¿Cuánto valen los derechos humanos para Vale?

La Federación Internacional de Derechos Humanos, Justicia Global y la Red Justicia en los Rieles (Justiça nos Trilhos) publican un informe de estudio de impacto sobre derechos humanos, reseñando los testimonios de las comunidades afectadas y haciendo un llamado a la segunda empresa minera más grande del mundo, Vale, así como a sus socios en la industria siderúrgica, para que pongan fin a la contaminación ambiental en las comunidades del estado de Maranhāo en Brasil. Descargar resumen del informe en español - PDF – 408.8 KB

¿Cuánto valen los derechos humanos en la industria minero-siderúrgica brasileña?

http://www.fidh.org/Cuanto-valen-los-derechos-humanos-en-la-industria

18 de mayo de 2011

Durante más de veinte y diez años respectivamente, las comunidades de Piquiá de Baixo y del asentamiento California en Açailândia, estado de Maranhāo, han sufrido la contaminación generada por la industria siderúrgica y carbonera que opera en su patio trasero. Además de las compañias siderúrgicas y carboneras responsables de los daños en los casos investigados, la ex empresa estatal Vale es un actor crucial en este proceso. Siendo el mayor protagonista en el proyecto de la Gran Carajás (elaborado cuando Vale aún era una empresa estatal), Vale extrae el mineral de hierro en Carajás, lo transporta a lo largo de más de cien kilómetros de ferrovía hasta el estado de Maranhāo, donde vende una parte a las compañias siderúrgicas antes de transportar el hierro transformado para la exportación.

El Informe analiza los impactos de la industria minera y siderúrgica sobre la salud y el ambiente de las comunidades, destacando otro aspecto de los proyectos de desarrollo. Mientras muchos pobladores se instalaron en la zona unos años atrás en busca de mejores condiciones de vida, se desengañaron pues padecen a diario la contaminación ambiente. Adicionalmente, las conclusiones del Informe subrayan las dificultades para acceder a la información relacionada a los estudios de impacto ambiental y para obtener reparación ante la justicia, así como el hostigamiento moral y judicial que enfrentan los defensores de derechos humanos que denuncian los impactos negativos de las actividades de Vale.

Una semana antes de que el Sr. Murilo Ferreira asuma sus nuevas funciones en la calidad de director ejecutivo de Vale, nuestras organizaciones solicitan a Vale y a sus socios que garanticen la reparación inmediata a las comunidades afectadas e incluso su reubicación cuando sea necesario, y dirige una serie de recomendaciones a las empresas así como a las autoridades gubernamentales, los inversionistas y los compradores, con miras a prevenir las futuras violaciones de derechos humanos, mientras se adelantan negociaciones para la expansión de la ferrovía Gran Carajás.

En la ocasión de una misión internacional de cabildeo llevada a cabo en Brasil del 16 al 23 de mayo, la FIDH, Justicia Global y la Red Justicia en los Rieles, acompañadas por representantes de las comunidades afectadas, presentarán el informe y debatirán acerca de sus recomendaciones con las autoridades y los representantes de las industrias. Ya que la responsabilidad de las empresas en el respeto de los derechos humanos está reconocida a nivel internacional, la FIDH, Justicia Global y la Red Justicia en los Rieles esperan que todos los actores involucrados tomarán medidas concretas para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos vulnerados por esta industria.

Roces entre Brasil y la OEA

La OEA (Organización de Estados Americanos), en nombre de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en carta al gobierno brasileño a comienzos de abril, solicita la suspensión inmediata de la concesión de un complejo hidroeléctrico en Belo Monte, en el Pará, pues dicha obra presenta serios riesgos para los pueblos indígenas que habitan en la región del río Xingu.

 

Al gobierno de Dilma no le gustó el tirón de orejas. Y ordenó al palacio de Itamaraty escribir una nota “a la altura”, manifestando su perplejidad. El ministro Patriota, de Relaciones Exteriores, calificó de “precipitadas e injustificables” las recomendaciones de la CIDH.

 

Según la OEA las comunidades indígenas de la región no fueron oídas con respecto a la obra; una vez más los caras-pálidas creen saber lo que es bueno para los pieles rojas… Esa arrogante convicción ya ha provocado el genocidio de millones de indios a lo largo de cinco siglos en América Latina. En nombre del progreso se sacrifica a nuestros pueblos originarios.

 

La OEA defiende el derecho de los indígenas del Xingu a tener acceso al Estudio de Impacto Social y Ambiental del proyecto de Belo Monte. Y exige que sean tomadas medidas “vigorosas e inclusivas” para proteger la vida y los derechos de las naciones indígenas.

 

Al comenzar la construcción del complejo millares de personas en busca de trabajo se dirigirán a esa región, con el peligro de que lleven consigo epidemias, alcoholismo y prostitución a los indios, además de los desequilibrios ambientales que la hidroeléctrica puede causar.

 

El gobierno brasileño acaba de firmar en Ginebra una resolución de la ONU para investigar la violación de los derechos humanos en Irán. Pero se siente incómodo cuando la OEA decide hacer lo mismo en el Brasil. Dos pesos, dos medidas.

