domingo, 2 de septiembre de 2012

Sarayaku y Belo Monte: el derecho al consentimiento, a golpe de sentencia

Territorio y recursos naturales - Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

Jóvenes kichwas de Sarayaku, celebran la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

INTERNACIONAL.- Aunque la normativa internacional reconoce el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) ante cualquier acción que afecte a sus territorios, los grandes proyectos de explotación de sus bienes naturales continúan siendo, a día de hoy, los principales obstáculos para su desarrollo autónomo.

Dos recientes sentencias, una de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -caso Sarayaku- y otra de un tribunal federal brasileño -caso hidroeléctrica de Belo Monte- avanzan en la concreción de dicho derecho, y en la obligación de los Estados de establecer los cauces necesarios para que se cumpla.

Ambas son sentencias vinculantes para los Estados involucrados, y fijan la obligación pública de garantizar las consultas y el diálogo de buena fe con los pueblos indígenas afectados, a respetar su derecho a la libre determinación, a impedir la entrada de terceros actores -empresas- en territorios indígenas, cuando los pueblos no han dado su consentimiento, y a reparar los daños causados por decisiones que no observaban estos derechos.






La larga lucha del pueblo kichwa de Sarayaku

Evento celebrado en Sarayaku, a raíz de la sentencia de la CIDH

El miércoles 25 de julio de 2012, la Corte Interamericana comunicaba a la comunidad kichwa de Sarayaku (Amazonía ecuatoriana) su sentencia en el caso que seguía contra el Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde 2003. El conflicto arrancó a partir de la concesión otorgada por Ecuador en 1996 a la petrolera argentina Compañía General de Combustible (CGC) para operar en los territorios ancestrales.

En dicha sentencia, la Corte declara la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la violación en contra del pueblo originario de Sarayaku del derecho a la consulta previa, a la propiedad comunal, a la vida, a la protección judicial y a otros importantes derechos.El pueblo de Sarayaku lleva décadas luchando por el respeto a sus territorios y sus bienes naturales

Las medidas de reparación que el Estado deberá cumplir en virtud de la sentencia, incluyen que frente a “proyectos de exploración o extracción de recursos naturales, o planes de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que impliquen potenciales afectaciones al territorio Sarayaku o a aspectos esenciales de su cosmovisión o de su vida e identidad culturales, el Pueblo Sarayaku deberá ser previa, adecuada y efectivamente consultado, de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia”.

Ya la Corte en el año 2007, en el Caso Saramaka v. Surinam, estableció el estándar del consentimiento libre, previo e informado cuando se trate de proyectos de gran escala que puedan afectar gravemente al territorio y los derechos de los pueblos.

En la audiencia pública por este caso, los representantes de Sarayaku manifestaron su voluntad de que la sentencia creara un precedente legal para toda América Latina que obligue a los Estados a consultar a los pueblos indígenas antes de otorgar concesiones petroleras o mineras.

Mediante un comunicado, el pueblo originario de Sarayaku “manifiesta su satisfacción por esta victoria alcanzada gracias al esfuerzo de su pueblo y al apoyo de personas y organizaciones solidarias y comprometidas con los derechos de los pueblos indígenas y manifiesta que estaremos atentos a que la sentencia sea cumplida y que los territorios de los Pueblos Indígenas sean respetados frente a actividades extractivas dañinas como la explotación petrolera".






Indígenas contra la tercera mayor hidroeléctrica del mundo

Obras para la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el Estado de Pará (Brasil)

La represa de Belo Monte es una central hidroeléctrica que se está construyendo en el río Xingú en el Estado de Pará, que tendrá un coste aproximado de 5.000 millones de euros, y que afectará a los territorios de los pueblos kayapós, araras, jurunas, arawetés, xikrines, asurinis y parakanãs. De entrar en funcionamiento, también influirá dramáticamente sobre los modos de vida de pueblos en aislamiento voluntario, que habitan en las inmediaciones.

La concesión fue otorgada por el Gobierno de Lula da Silva en 2010, al consorcio Energía del Norte, en base a las proyecciones realizadas ya en los años 80 por los gobiernos militares. Desde entonces, los pueblos indígenas de la región han mostrado su oposición, a pesar de la cual se iniciaron las obras a principios de 2011.

A las protestas indígenas se han sumado organizaciones ambientalistas y movimientos socialesEn la sentencia del 14 de agosto, la Corte Federal de la 1ª Región (con sede en Brasilia) revocó la licencia y la instalación de la central y dictó la suspensión de las obras, indicando que la consulta a los pueblos implicados debe ser previa, y que la “opinión de los indígenas debe ser tenida en cuenta” a la hora de otorgar la licencia, en cuanto su entorno cultural y su medio ambiente se verán profundamente afectados. La resolución está basada en la Constitución Federal de Pará, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Brasil.

En su voto recogido en la sentencia, la jueza Selene Almeida se expresó de la siguiente manera: “Nuestros quinientos años de errores relativos al trato dado a los pueblos indígenas no se justifican, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y de la conciencia social y ética que adquirió este país, principalmente tras la redemocratización”.

