viernes 27 de mayo de 2011
Written by redaccion | 25 mayo, 2011
Brasil. El polémico proyecto, al que se resisten indios, agricultores y grupos ecologistas, supone la construcción de una inmensa mole de concreto que será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, por detrás de la de Tres Gargantas (China) e Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay.
Organizaciones humanitarias de Brasil denunciaron ante las Naciones Unidas que ejecutivos de la empresa que construye una represa en la Amazonia intimidaron a fiscales que cuestionan el emprendimiento por entender que amenaza el hábitat de los aborígenes que viven en la región.
El grupo de empresas Norte Energía S.A. fue acusado de intimidar al fiscal Felício Pontes Júnior y presionar a la Justicia para que lo aparte de sus funciones de veedor de las obras de la represa Belo Monte, situada en el estado que será la tercera mayor del mundo.
Belo Monte utilizará agua del río Xingú y será instalada en el municipio rural de Altamira, en el estado amazónico de Pará, que tiene unos 110.000 habitantes.
Según el Gobierno, costará 10.600 millones de dólares, generará 11.233 megavatios en las épocas de crecida del río y creará 18.700 empleos directos.
Su construcción obligará a inundar un área equivalente a 506 kilómetros cuadrados y a desplazar de la zona a cerca de 50.000 indios y campesinos, según sostienen los movimientos sociales
El Consejo Indigenista Misionario, la ONG Justicia Global y otras 12 entidades denunciaron al consorcio Norte Energía ante la Relatoría Especial sobre Autonomía del Poder Judicial de la ONU, consignó la agencia de noticias ANSA.
Los grupos cuestionaron además la construcción de Belo Monte por las consecuencias ecológicas que la obra tendrá en la región amazónica y por inundar tierras de los pueblos originarios de esa zona.
“No queremos Belo Monte, porque acabará con nuestros ríos, con la selva y nuestra vida”, dijo a Efe el cacique Raoni Metyktire, de la etnia kayapó y quien desde hace 30 años se opone al proyecto, que comenzó a gestarse en la década de 1970, cuando Brasil era gobernado por una dictadura.
La usina Belo Monte también fue denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, que recomendó suspender su construcción. El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff expresó semanas atrás su “perplejidad” por el parecer de la CIDH.
Tras haber estado estancada durante décadas, la idea resurgió en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y ha sido asumida por su sucesora, Dilma Rousseff, como uno de los principales proyectos energéticos del país.
Las obras fueron licitadas en abril del 2010 en medio de pleitos judiciales entre grupos que se oponen y el Gobierno, que finalmente celebró la subasta y adjudicó el proyecto a un consorcio encabezado por la Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf, estatal).
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