 

¿Y si el gobierno de Dilma decide ignorar la petición de la OEA? Pues corre el peligro de ser juzgado por la CIDH y en última instancia puede ser expulsado de la OEA. Aunque esto no suceda, la imagen de nuestro país quedaría perjudicada en el escenario internacional. Sobre todo en el momento en que el gobierno de Dilma marca diferencias con el gobierno de Lula y enfatiza que, en política externa, los derechos humanos tendrán prioridad y no los intereses económicos. (¿Esto incluye a la China?).

 

¿Qué es lo “injustificable y precipitado”: la advertencia de la OEA o la construcción de la hidroeléctrica en Belo Monte? ¿Por qué esa resistencia a consultar a los pueblos indígenas del Xingu? ¿Por qué el Ministerio Público del Pará entró en la Justicia con diez acciones contra Belo Monte?

 

Progreso no es hacer obras en detrimento de comunidades y ecosistemas. Hay que cambiar el paradigma del lucro en favor de la calidad de vida de la población. Si eso no ocurre, nuestras ciudades continuarán siendo amontonamientos de autos -pues la industria automotora paga grandes tributos al gobierno- sin que se le ofrezca a la población un transporte colectivo de calidad, como el metro.

 

Frei Betto es escritor, autor de “Conversación sobre la fe y la ciencia”, junto con Marcelo Gleiser y Waldemar Falcão, entre otros libros. http://www.freibetto.org/>    twitter:@freibetto.

 

Copyright 2011 – Frei Betto - No es permitida la reproducción de este artículo por cualquier medio, electrónico o impreso, sin autorización. Le invitamos a que se suscriba a todos los artículos de Frei Betto; de este modo usted los recibirá directamente en su correo electrónico. Contacto – MHPAL – Agência Literária (mhpal@terra.com.br )

 

Traducción de J.L.Burguet

http://alainet.org/active/46836

Asesinado otro defensor de la Amazonía, el tercero esta semana

Un líder local que había denunciado la acción de madereros ilegales, Adelino Ramos, conocido como Dinho, fue asesinado el viernes en el estado amazónico de Rondonia en Brasil, sumándose a otros dos defensores de la Amazonía muertos a tiros esta semana, informó la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica.

Dinho había denunciado la acción de madereros en la región amazónica fronteriza entre los estados brasileños de Acre, Amazonia y Rondonia, y había sido amenazado de muerte, según el comunicado de la Pastoral.

Fue asesinado a tiros por un motorista cuando vendía vegetales producidos en el campamento donde vivía, muy cerca de donde lo esperaban la esposa y dos hijas.

Los ministros de la Secretaría de la Presidencia y de Derechos Humanos, Gilberto Carvalho y Maria do Rosario, respectivamente, emitieron un comunicado pidiendo una rigurosa investigación policial.
El martes fueron asesinados a tiros en el también amazónico estado de Pará José Claudio Ribeiro da Silva y su esposa Maria do Espírito Santo da Silva, integrantes de un grupo de defensa de los colectores de latex y que también habían sido amenazados de muerte por denunciar la deforestación local.

La presidenta, Dilma Rousseff, ordenó la investigación rigurosa del caso.

Tras cinco años de reducción consecutiva del ritmo de deforestación en la Amazonía, esta volvió a aumentar en los últimos meses, coincidiendo con la expectativa de que el Congreso apruebe una reforma del Código Forestal, la ley que protege los bosques del avance de la agropecuaria y otros usos de los bosques. La reforma ya fue aprobada el martes por la Cámara de Diputados.
http://www.olca.cl/oca/brasil/amazonia018.htm

Congreso brasileño otorga la impunidad a los deforestadores de la Amazonia

Brasil otorga la impunidad a los deforestadores de la Amazonia
El Congreso aprueba una amnistía que la presidenta Rousseff considera una "vergüenza" para el país - Victoria del sector campesino sobre el ecologismo

De poco ha servido que la semana pasada el Gobierno de Brasil hiciese público un alarmante aumento de los niveles de deforestación del Amazonas. Sacudido por una fuerte polémica, el Congreso aprobó en la noche del martes, por aplastante mayoría, una reforma del Código Forestal brasileño que establece una amnistía general para todos aquellos que incurrieron en delitos contra la vegetación hasta 2008. La nueva normativa también incluye la ampliación de las áreas de uso agropecuario susceptibles de tala y, en general, una flexibilización de las normas medioambientales. La presidenta Dilma Rousseff, que durante su campaña electoral prometió que su Gobierno no consentiría ninguna amnistía en beneficio de los deforestadores, ha calificado la medida aprobada de "vergüenza para Brasil" y ha adelantado que vetará su entrada en vigor.

Una vez más ha quedado claro quién manda en Brasil cuando los intereses de los latifundistas están en juego. Los resultados de la votación de la controvertida reforma del Código Forestal hablan por sí solos: 410 votos a favor y 63 en contra. 273 diputados a favor y 187 en contra de la enmienda que contempla la amnistía para los delitos de deforestación cometidos hasta 2008. "Brasil se va a dormir con la noticia de que la mayoría de nuestros diputados aprueba el asesinato de nuestros bosques", reaccionó nada más conocerse el resultado de la votación Paulo Adario, director de la campaña Amazonas de Greenpeace.