Esta sentencia es histórica, pues reconoce la obligatoriedad de realizar la consulta de manera transparente, y viene a dar continuidad a informes previos de la propia OIT, y a interpelaciones planteadas anteriormente tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como por el Ministerio Público Federal de Brasil, al gobierno, en las que se solicitaba la suspensión de las obras de edificación de la hidroeléctrica.

A pesar de estos avances, con fecha 27 de agosto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) autorizó la reanudación de las obras, aduciendo “la concurrencia de daño grave e irreparable sobre el patrimonio público, sobre la economía y sobre la política energética brasileña”, aclarando que procederá a un análisis más detallado del caso.

http://www.codpi.org/observatorio/134-sarayaku-y-belo-monte-el-derecho-al-consentimiento-a-golpe-de-sentencia

domingo, 26 de agosto de 2012

Las hidroeléctricas vs. el Pantanal

Situado en su mayoría en Brasil, y conocido durante la época de la conquista española con el nombre de Laguna de Jarayes, el Pantanal es una llanura aluvial inmensa que cubre algunas partes de Bolivia y de Paraguay. Es el humedal más grande del mundo, ubicado en la región del Mato Grosso y Mato Grosso do Sul brasileño y alcanzando en sus extremos hasta Paraguay y Bolivia, con una extensión total de 220.000 km2. Es posiblemente el ecosistema más rico del mundo en biodiversidad de flora y fauna.


"No estamos en contra de la generación de energía para el país, pero queremos saber cual es el precio que vamos a pagar. Queremos saber de los impactos, de las consecuencias. Queremos combinar la energía con lo sustentable", dijo el fiscal federal en Coxim, Daniel Fontenele.

El Pantanal está apoyado en una depresión de la corteza terrestre formada por el mismo proceso que dio origen a la Cordillera de los Andes; a ella afluyen varios ríos, que conjuntamente componen un enorme delta interno en el que vuelcan sus sedimentos. El principal de estos es el río Paraguay. Debe sumársele una pluviosidad media anual de entre 1.000 y 1.400 mm.

Durante la estación húmeda, entre diciembre y mayo, el nivel de agua sube hasta 3 m y el Pantanal se anega en un 80%, dando lugar a un sistema en el que predomina la flora acuática, que alcanza aquí una expresión sin igual en ningún otro lugar del mundo.

Preocupados con los daños irreversibles que las represas ubicadas en la cuenca del Alto Paraguay pueden causar al Pantanal, el Ministerio Público Federal brasilero y el de Mato Grosso do Sul presentaron una acción civil en un tribunal federal de la localidad Coxim para la suspensión de los proyectos hidroeléctricos que generan algún daño al Pantanal hasta estudiarse el impacto acumulativo de esas actividades.

Si es aceptado por el Tribunal, la solicitud el pedido cautelar debe detener los procesos de licenciamiento ambiental de los proyectos en la etapa donde están. Están instalados o listos para ser instalados alrededor del Pantanal 126 emprendimientos y hay 23 solicitudes pendientes. El impacto acumulativo es el conjunto de los impactos ambientales de todos los proyectos.

"No estamos en contra de la generación de energía para el país, pero queremos saber cual es el precio que vamos a pagar. Queremos saber de los impactos, de las consecuencias. Queremos combinar la energía con lo sustentable", dijo el fiscal federal en Coxim, Daniel Fontenele. Según él, lo que pasa es que los estudios son específicos para cada proyecto, independientemente del total de impactos ambientales acumulados.

Para los fiscales, en un bioma complejo y sensible como el Pantanal, no basta sumar los impactos individuales. "Es necesario analizarlos en conjunto, teniendo en cuenta toda la Cuenca del Alto PAraguay", dice Fontenele.

Para los efectos simultáneos se consideren, el Ministerio Público pide que la Justicia determine una evaluación ambiental estratégica (AAE) en toda la cuenca, incluyendo los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. El estudio debe basarse en una bibliografía especializada y contar con la participación de los sectores científicos y de la sociedad civil organizada.

Para el Ministerio Público, el proceso judicial fue la única manera de obligar a los organismos ambientales a realizar la AAE y evitar daños. Tres audiencias públicas y varias recomendaciones y oficios fueron enviados por el organismo ministerial a las instituciones provinciales y federales del medio ambiente, pero las medidas no se transformaron en acciones concretas.

Peces

Un estudio publicado por la organización no gubernamental (ONG) Rios Vivos indica que la instalación de represas va a cambiar el ritmo de inundación de la llanura y dañará la biodiversidad"limitando la migración de los peces que suben los ríos para la reproducción y reteniendo organismos acuáticos importantes para la alimentación de los animales".

"Por otra parte, causará considerables impactos sociales, teniendo en cuenta la existencia de comunidades costeras a lo largo de los ríos a ser excluidas", dice la ONG.

