el Fórum Hip Hop municipal de São Paulo, destacó la violencia policial contra la juventud negra en el estado.

La actividad reunió a los movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, Pastoral Carcelaria, Defensoría Público, entre otras entidades, para discutir el problema de la violencia policial en el estado y buscar estrategias para denunciar esta situación. En el encuentro, los/as participantes acordaron crear una comisión para celebrar una audiencia pública sobre el tema y promover una campaña contra la violencia promovida por agentes del Estado.

Con informaciones de agencias.

Traducción: ricazuga51@yahho.com

http://www.adital.com.br/jovem/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=68939