Ante la andanada urdida en el Congreso contra la actual política medioambiental brasileña, la presidenta Rousseff presionó a todos los niveles, sin éxito, para atrasar la votación del nuevo Código Forestal. De poco sirvieron las reuniones de último minuto con los exministros de Medio Ambiente de los últimos Gobiernos, todos frontalmente en contra de la medida, o los contactos desesperados con los líderes de los grupos parlamentarios aliados al Ejecutivo, mayoritariamente a favor de dar luz verde. El todopoderoso sector agropecuario brasileño tiene bajo control la Cámara baja a través de una tupida red de apoyos en los partidos mayoritarios, incluido el gubernamental Partido de los Trabajadores (PT). Más que nunca ha quedado al descubierto el poder de presión que sigue teniendo el campo brasileño en los despachos de Brasilia.

Una vez superada la primera prueba de fuego, el nuevo Código Forestal tendrá que recibir las bendiciones del Senado. Es posible que en el camino sufra alguna modificación, ya que Rousseff ha dejado clara su intención de vetar su entrada en vigor si el texto sigue contemplando la polémica amnistía y otras medidas que contribuyen al aumento de la deforestación.

La Constitución brasileña otorga al presidente la capacidad de vetar total o parcialmente un proyecto de ley si consigue probar que colisiona con el interés general del pueblo. Curiosamente, el ponente y abanderado de la reforma es el diputado Aldo Rabelo, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB). El bloque ruralista que lo ha secundado engloba casi todo el arco parlamentario, salvo el Partido Verde (PV) de la exministra de Medio Ambiente Marina Silva, y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Ambas agrupaciones han sido las únicas que han rechazado la reforma en bloque.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, la amnistía que está a un paso de entrar en vigor condonará una deuda de hasta 10.000 millones de reales (más de 4.300 millones de euros) en multas por delitos ambientales cometidos hasta 2008. Los cálculos de Greenpeace son aun más dramáticos: 86 millones de hectáreas de selva quedarán sin protección y podrán ser deforestadas legalmente si la nueva normativa sale adelante. Esta superficie supera con creces a toda la vegetación que ya se ha destruido en la historia de la Amazonia.

La lógica de la amnistía implica que los condenados por delitos medioambientales podrán eludir el pago de las sanciones regularizando sus propiedades en un plazo aún indefinido. El nuevo código también abre la puerta a que los pequeños productores (propiedades de entre 20 y 400 hectáreas) no tengan que reforestar las áreas taladas ilegalmente en el pasado. Asimismo, da vía libre a la plantación de caña, café y otros cultivos en las laderas y cimas de los cerros, a la disminución de las áreas protegidas en las márgenes de los ríos y a la descentralización de la aplicación de esta normativa. Según los grupos ecologistas, la historia de Brasil muestra que las autoridades regionales y locales son mucho más propensas que el Gobierno Federal a la corrupción en la gestión de este tipo de leyes medioambientales que tropiezan con los intereses del agronegocio.

Las imágenes del Congreso tras la controvertida votación resultaron inquietantes: decenas de diputados abrazándose eufóricos y haciendo la señal de la victoria.

Esa misma mañana, Brasil se despertaba con la noticia del asesinato a tiros del líder medioambiental Joao Claudio Ribeiro da Silva y su esposa, ambos activistas por la preservación del Amazonas. Da Silva había denunciado que sufría amenazas de muerte por parte de madereros y ganaderos del Estado amazónico de Pará, donde vivía. Los mismos que probablemente brindaron tras la aprobación del nuevo código.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Brasil/otorga/impunidad/deforestadores/Amazonia/elpepisoc/20110526elpepisoc_4/Tes

Brasil embala para su envío a Francia uranio bloqueado por manifestantes

La estatal Industrias Nucleares de Brasil (INB) comenzó a embalar en tambores de seguridad y para su envío a Francia, en donde será enriquecido, las cerca de 90 toneladas de concentrado de uranio que eran bloqueadas por manifestantes en la ciudad de Caetité.

El material, tras ser desbloqueado gracias a un acuerdo con los habitantes de Caetité, comenzó a ser acondicionado en la tarde del miércoles en tambores apropiados para su transporte marítimo y será enviado a Europa para su enriquecimiento, informó la empresa en un comunicado.

El concentrado de uranio había sido enviado desde Iperó, municipio en el interior del estado de Sao Paulo y en donde la estatal tiene instalaciones industriales, pero el convoy de nueve camiones fue interceptado antes de entrar a la ciudad por cerca de 2.000 manifestantes de Caetité, en donde la empresa tiene sus principales minas de uranio.

El bloqueo se registró el 15 de mayo pasado ante el temor de los habitantes de Caetité de que la empresa estuviese enviando a la ciudad residuos nucleares radiactivos en lugar de concentrado de uranio.