La acción, firmada por los procuradores Wilson Rocha Asís, Hemerson Kalif Siqueira y por el fiscal Alexandre Rasslan, está en contra de la Unión Federal, los estados de Mato Grosso do Sul y Mato Grosso, la Agencia Reguladora de Electricidad de Brasil (ANEEL), la Empresa de Investigación Energética (EPE), el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y el Instituto de Medio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

El Ministerio Público quiere que el IBAMA, el Imasul y al Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Mato Grosso sean obligados a limitar los futuro permisos ambientales sobre evaluación ambiental estratégica, que debe ser realizada por la EPE -vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Cuando los proyectos comiencen a funcionar, el MP quiere que la renovación de las licencias de operación expresamente los nuevos requisitos-.

En la demanda, los procuradores y el fiscal destacaron que "admitir la continuidad de la expansión del sector eléctrico en la cuenca en que está el Pantanal, sin un estudio adecuado de los impactos acumulativos de los proyectos de energía hidroeléctrica, es un acto contrario a la ley y a la Constitución, que puede herir de muerte a uno de los biomas más notables del mundo".
http://www.urgente24.com/203684-las-hidroelectricas-vs-el-pantanal

Paralización de Belo Monte preocupa a empresas cercanas a la hidroeléctrica


BRASILIA – La paralización de las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte, iniciada ayer por orden judicial, preocupa a los pequeños y medianos empresarios de la región de Altamira, en Pará, principal municipio afectado por el emprendimiento.
Según el Foro Regional de Desarrollo Económico y Socioambiental de la Transamazónica y Xingu ( Fort Xingu), compuesto por más de 200 entidades de la sociedad civil, la región podrá “sufrir serios problemas de orden económico, social y ambiental”, en caso de que se mantenga la interrupción de las obras.
“La paralización de las obras de construcción de la planta, además de ser una grave demonstración de inseguridad jurídica para los emprendedores privados interesados en invertir en el avance de la infraestructura en el país, constituye un retroceso en el proceso de mejora de la matriz energética brasileña en lo que respecta al medio ambiente”, afirmaron los representantes de la institución.
Los empresarios dijeron que la paralización significa frenar también acciones como el Plan de Desarrollo Regional Sustentable del Xingu (PDRSX), programa que prevé R$ 500 millones en inversiones de los emprendedores responsables por la central. “El sector empresarial de la región podrá sufrir con un proceso de falencia en masa, porque la mayor parte invirtió mucho para atender la demanda generada por la construcción de la planta”, comentó la institución.
La semana pasada, el Tribunal Regional Federal de la 1° Región (TRF-1) determinó la suspensión de la construcción de la planta alegando que el Congreso Nacional debe consultar a los indios de la región sobre el impacto del proyecto.
La decisión del juez federal Souza Prudente se basó en la Constitución brasileña y en la legislación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para pedir la interrupción de las obras.
(André Borges / Valor)

martes, 14 de agosto de 2012

Aun bajo amenazas de pistoleros, indígenas Guaraní Kaoiwá van a permanecer en su territorio

