Hoy los movimientos sociales de Altamira, con apoyo de organizaciones nacionales, entregan al BNDES una notificación extrajudicial que advierte al banco sobre la fragilidad de la licencia ambiental expedida por el Ibama. De acuerdo con el instrumento jurídico, la licencia no ofrece ninguna garantía de que la obra es viable desde el punto de vista socio-ambiental, ya que la evaluación técnica del órgano, que afirmó que "no hay elementos suficientes para testificar la viabilidad ambiental del emprendimiento", fue desconsiderada en el acto de licenciamiento. En ese sentido, el financiamiento del banco sería ilegal, y si la obra fuere construida, el banco será, de acuerdo con la legislación brasilera, responsabilizado por los perjuicios socio-ambientales que no fueron previstos.
Según la notificación, si los eventos dañinos anunciados en los pareceres técnicos del Ibama efectivamente ocurrieran, el BNDES sería pasible de ser reclamado por todos los costos resultantes de los impactos sobre la fauna, la flora y las personas de la región, cualquiera que sean sus valores, e inclusive aquellos que son imposibles de ser valorados.La notificación también señala que, como gestor de recursos públicos, y comprometido, según su estatuto social, a realizar "examen técnico y económico-financiero de emprendimiento, proyecto o plan de negocio, incluyendo la evaluación de sus implicaciones sociales y ambientales" para aprobar cualquier transacción financiera,el BNDES tiene el deber de considerar todas las variables que involucran la obra.
Impactos de Belo Monte
La notificación destaca el atropello con que el Ibama concedió la licencia previa de Belo Monte, sin considerar las observaciones del equipo que hizo el Parecer Técnico 06/2010, que no aceptaba la solución propuesta para algunos de los impactos socio-ambientales que afectarán a la región.
Uno de los importantes impactos que no fue considerado está relacionado con la calidad del agua. Un estudio realizado por especialistas de la Universidad de Brasilia (UnB), a pedido del Ibama, y entregado pocos días antes de la emisión de la licencia, afirma que el modelo utilizado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) está equivocado y es insuficiente para hacer pronósticos futuros de como será la calidad del agua. Afirma también que, al contrario de lo que dice el estudio elaborado por la Eletrobrás, es alta la probabilidad de que el agua a lo largo de 144 km del río Xingú quede "deteriorada" (eutrofizada) y por debajo de los parámetros mínimos exigidos por la Resolución 357 del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama), lo que debería impedir la expedición de la licencia.
Otro punto importante está relacionado con los impactos en la región de Volta Grande del río Xingú, un trecho de más de 100 km de río, donde viven cientos de familias, y que vivirá una "eterna sequía" si la obra se construye, ya que gran parte del agua del río se desviará hacia los canales que se construirán. El problema es que la licencia contrarió la decisión del equipo técnico del Ibama, que afirma que la cantidad de agua que Eletrobrás propone liberar para ese trecho -y que fue aceptada por la dirección del órgano- es insuficiente para mantener el modo de vida de esas personas, porque con las alteraciones profundas en el ciclo natural, y no quedan condiciones apropiadas para la pesca o la navegación.
Además del BNDES, todos los demás financiadores también deberán ser notificados.
La noticia es del CIMI.
Traducción: Daniel Barrantes
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cat=7&cod=46320