La información de que se trataba de "basura atómica" fue divulgada por organizaciones ecologistas y sindicales de Caetité que organizaron la protesta y el bloqueo.

Tras varios días de negociaciones y luego de que las Industrias Nucleares de Brasil demostrara que el material transportado era tan inofensivo como el uranio extraído en Caetité los manifestantes permitieron el paso del convoy el viernes pasado.

"La INB y la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN, órgano regulador) comprobaron que se trataba de un producto semejante al que la empresa produce en Caetité", según el comunicado de la estatal.

El órgano regulador, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, aclaró que el transporte del material cumplía las normas previstas para el caso y que, tal como lo establece la ley, la policía local había sido informada sobre la llegada del convoy.

Tras ser abierto en presencia de fiscales del CNEN y del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, el material comenzó a ser transferido de los barriles en que estaba, antiguos y pequeños, a nuevos tambores mayores que cumplen las exigencias internacionales para el transporte de uranio.

El proceso durará al menos diez días, por lo que la carga apenas podrá ser enviada a Francia en junio.

El uranio, tras ser enriquecido en Europa, será importado de nuevo para ser usado como combustible de las dos plantas nucleares de generación eléctrica que Brasil tiene en la ciudad de Angra dos Reis.(Xinhua)
27/05/2011
http://spanish.peopledaily.com.cn/92122/7393160.html

Amazonia: Innovaciones y dramas del súbito progreso hidroeléctrico

Por Mario Osava, enviado especial

	Mutum-Paraná en trance de convertirse en poblado fantasma.  Crédito: Mario Osava/IPS

PORTO VELHO, Brasil, may (Tierramérica) - El poblado amazónico de Mutum-Paraná, en el estado brasileño de Rondônia, está desapareciendo. Sus últimos inmuebles han de ser desmantelados antes de que las aguas del embalse hidroeléctrico de Jirau, en el río Madeira, lo cubran todo.

Uno de los habitantes ocasionales de Mutum-Paraná, Francislei Araujo da Silva, sintetiza un modo de vida local que también se extingue ante los cambios radicales y repentinos que provoca la construcción de dos hidroeléctricas en el mismo río, Jirau y Santo Antônio, alejadas solo 120 kilómetros una de la otra, en el noroeste del país.

"Vivo en esta área desde 1989", dijo Silva a Tierramérica. Sus fuentes de ingreso son la minería, la pesca y la extracción de frutas amazónicas, como el açaí y la castaña, cuando no está prestando servicios de taxi entre ciudades y poblados del oeste de Rondônia.

Mutum-Paraná, fundado hace un siglo cuando el caucho natural hacía prosperar la Amazonia, creció luego como punto de apoyo del "garimpo" ‒la minería artesanal del oro y la casiterita, de la que se obtiene estaño‒ que se desarrolló en las tres últimas décadas. La actividad aseguraba pasajeros para el taxi de Silva.

Pero ante la inminencia de la inundación, la mayoría de los 2.000 habitantes del poblado fueron reasentados en Nueva Mutum, un conjunto de 1.600 casas y edificios públicos y comerciales que construyó el consorcio Energia Sustentável do Brasil (ESBR), a cargo de la obra de Jirau y cuyo principal accionista es la corporación francesa GDF Suez.

Silva no fue reconocido como habitante con derecho a optar entre una indemnización o una nueva casa, pues en los días en que se hizo el padrón de la población "estaba afuera, con el taxi en Porto Velho", la capital de Rondônia, a 168 kilómetros de Mutum-Paraná, explicó.

Él reconoce que no tenía residencia fija, "a veces dormía en el auto o en una posada", pero reclama en la justicia el resarcimiento que recibieron otros pobladores, ya que hizo su vida aquí durante más de 20 años. Además, quiere indemnización por un predio que dice tener del otro lado del río y que resultará inundado, y por el mercado de pasajeros que perderá como taxista.

Cuando exista el embalse, el garimpo sólo se podrá sostener con nuevas tecnologías y dragas más grandes, señaló Luiz Medeiros da Silva, gerente de socioeconomía de ESBR, que coordina programas para compensar a los desalojados y mineros, educación ambiental y proyectos que quedarían como legado para el futuro.

Jirau y Santo Antônio constituyen innovaciones en Brasil. Sus turbinas bulbo exigen poca caída de agua para funcionar y, por tanto, embalses menores. Jirau inundará 258 kilómetros cuadrados, una superficie pequeña comparada con represas similares, pues tendrá una capacidad de generar entre 3.300 y 3.750 megavatios.

Los desalojos rurales implicaron sólo 316 procesos, por la baja densidad de población. La mayoría optó por indemnizaciones, mientras 30 reclamaron el reasentamiento. La central Foz do Chapecó, que inundó 79,2 kilómetros cuadrados en el sur del país, implicó el desplazamiento de casi 2.500 familias, comparó Anderson Imolesi, encargado de reasentamiento rural de Jirau.

Los afectados en la zona del río Madeira, además de ser pocos, "no tienen perfil agrícola, son ribereños" que también practican el garimpo y la pesca, observó.