El pasado viernes (10), indígenas Guaraní Kaiowá en Mato Grosso do Sul (MS), centro-oeste de Brasil, cansados de la lentitud de la justicia, decidieron retomar parte del tekoha (territorio sagrado) Arroio Koral, ubicado en el municipio de Paranhos. Pocas horas más tarde, cuando los cerca de 400 indios todavía estaban montando su campamento, pistoleros invadieron el lugar, creando una situación de miedo y terror, para hombres, mujeres y niños acampados.
La acción produjo algunos indígenas con heridas no graves. Además, permanece desaparecido el Guaraní Kaiowá João Oliveira, quien no pudo huir. Con la llegada de la Fuerza Nacional los pistoleros se dispersaron y huyeron.
Al momento del ataque, los/as indígenas corrieron y se dispersaron por el bosque, sin embargo, pasados los momentos de pánico, gradualmente los Guarani Kaiowá fueron regresando al campamento y, ahora, incluso sintiéndose inseguros y asustados, pretenden permanecer en el lugar.
El Guaraní Kaiowá Dionisio Gonçalves asegura que los indígenas están firmes en su decisión de permanecer en el tekoha Arroio Koral, incluso siendo conscientes de las adversidades que tendrán que enfrentar, ya que el territorio sagrado reivindicado por ellos, está en medio de una hacienda.
"Estamos decididos a no salir de aquí, decidimos permanecer y vamos a permanecer. Pueden venir con tractores, nosotros no saldremos. La tierra es nuestra, esto ya fue reconocido hasta por el Supremo Tribunal Federal. Si no nos permiten permanecer aquí, será mejor que nos manden ataúd y cruz, porque vamos a quedarnos aquí”, aseguró.
Dionisio informó que actualmente los líderes indígenas están esperando la llegada de la Policía Federal al campamento para iniciar las investigaciones sobre lo ocurrido y para llevar a cabo la búsqueda de João Oliveira. "Ellos Dijeron que vendrían después de las 12 horas, les estamos esperando a ellos y a otros órganos para resolver el problema," expresó.
Conflicto de tierra
La batalla de los indígenas por recuperar la tierra, no es de ahora en Mato Grosso do Sul. Este es el Estado, con las mayores tasas de asesinatos de indígenas, la población autóctona lucha desde hace varios años por la devolución de sus tierras tradicionales y lugares sagrados. Dentro de este contexto de lucha ha habido varios ataques como el del pasado viernes, muchos ordenados [y pagados] por hacendados descontentos con la devolución de tierras a sus legítimos y verdaderos dueños.
El conflicto de tierras llevado al poder judicial, que involucra el territorio indígena sagrado Arroio Koral parecía estar resuelto, cuando el entonces Presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó en diciembre de 2009, un decreto homologando la demarcación de tierras. Sin embargo, en enero de 2010, el Supremo Tribunal Federal (STF), presidido por el Ministro Gilmar Mendes, suspendió la vigencia del decreto presidencial referidas a las haciendas Polegar, São Judas Tadeu, Porto Domingos y Potreiro-Cora.
El proceso continúa avanzado, pero muy lentamente, ya que todavía no ha sido votado por todos los Ministros. Así que, cansados de la lentitud de la Justicia brasileña, el Guaraní Kaiowá han decidido retomar la tierra que reivindican.
Los indígenas escribieron una carta a los Ministros del Supremo Tribunal Federal y al Gobierno Federal en la que reivindican el desalojo de los hacendados que todavía están ocupando y destruyendo territorios tradicionales ya demarcados y reconocidos por el Estado brasileño y por la Justicia Federal y requieren la devolución inmediata de todos los antiguos territorios indígenas.
"Sabemos que los pistoleros de los hacendados nos van a matar, pero aún así, nuestra manifestación pacífica empieza hoy 10 de agosto de 2012. Finalmente, pedimos, con urgencia, la presencia de todas las autoridades federales para registrar nuestras manifestaciones pacíficas, étnicas y públicas por la total devolución de nuestros territorios antiguos", expresa el último párrafo de la carta firmada por los líderes, rezadores, las mujeres pertenecientes al pueblo Kaiowá Guaraní de campamentos y los márgenes de la carreteras amenazados por pistoleros de las haciendas, de los territorios re-ocupados y Reservas/Aldeas Guaraní y Kaiowá en Mato Grosso do Sul.
Traducción: ricazugaa51@yahoo.com

sábado, 11 de agosto de 2012

Energía Nuclear: en Ceará, Jornada pone en discusión los riesgos que representan estas inversiones

Rogéria Araújo
Periodista de Adital
Adital
Más allá del discurso desarrollista presentado por emprendedores de la industria nuclear en Brasil, todavía hay varias cuestiones que necesitan ser discutidas sobre estos tipos de inversiones y lo que realmente traen a las poblaciones. Éste es uno de los motivos que llevó a las organizaciones a realizar en los próximos días 11, 12, 13 y 14 de agosto la I Jornada Antinuclear de Ceará "El presente que tenemos en Caetité – BA y El futuro que queremos en Santa Quitéria – CE”, que va a tener lugar en municipios cearenses, los cuales serán posiblemente damnificados por la implantación del Proyecto Santa Quitéria, de las Industrias Nucleares de Brasil, previsto para ser efectivizado en 2015.



El evento contará con la participación de representantes de movimientos y de las propias comunidades de Caetité, en Bahía, donde hace más de 12 años las Industrias Nucleares de Brasil (INB) explotan uranio. Con el próximo proyecto previsto para ser implantado en la mina Itataia, entre los municipios cearenses de Santa Quitéria, Itatira y Madalena, la organización del evento creyó oportuno que las comunidades cearenses conozcan más sobre la realidad de otras comunidades que ya vienen siendo afectadas desde hace mucho tiempo.



Para la profesora de la Universidad Federal de Ceará, Ana Claudia de Araújo Teixeira, que es parte del Núcleo Trama (Trabajo, Medio Ambiente y Salud para la Sustentabilidad), vinculado al Departamento de Medicina, lo que se ha observado en relación con el proyecto cearense es que no se tienen informaciones claras sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente.



En un relevamiento presentado por el consorcio INB/Empresa Galvani sólo tres comunidades estarían en el entorno de la planta física, pero un mapeo realizado por las organizaciones y entidades que constituyen la Articulación Antinuclear de Ceará mostró que más de 40 comunidades serán afectadas.



"Existe mucha expectativa en razón del discurso del desarrollo, que habla de más inversión para el estado, de generación de empleo e ingresos. Pero no se habla de las posibilidades de los daños a la salud que pueden llegar a ocurrir. En Caetité ya existen evidencias de esos daños”, dijo la profesora Ana Claudia.



Según ella, va ser muy provechosa la participación de los invitados bahianos, pues ellos podrán hablar claramente sobre la realidad que viven. Ana Claudia agregó que muchos de ellos hablarán, por ejemplo, sobre las condiciones de trabajo, uno de los principales atractivos remarcados por los inversores. Se sabe que en Caetité las condiciones laborales son precarias. El año pasado, el Ministerio de Trabajo llegó a interdictar la unidad bahiana por infracciones a la seguridad de los empleados.



