BRASILIA – La paralización de las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte, iniciada ayer por orden judicial, preocupa a los pequeños y medianos empresarios de la región de Altamira, en Pará, principal municipio afectado por el emprendimiento.
Según el Foro Regional de Desarrollo Económico y Socioambiental de la Transamazónica y Xingu ( Fort Xingu), compuesto por más de 200 entidades de la sociedad civil, la región podrá “sufrir serios problemas de orden económico, social y ambiental”, en caso de que se mantenga la interrupción de las obras.
Según el Foro Regional de Desarrollo Económico y Socioambiental de la Transamazónica y Xingu ( Fort Xingu), compuesto por más de 200 entidades de la sociedad civil, la región podrá “sufrir serios problemas de orden económico, social y ambiental”, en caso de que se mantenga la interrupción de las obras.
“La paralización de las obras de construcción de la planta, además de ser una grave demonstración de inseguridad jurídica para los emprendedores privados interesados en invertir en el avance de la infraestructura en el país, constituye un retroceso en el proceso de mejora de la matriz energética brasileña en lo que respecta al medio ambiente”, afirmaron los representantes de la institución.
Los empresarios dijeron que la paralización significa frenar también acciones como el Plan de Desarrollo Regional Sustentable del Xingu (PDRSX), programa que prevé R$ 500 millones en inversiones de los emprendedores responsables por la central. “El sector empresarial de la región podrá sufrir con un proceso de falencia en masa, porque la mayor parte invirtió mucho para atender la demanda generada por la construcción de la planta”, comentó la institución.
La semana pasada, el Tribunal Regional Federal de la 1° Región (TRF-1) determinó la suspensión de la construcción de la planta alegando que el Congreso Nacional debe consultar a los indios de la región sobre el impacto del proyecto.
La decisión del juez federal Souza Prudente se basó en la Constitución brasileña y en la legislación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para pedir la interrupción de las obras.
(André Borges / Valor)
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