En su opinión, los asistidos se pueden considerar privilegiados. Además de una casa en Nueva Mutum, cada grupo familiar obtuvo un predio de 15 hectáreas para sembrar y una reserva forestal de 60 hectáreas de donde pueden extraer frutas, cumpliendo una exigencia legal.

Además, ESBR promueve una experiencia piloto, combinando piscicultura y horticultura orgánica, que podría abrir alternativas sustentables e ingresos para los reasentados rurales.

El proyecto prevé dos hectáreas de tanques para criar un pez amazónico, el tambaqui (Colossoma macropomum) y ocho hectáreas de huertos, maíz y tubérculos, regadas con el agua residual de la piscicultura que es rica en nutrientes.

La meta es producir 20 toneladas de pescado el primer año, 30 en el segundo y 40 toneladas en el tercer año, señaló Olga Torres, técnica del Instituto Pro Natura que conduce la iniciativa para Jirau. La unidad está planificada para 15 familias que podrán así ampliar sus ingresos.

La capacitación y ejecución, en ciclos de seis a ocho meses, pretende desarrollar un modelo que se pueda aplicar en otras comunidades, añadió Torres. Además, el grupo hará reforestación, recuperando especialmente la vegetación en las orillas de los ríos.

Ese y otros proyectos apuntan a dejar algún legado económico cuando terminen las obras de la hidroeléctrica y desaparezcan por ende miles de empleos en la construcción y el ensamblaje de la planta generadora.

Con ese fin, se encargó el diseño de un plan de desarrollo local a un equipo de la Fundación Getulio Vargas ‒institución de enseñanza superior e investigación de la sureña São Paulo‒ que incluiría un polo industrial vecino a Nueva Mutum, para el cual se dispone de tierras, anunció Medeiros da Silva. Una empresa fabricante de equipos hidromecánicos ya decidió instalarse allí.

Pero, pese a los esfuerzos, no hay forma de mitigar los impactos avasalladores de un megaproyecto como Jirau en un ambiente tan vulnerable. La construcción simultánea y cercana de dos centrales hidroeléctricas agravan las consecuencias.

Hay "indicios serios" de que los indígenas quedarán aislados en el área de influencia de las represas, hecho que exigía estudios previos a las obras, destacó Israel do Vale, coordinador general de la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé, con sede en Porto Velho.

Rondônia tiene 52 etnias indígenas que hablan 30 lenguas diferentes y soportan los graves efectos que desató la rápida ocupación agrícola de su territorio a partir de la década de 1970. Con Jirau están afectados los territorios de dos grupos, karitiana y karipuna, acotó.

"No se cumplieron las medidas condicionantes que las empresas debieron ejecutar también antes de las obras, para asegurar condiciones de supervivencia a los indígenas", se quejó.

El Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués) protesta por la falta de diálogo de ESBR, que contrasta con la actitud de los constructores de Santo Antônio, que aceptaron la negociación y las sugerencias sobre cómo asentar a una comunidad.

De todas formas, los dos consorcios solo reconocen como afectados a los que sufren la inundación del embalse, y excluyen a la población alcanzada por cambios indirectos, como la pérdida de medios de vida, de acceso al transporte o a las escuelas, criticó Ocelio Muniz, coordinador del MAB en Rondônia.

Muniz estima que 10.000 familias verán alteradas de algún modo sus formas de vida por las dos hidroeléctricas. Santo Antônio admite que ese impacto llegará sólo a 1.621 grupos familiares, y Jirau, a muchos menos.

* Este artículo fue publicado originalmente el 21 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98245

Preocupante deforestación del Amazonas

Perdió en un sólo mes unos 600 km² de selva
La deforestación de la selva amazónica de Brasil se ha multiplicado por seis desde el año pasado, según revelan las imágenes satelitales del gobierno brasileño. Esas fotografías muestran que entre marzo y abril del 2011 se destruyeron 593 kilómetros cuadrados de bosque, frente a los 103 arrasados en los mismos meses del año anterior.

Preocupa el impacto ambiental.

La zona más afectada es el estado de Mato Grosso, centro de las plantaciones de soja de Brasil. La mayor parte de la destrucción se ha producido como consecuencia de la quema de grandes extensiones de bosque por parte de agricultuores para el cultivo de soja y algodón. 

Las cifras se conocen en medio de un intenso debate en el parlamento brasileño, que debe decidir sobre una posible flexibilización de las normas de protección ambiental. 

La ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, aseguró que las recientes imágenes "han hecho sonar la voz de alarma" para las autoridades. El ministerio anunció en un comunicado la creación de un "gabinete de crisis" para "evitar la tala ilegal" y evaluar la respuesta ante esta situación. "Nuestro objetivo es reducir la deforestación en julio", dijo la ministra en una conferencia de prensa. 

Las analistas creen que los datos han pillado por sorpresa al gobierno. El pasado mes de diciembre, un informe gubernamental apuntaba que la deforestación en el bosque amazónico había caído a los niveles más bajos en los últimos 22 años. 