"Es preciso evaluar bien ese discurso de generación de empleo e ingresos. ¿El desarrollo es para qué y para quién? ¿Qué condiciones laborales se ofrecerán a las personas de las comunidades? En general, son empleadas en funciones que exigen esfuerzo físico, en sectores que no exigen calificación. Los ‘mejores’ empleos, digamos, van para las personas que vienen de afuera”, dijo la profesora.



Otra dificultad que enfrentan los habitantes bahianos se genera a la hora de producir y comercializar sus productos. "Ellos tienen dificultades porque los compradores piensan que los productos están contaminados”, agregó.



La Jornada



La Jornada pretende reunir a representantes de las comunidades de Itatira, Santa Quitéria y Madalena para que puedan intercambiar experiencias y saber más sobre el proyecto nuclear y sus implicaciones. Así, los encuentros se realizarán en las comunidades de los respectivos municipios.



El día 14, en Fortaleza, capital, se realizará el seminario de lanzamiento del Informe de la Misión Caetité: Violaciones de Derechos Humanos en el Ciclo Nuclear, de la plataforma Dhesca (Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales).

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=69553

jueves, 26 de julio de 2012

Brasil contrata Exército dos EUA para planejar hidrovia no São Francisco


Codevasf pagará R$ 7,8 milhões por projetos para navegabilidade do rio.
Exército brasileiro diz não ver risco para a segurança nacional.




Engenheiros do Exército dos EUA (sem uniforme)
visitam área do São Francisco com militares do
Exército do Brasil (Foto: Codevasf/Divulgação)A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), órgão do governo federal subordinado ao Ministério da Integração, contratou o Corpo de Engenharia do Exército dos Estados Unidos (Usace) para estudar alternativas que tornem navegável o Rio São Francisco, um dos mais importantes cursos d´água do país e da América Latina.

O contrato, de R$ 7,8 milhões (US$ 3,84 milhões), foi assinado em dezembro do ano passado e, em março deste ano, os primeiros engenheiros do Exército norte-americano chegaram ao Brasil com a missão de desenvolver projetos que contenham a erosão nas margens e facilitem a construção de uma hidrovia no São Francisco.

Na semana passada, o comandante do Comando Sul das Forças Armadas dos EUA, brigadeiro Douglas Fraser (que responde diretamente ao secretário de Defesa e ao presidente Barack Obama), esteve em Brasília para saber como anda o trabalho.

“O contrato tem o prazo de três anos, em que os engenheiros do Usace devem nos apresentar 12 projetos de assessoria técnica para a navegação do rio. São estudos sobre dragagem, controle de erosão e estabilização das margens, geotecnia, dentre outros”, disse ao G1 o gerente de concessões e projetos especiais da Codevasf, Roberto Strazer.

Segundo ele, a parceria teve início após troca de e-mails entre funcionários da Codevasf e o Usace para aproveitar o conhecimento da engenharia militar dos EUA no Rio São Francisco.

“Eles possuem em um conhecimento incrível em navegação que queríamos usar. São técnicos e temos muito a ganhar com a parceria. A navegação do São Francisco é extremamente precária e subutilizada, principalmente na época de estiagem”, acrescentou Strazer.

O corpo de engenheiros militar dos EUA foi criado em 1882 para atuação em desastres, como enchentes, terremotos e furacões, e reconstrução, apoiando as ações militares no Iraque e Afeganistão. O Usace é responsável pela navegação dos rios Mississipi e Ohio e também por parte do controle do transporte marítimo interno nos EUA. Todos os chefes do órgão são militares, com a patente de general, do Exército americano.



Engenheiros do Exército americano fazem medições
no rio São Francisco (Foto: Codevasf/Divulgação)

“É preciso que se explore mais a navegação do São Francisco. Além de ter o menor custo por tonelada, o transporte através dos rios tem menor impacto no meio ambiente”, afirmou Strazer.

A Codevasf aponta que há grande potencial de navegabilidade em uma faixa de de 1.371 km, entre Pirapora (MG) até Juazeiro (BA)/Petrolina (PE), que é ainda inexplorado.

Estabilização de margens
Dois engenheiros civis do Usace ficam permanentemente no Brasil fazendo os estudos e avaliações nas margens dos rios e trabalhando, de forma coordenada, com um grupo de militares e civis do Exército norte-americano em Washington.

“Um dos projetos que eles desenvolvem é validar conhecimentos de navegação e estabilização de margens em um campo de provas que temos em Barras, na Bahia”, disse Strazer. A ideia é tornar todo o rio navegável a partir de pequenos trechos ao longo do seu curso.

Em Brasília, no último dia 10, o presidente da Codevasf, Elmo Vaz, apresentou ao comandante do Comando Sul das Forças Armadas dos EUA - responsável por todas as ações militares norte-americanas na América Latina - o andamento dos trabalhos. Só para cumprir a meta de tornar os primeiros 657 km do Velho Chico navegáveis, servindo de via de escoamento da produção, serão investidos até o final de 2012 mais de R$ 73 milhões.
Comandante do Comando Militar Sul dos EUA, respon-
sável pelas operações americanas na América Latina,
recebe informações sobre o projeto
(Foto: Codevasf/Divulgação)

O Rio São Francisco atravessa os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e serve de divisa natural entre Sergipe e Alagoas até desaguar no Oceano Atlântico.

Um projeto do Ministério da Integração busca transpor parte das águas do rio para aproveitá-lo também para irrigação no Ceará e Rio Grande do Norte, servindo de eixo de ligação do Sudeste e do Centro-Oeste com o Nordeste do país.

Segurança nacional
O gerente de projetos da Codevasf disse não ver riscos à segurança nacional em trabalhar com o Exército norte-americano. “Essa preocupação foi levantada na fase inicial do contrato. Eu já o recebi fechado, no início deste ano. Não vejo riscos, pois as informações que eles estão tendo acesso no local não são nada que se possa ocultar por imagens de satélite”, afirmou Roberto Strazer.

Ele acrescentou ainda que o Exército brasileiro também está trabalhando no rio com projetos de navegabilidade e está em contato com os miltiares americanos. “Há engenheiros do Exército brasileiro em um projeto de estabilização das margens de Ilha da Tapera, na Bahia, que estão em contato com os americanos também. Há interesses nacionais envolvidos, mas buscamos intercâmbio técnico."

O Exército informou, por meio da assessoria de imprensa, que visitou a sede do Usace, nos EUA, e que engenheiros militares brasileiros estão próximos à área onde os americanos estão trabalhando no São Francisco. O Exército também disse que não vê riscos na parceria em relação ao vazamento de dados relativos à segurança nacional.

O chefe da missão do Usace no Brasil, Calvin Creech, confirmou que atualmente trabalham no país dois engenheiros civis do órgão, especializados em hidráulica e geotecnologia. "O Usace está apoiando a Codevasf. Esse trabalho é importante para os Estados Unidos porque melhorar a navegação do Rio São Francisco trará benefícios sociais para a região, reduzindo os custos associados com o transporte de produtos agrícolas", disse Creech ao G1.

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/07/brasil-contrata-exercito-dos-eua-para-planejar-hidrovia-no-sao-francisco.html

jueves, 19 de julio de 2012

Mapa de la Violencia presenta aumento de homicidios contra niños y adolescentes en el país



La tasa de homicidios entre niños y adolescentes en Brasil entre 1980 y 2010 aumentó 346%. Esto es señalado por el nuevo Mapa de la Violencia 2012 - Niños y Adolescentes de Brasil, presentado este miércoles (18). El alto índice de asesinatos de niñas y niños, posicionó al país en el 4° lugar en una lista de países con las mayores tasas de homicidio entre los niños y adolescentes.

Según la investigación, durante las tres décadas analizadas más de 175 mil niños y niñas de cero a 19 años de edad, perdieron sus vidas por la violencia. Sólo en 2010, 8.686 niños/as fueron asesinados/as en el país.

El estudio llama la atención sobre el hecho de que, en estos 30 años, mientras las tasas de mortalidad de niños y adolescentes por causas naturales disminuyeron, las muertes por factores externos aumentaron. Entre estos factores destacan homicidios, accidentes de tránsito y otros accidentes. Según el informe, en 2010, estas tres causas representaron más de 90% del total de defunciones de niños y adolescentes por causas externas, correspondiendo a los homicidios el primer lugar (43.3% de las muertes), seguido por accidentes de tránsito (19,7%) y otros accidentes (19,7%).

Lo que llama más la atención es el crecimiento en el número de asesinatos. En 2010, 8.686 niños y niñas fueron muertos/as en el país, lo que representa una tasa de 13,8 homicidios por cada 100 mil niños y adolescentes. Diez años antes, la tasa fue de 11,9 por cada 100 mil.

"Entre los 99 países con datos recientes en las bases estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, Brasil, con su tasa de 13,0 homicidios por cada 100 mil niños y adolescentes, ocupa la cuarta posición internacional, sólo superada por El Salvador, Venezuela y Trinidad y Tobago", destaca.

El documento también muestra la diferencia de tasas por unidades de la Federación [estados] y los municipios. Según la publicación, mientras que Estados como Piauí y Sao Paulo tienen tasas de homicidio de 3.6 y 5.4 por cada 100 mil, respectivamente; en Alagoas y Espírito Santo, estas tasas alcanzan a 34,8 y 33,8 por 100 mil habitantes.

Movilizaciones

Preocupadas por el elevado número de homicidios en Espírito Santo, organizaciones sociales y juveniles promueven la Campaña Estadual Contra la Violencia y el Exterminio de Jóvenes. La idea es llamar la atención de la sociedad y representantes del Gobierno sobre las altas tasas de violencia contra los jóvenes en el estado.