En los años 2009 y 2010, la destrucción de bosque fue de 6500 kilómetros cuadrados. En la década de los 90 llegó a superar los 29.000 kilómetros cuadrados anuales. Sin embargo, los últimos datos muestran que entre agosto de 2010 y abril de 2011 se ha producido un aumento de la tala del 27%. 

Cambios en la normativa. El Congreso de Brasil sostiene un acalorado debate sobre la posibilidad de modificar la legislación para la protección del bosque. Se espera que el asunto se lleve de nuevo a la cámara baja a lo largo de esta semana. 

El Código Forestal de Brasil, aprobado en 1934 y modificado en 1965, establece la cantidad de tierra que puede deforestar cada agricultor. 

La normativa actual obliga a que el 80% de las posesiones de terreno en la selva amazónica se mantengan como bosque, pero esa cifra desciende hasta el 20% en otras zonas. 

Aquellos que defienden un cambio aseguran que la ley impide el desarrollo económico y sostienen que Brasil debe permitir el uso de más tierras para la agricultura. 

Sin embargo, los que rechazan esa modificación temen que, en su forma actual, algunos de los cambios propuestos se conviertan en una forma de amnistía para la deforestación que llevan a cabo los agricultores. 

La propuesta de flexibilizar la normativa fue impulsada por el líder del Partido Comunista de Brasil (PCdoB, por sus siglas en portugués) y en el Congreso cuenta con el apoyo de un grupo llamado "ruralistas" que buscan el desarrollo del sector agroindustrial del país.
http://www.diariopanorama.com/seccion/el-mundo_17/preocupante-deforestacion-del-amazonas_a_91402

EXTREMADAMENTE PREOCUPANTE QUE SE CONSIDERE SACRIFICAR LOS DERECHOS HUMANOS EN NOMBRE DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Amnistía Internacional expresa su más profunda preocupación por declaraciones del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, en una entrevista realizada por la BBC en Brasil, que sugieren que los derechos humanos de los pueblos indígenas no deben ser tratados con la misma importancia o seriedad que la tortura, las desapariciones forzadas u otras violaciones derechos humanos ocurridas en el pasado y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería “asesorar” a los Estados en estos temas en lugar de tratarlos como potenciales violaciones de derechos humanos.

Asimismo preocupa a Amnistía Internacional que dichas declaraciones parecen sugerir a la CIDH que revise las medidas adoptadas en el caso Belo Monte contra Brasil, lo cual constituiría una preocupante interferencia de un órgano político de la OEA en la autonomía e independencia del sistema interamericano de derechos humanos. Estas desafortunadas declaraciones se dan en el contexto en que varios Estados, especialmente Brasil, han tomado medidas que podrían interpretarse como represalias contra decisiones de la CIDH que ellos consideran contrarias a sus intereses. Las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas protegen derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales de manera indivisible. Junto con la prohibición de la tortura, por ejemplo, las normas de derechos humanos protegen también a personas y comunidades frente a nuevos desafíos que se presentan en la región, en particular los impactos causados por los planes de desarrollo económico. Los megaproyectos de desarrollo como la Represa Belo Monte en Brasil o la Mina Marlin en Guatemala pueden afectar profundamente los derechos humanos de personas y comunidades. Ese impacto puede ser positivo - por ejemplo, la creación de puestos de trabajo y los mayores ingresos fiscales pueden contribuir al desarrollo social. Sin embargo, los megaproyectos también pueden dar lugar a violaciones de derechos humanos incluidos  daños al medio ambiente, lo que en general afecta desproporcionadamente a los más pobres y marginados. En numerosos países de la región los pueblos indígenas se han visto obligados a abandonar sus tierras, han perdido sus medios de subsistencia y han caído en la pobreza como consecuencia directa de proyectos relacionados al petróleo, gas y minería. A este riesgo se agrega la creciente influencia que tienen las empresas interesadas en llevar a cabo esos proyectos en la toma de decisiones de los Estados. Por esta razón, el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado una serie de estándares y mecanismos para proteger los derechos humanos de las comunidades locales y en especial de los pueblos indígenas. En 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que cuenta hoy con el apoyo de todos los Estados Miembros. Este instrumento complementa el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, ha puesto especial atención a este tema, documentado violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas y ha recomendado a los Estados medidas para evitarlas en el futuro. Entre esas medidas se cuenta la obligación de los Estados de consultar de buena fe con los pueblos indígenas con anterioridad a la aprobación de un proyecto, con el fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado, cuando el proyecto tenga la potencialidad de afectar sustancialmente los derechos de estos pueblos. Este mismo estándar ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Saramaka vs. Surinam. La Corte ha establecido que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que podrían afectar la integridad de las tierras y los recursos naturales del pueblo indígena en cuestión, el Estado tiene no sólo el deber de consultar con el pueblo indígena afectado sino también obtener su consentimiento libre, previo e informado, según sus costumbres y tradiciones. La medida cautelar emitida por la CIDH en el caso Belo Monte está en conformidad con esta tendencia de derecho internacional y solamente recuerda a Brasil que debe detener las obras hasta tanto no realice las consultas correspondientes. Preocupa a Amnistía Internacional que Brasil haya calificado las medidas como “injustificadas y precipitadas” y que haya retirado su candidato a la CIDH para las próximas elecciones. Es igualmente preocupante que el Secretario General de la OEA no sólo no condene esta actitud de Brasil sino que además sugiera que por ser un proyecto de desarrollo de gran envergadura en un país como Brasil, la CIDH debería tomarse la situación con “más calma”, incluso si la subsistencia y otros derechos de pueblos indígenas pudieran estar en riesgo. Esto es particularmente incomprensible cuando un año atrás, en ocasión de la inauguración del 138° período de sesiones de la CIDH y en clara alusión a los ataques dirigidos por otro país a la legitimidad y autoridad de la CIDH, el mismo Secretario General de la OEA subrayara la necesidad de "acatar" las decisiones de la CIDH para fortalecer esta institución de derechos humanos y sostuviera que para ello es necesario también un "diálogo permanente" con el organismo. El escrutinio internacional de la situación doméstica de derechos humanos nunca es agradable para los países involucrados. Sin embargo, los Estados crearon la Comisión Interamericana como un órgano principal y autónomo de la OEA porque entendieron la importancia de la existencia de órganos competentes e independientes para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos que voluntariamente adoptaron.  De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, los miembros de la CIDH son elegidos por los propios Estados miembros de la OEA en la Asamblea General y son personas de “alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos” (artículo 34), y sirven en la Comisión “a título personal” (artículo 36.1). La actitud del Estado de Brasil frente a la medida cautelar emitida por la CIDH en el caso Belo Monte, erosiona la fortaleza y efectividad de un sistema que históricamente ha demostrado ser un elemento catalizador para la efectiva protección de los derechos humanos en la región. El sistema de protección regional pasó de cuestionar los abusos cometidos por gobiernos dictatoriales a advertir las fallas estructurales y los abusos que ocurren en democracia. Los nuevos desafíos de derechos humanos, especialmente en contextos de proyectos de desarrollo, deben ser tomados con la misma seriedad que los demás. El continente americano ha avanzado en materia de protección de los derechos humanos en las últimas décadas pero todavía falta mucho por hacer para proteger los derechos de los más vulnerables y marginados.  La protección de los derechos humanos y la promoción del desarrollo económico no son mutuamente excluyentes y su armonización es uno de los desafíos más importantes de la región. De hecho, las normas de protección de los derechos humanos se reflejan cada vez más en las políticas y los parámetros de préstamos de las instituciones financieras internacionales. Sería extremadamente preocupante que se estuviera considerando sacrificar los derechos humanos de los pueblos indígenas y de otros grupos vulnerables en nombre del desarrollo económico. Amnistía Internacional exhorta a todos los gobiernos de la región, y a los funcionarios nombrados por dichos gobiernos para servir en el sistema regional, a comprometerse públicamente a proteger todos los derechos humanos, especialmente en el contexto de proyectos de desarrollo, y a cumplir de buena fe con las recomendaciones y sentencias del sistema interamericano de derechos humanos.  

Fax (212) 370 0183
http://www.facebook.com/#!/notes/plataforma-interamericana/extremadamente-preocupante-que-se-considere-sacrificar-los-derechos-humanos-en-n/187877224595846

Una población brasileña impide el paso de una carga nuclear

(AFP)

Los nueve camiones cargados con material nuclear permanecen aparcados en la comisaría de policía de Guanambi, en Brasil (AFP, Lunae Parracho)

BRASILIA — Nueve camiones cargados con uranio permanecían el martes varados en una comisaría del estado brasileño de Bahía (noreste), después de que unos manifestantes le impidieran llegar a su destino, la ciudad minera de Caetité, por sospechar que contenían desechos radiactivos.

Cuando la carga se aproximaba a la entrada de la ciudad, unas 3.000 personas trancaron la vía para impedir su paso, obligando a los camiones a dar vuelta e ir a una comisaría de la Policía Militar (PM) de Bahía, a pocos kilómetros de distancia, donde permanecían hasta el martes.

"A Caetité nunca llegó una notificación de la INB (Industria Nuclear Brasileña) sobre la venida de este cargamento", protestó Eloy Ferreira da Silva, de la ONG Comisao Pastoral da Terra, que organizó la manifestación, en un diálogo con la AFP. "Ciertamente el material era muy similar al que se produce aquí, pero sospechamos, por otro lado, que el cargamento venía con desechos nucleares acumulados en Sao Paulo. Es mejor que regresen por donde vinieron", añadió.

La estatal INB aclaró que la carga "fue autorizado por la Comisión Nacional de Energía Nuclear y el IBAMA (ente regulador ambiental)", y que tenía previsto llegar el domingo a Caetité para completar un cargamento de "concentrado de uranio" que sería exportado a Europa. "Las 90 toneladas de uranio natural seguirían hasta Caetité para ser colocadas en embalajes adecuados para el transporte marítimo. Ese material se iba a juntar con el concentrado producido en la zona y sería enviado a Europa para ser enriquecido", explicó en un comunicado la INB.

La ONG Greenpeace acompañó esta manifestación que, según uno de sus portavoces, Pedro Torres, es "reflejo de la falta de gestión del programa nuclear brasileño". "Ahora la carga está expuesta a cielo abierto en el patio de la comisaría, lo que representa un riesgo para la población", añadió Torres.

Brasil, que posee dos centrales nucleares para producción de energía, prevé construir de cuatro a ocho plantas adicionales de aquí a 2030, a pesar de la oposición de la población.

Según un estudio de la consultoría Ibope publicado la semana pasada, el 57% de los brasileños teme un accidente nuclear y el 54% se opone a la energía atómica.
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jOpNG-KMal9UEkMt9BNzv5Mks4tg?docId=CNG.868b63f7ea27f5b4b320a9522e831f9e.841

CARTA PÚBLICA POR QUÉ NO VIAJO A BAJO DE LA ALUMBRERA

Buenos Aires, 26 de abril de 2011  

Hace pocos días, el vicepresidente de Xstrata Cooper, Julián Rooney, me envió una carta -haciéndola extensiva a los demás integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación- para invitarme  a “conocer el yacimiento Bajo de la Alumbrera” en un avión que partía hoy a las 7:30 hrs.

Por medio de esta Carta Pública quiero manifestar las razones por las que rechacé la invitación y no viajé a “conocer” Bajo de la Alumbrera:

No viajo porque “conozco” Catamarca, a donde fui en numerosas oportunidades, y vi los devastadores efectos socioambientales que genera  La Alumbrera en el pueblo catamarqueño.

No viajo porque “conozco” los cien millones de litros de agua por día que utiliza La Alumbrera.

No viajo porque “conozco”  las escandalosas exportaciones de minerales que realiza La Alumbrera por el Puerto de San Lorenzo, en la Provincia de Santa Fe.

No viajo porque “conozco” del tema: tengo cinco proyectos de ley para modificar el andamiaje jurídico que permite el saqueo y contaminación de la explotación minera, uno de ellos que prohíbe la minería a cielo abierto, cuyos fundamentos “invito a conocer” al Sr. Rooney.

No viajo porque “conozco” que quien me dirige la invitación, el Sr. Rooney, fue procesado por la Justicia Federal por violación de la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051) por la contaminación generada por Minera  Bajo de la Alumbrera.

No viajo porque “conozco” de ética pública y no voy a aceptar que una empresa privada financie el viaje de una Diputada Nacional so pretexto de “conocer” sus instalaciones.

No viajo porque “conozco” que la dignidad de un pueblo no se negocia.

No viajo  porque los “conozco”.

Fernanda Reyes Diputada Nacional - Coalición Cívica

Indígenas piden 'basta" a hidroeléctricas y grandes carreteras en Amazonía

02 de mayo de 2011

Indígenas de todo Brasil reclamaron el lunes en la capital que el gobierno ponga freno a los grandes proyectos de infraestructura que afectan a sus tierras, en la Amazonía y otras partes del país.
Los indígenas, con sus plumas, lanzas y pinturas tradicionales, instalaron un campamento frente al Congreso, casi a las puertas de la Presidencia, donde permanecerán hasta el jueves, cuando esperan ser recibidos por la presidenta Dilma Rousseff.
"No vamos a ceder, no dejaremos que construyan ninguna otra hidroeléctrica ni otros proyectos de infraestructura como grandes carreteras que violen la biodiversidad de nuestras tierras, eso es algo sagrado", explicó a la AFP el líder amazónico Marcos Aporina, representante de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB).
El gran proyecto impulsado por el gobierno y al que se oponen los indígenas es la hidroeléctrica de Belo Monte, destinada a ser la tercera mayor del mundo. Esa obra en plena Amazonía fue objetada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que pidió parar el proyecto hasta que los indígenas sean consultados.
Los indígenas de todo Brasil se reúnen desde hace ocho años en un campamento que copia una aldea tradicional, con carpas y barracas de plástico y ramas de palmera, en la principal avenida del gobierno de la capital.
Este año convocaron 800 indígenas de las 230 etnias de Brasil y esperan presentar sus demandas a la presidenta Rousseff, que van de entrega de tierras a educación, salud, y creación de un Estatuto que impulse sus derechos.
"Vivimos en campamentos improvisados en cualquier lugar porque los grandes agricultores de soja invadieron nuestras tierras", denunció Leia Kaiowá, representante de los indígenas guaraní-kaiowá del estado de Mato Grosso do Sul (centro oeste), uno de los casos más dramáticos en el país.
"El presidente Luiz Inacio Lula da Silva reconoció muchas tierras indígenas, pero está paralizado en la justicia. Esperamos que ella (Rousseff) sea más comprensiva, aunque hasta ahora no ha hecho nada por los indígenas", añadió.
La Fundación Nacional del Indio calcula que hay cerca de un millón de indígenas en Brasil (0,5% de de 190 millones de habitantes). El estado les reconoce 12% del territorio nacional.
http://noticias.terra.com.pe/calentamiento-global/indigenas-piden-basta-a-hidroelectricas-y-grandes-carreteras-en-amazonia,babb6ff5ad1bf210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html