Miembros de la Campaña, convocaron, para este jueves (19), un acto público en el Centro de la capital de Espirito Santo para alertar a la población sobre la realidad que enfrentan los jóvenes en el estado. La programación contempla presentaciones culturales, lanzamiento de la cartilla sobre la campaña y lanzamiento del Pacto en Defensa de la Vida de la Juventud, documento que se presentará a candidatos/as que compiten en las elecciones municipales este año.

Violencia policial

La violencia contra los/as jóvenes fue también objeto de debate la noche de ayer (18), en São Paulo (SP). El encuentro, auspiciada por el Fórum Hip Hop municipal de São Paulo, destacó la violencia policial contra la juventud negra en el estado.

La actividad reunió a los movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, Pastoral Carcelaria, Defensoría Público, entre otras entidades, para discutir el problema de la violencia policial en el estado y buscar estrategias para denunciar esta situación. En el encuentro, los/as participantes acordaron crear una comisión para celebrar una audiencia pública sobre el tema y promover una campaña contra la violencia promovida por agentes del Estado.

Con informaciones de agencias.

Traducción: ricazuga51@yahho.com

http://www.adital.com.br/jovem/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=68939

viernes, 13 de julio de 2012

SOBRE AS AÇÕES ANTIDEMOCRÁTICAS DO GOVERNO DILMA


O PASSADO DURA MUITO TEMPO: NOTAS SOBRE AS AÇÕES ANTIDEMOCRÁTICAS DO GOVERNO DILMA NA GREVE NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS

Roberto Leher (UFRJ)
A postura do governo Dilma frente à greve nacional dos docentes e, mais recentemente, dos técnicos e administrativos das IFES, não pode ser compreendida como uma mera contenda trabalhista. Se a greve é tão ampla, abrangendo 58 das 59 universidades federais, e foi capaz de lograr grande adesão interna, é porque conta com a adesão esclarecida de sua base. As vozes dos professores, animadoramente polissêmicas, convergem, de distintos modos, para a necessidade de um outro horizonte de futuro para a universidade pública, abrangendo a carreira, as condições de trabalho e o padrão remuneratório como fundamentos materiais da autonomia didático-cientifica das universidades.
De fato, o reclamo da falta de autonomia na definição dos cursos é geral, situação particularmente tensa nos novos campiem que cursos minimalistas, fast delivery diploma[i], nos moldes do bacharelado/licenciatura interdisciplinar, proliferam provocando insatisfação entre os docentes e estudantes. O mesmo sentimento de indignação frente à perda de autonomia está presente na pós-graduação, hiperintensificada e submetida, e ao heterônomo controle produtivista da CAPES que, cada vez mais, inviabiliza a produção rigorosa e sistemática de conhecimento e a formação verdadeiramente universitária de mestres e doutores.
A greve possui pauta precisa e objetiva: carreira, malha salarial e condições de trabalho (mais concursos e recursos para as instituições) e é luminosa: insere na agenda educacional a necessidade de crítica a esse modelo de expansão da educação superior, muito fortemente inspirado nos community colleges e no processo de Bolonha e não muito diferente da expansão na Argentina no triste período menemista.
Os “espíritos do passado” seguem oprimindo o presente
A semelhança das políticas educacionais dos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff com as de Cardoso não decorre da mera cópia, mas, antes, da força das frações burguesas dominantes no bloco de poder que vem sendo consolidado desde a  primeira eleição de Cardoso e que conhece seu esplendor nos governos Lula da Silva e Dilma. Tais frações burguesas dominantes – e agora hegemônicas no bloco de poder – abandonaram qualquer traço de projeto de nação autopropelido e, por isso, consideram que a universidade funcional ao modelo não pode possuir real autonomia. Esse é o impasse de fundo da greve e que leva o governo Dilma a agir de modo semelhante ao de Cardoso.
Examinando o movimento de constituição do bloco de poder gerenciado pelos governos Lula e Dilma não surpreendente que o ex-ministro da educação Fernando Haddad tenha sido alçado a condição de candidato de Lula da Silva à prefeitura de São Paulo. Tampouco poderia surpreender o apoio de Paulo Salim Maluf ao candidato, um gesto político certamente justo. Afinal, o seu partido, herdeiro da antiga ARENA, é base do governo.
Injustiça mesmo seria o não apoio de Paulo Renato de Souza à Haddad, se vivo fosse. Afinal, o pretendente a prefeito lhe prestou sistemática homenagem ao seguir com maestria as principais diretrizes do octanato de Paulo Renato no MEC: apoiou decididamente o setor educacional privado-mercantil, oferecendo subsídios públicos que nem mesmo seu mentor educacional ousou realizar – como as isenções tributárias ao setor mercantil, por meio do PROUNI e como os imensos subsídios públicos do FIES –, despencando a taxa de juros para o comprador da mercadoria educacional, o que obviamente exige crescentes subsídios públicos para custear a diferença entre os juros referenciados na taxa SELIC e os praticados no programa.
O resultado dessas políticas foi a redução da participação das matrículas das universidades federais. Embora ampliadas em termos absolutos ao longo da década, inclusive com os referidos cursos fast delivery e com os inacreditáveis cursos de graduação a distância constrangedoramente precários, a taxa de expansão das matrículas federais foi em menor proporção do que a das privadas turbinadas pelo PROUNI e pelo FIES, passando de magros 16,6% das matrículas totais em 2001 para 14,7% em 2010[ii], em benefício das grandes corporações e fundos de investimentos que controlam os principais grupos privados.
Mas a injustiça seria incomensurável não apenas pelo que Haddad fez em prol do privado-mercantil. Afinal, a ação geral do governo Dilma na atual greve das Federais segue o modus operandi cunhado pela dupla Fernando Henrique Cardoso-Paulo Renato e que, nos anos 1990 e no início da década de 2000, gerou pesadas críticas dos petistas aos tucanos. A reiteração dos atos dos tucanos como justos e corretos não pode deixar de ser compreendida como um tardio, mas honesto, desagravo aos “injustiçados” tucanos.
De fato, por ocasião da grande greve dos professores das universidades federais de 2001, a dupla se recusou a negociar com os professores, postergando as audiências, como se fosse algo indiferente para eles o fato de que mais de 500 mil estudantes e o conjunto das universidades federais tivessem de manter 108 dias de greve para lograrem negociações efetivas[iii]. Após dois meses de greve, Cardoso  e Souza perceberam que os docentes lutariam por sua dignidade e em prol da defesa da universidade pública, empreendendo uma cruzada repressiva de grande monta: elaboraram um decreto para coibir as greves, cortaram os salários dos professores e bloquearam o repasse de recursos do MEC para as IFES, retirando o alimento da mesa dos professores, forçando-os a regressar ao trabalho derrotados, “de joelhos”, no dizer da Liminar contra o bloqueio do pagamento elaborada pelo ministro Marco Aurélio Mello do STF[iv], e de cabeça baixa. Seria uma grande falta de rigor histórico ignorar que, em 2001, grande parte dos parlamentares do PT ficou ao lado dos professores, promovendo denúncias e ações que viabilizassem as negociações.
Contudo, o terreno político se move sem perder os nexos com a base econômica. As frações das classes dominantes que dirigem o bloco de poder sempre pesam nas decisões. A aliança das forças políticas que outrora estiveram nas trincheiras da oposição a Cardoso com o grande capital flexibilizou os seus posicionamentos ético-políticos em todos os domínios, conformando um processo que Gramsci denominou de transformismo. Por isso, quando onze anos mais tarde, em 17 de maio de 2012, os professores deflagraram a já mencionada robusta greve – insatisfeitos com o estilhaçamento de sua carreira, com o arrocho salarial que coloca os docentes no rodapé da remuneração dos servidores públicos federais e com a inaudita intensificação do trabalho imposta por uma expansão sem planejamento, recursos e concursos compatíveis com a expansão dos campi, das matrículas, dos cursos e da pós-graduação – o governo Dilma, com o silêncio obsequioso de Aloísio Mercadante,  empreende medidas postergatórias e, como a greve se estende no tempo por sua única responsabilidade, promove medidas repressivas para derrotar os professores e técnicos e administrativos.
Com efeito, o atual governo reproduz os mesmos atos da dupla tucana (2001) na atual greve das IFES: desmarcou todas as audiências que poderiam abrir o processo de negociação e mesmo após 53 dias de greve, finge ignorar que 58 das 59 universidades estão em greve, afetando um milhão de estudantes, bem como pesquisas e atividades de extensão. A força do movimento grevista, entretanto, logrou romper o silêncio cúmplice dos grandes meios de comunicação e não foram poucas as vozes de importantes setores que se solidarizaram com a greve. Surgiu, assim, a oportunidade de repetir a história (como farsa). Faltava a medida repressiva, a mesma de Cardoso e Souza: retirar o alimento dos professores, esperando, assim, a volta ao trabalho derrotados, humilhados e cabisbaixos e sem reclamar mais dos seus magros vencimentos até 2015. E mais: que ficariam silenciados diante da refuncionalização da universidade pública federal como “escolões” que ministram aguadas pinceladas de conhecimentos aos futuros trabalhadores, possibilitando manter os fundamentos do capitalismo dependente, entre os quais a hiperexploração do trabalho.
A presidenta Dilma poderia ter examinado melhor as consequências advindas da aplicação da instrução do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG 552047, de 06/07/2012) impondo o corte de salário dos grevistas. Trata-se de uma medida inconstitucional, pois desrespeita o preceito da autonomia universitária. Conforme a memorável liminar obtida pelo Andes-SN, por ocasião do bloqueio do repasse dos salários pelo MEC na greve de 2001, o ministro Marco Aurélio de Souza, do STF, expôs, de modo raramente visto em manifestações do judiciário, que as universidades estão abrigadas institucionalmente pela Constituição Federal e, mais especificamente, pelo Art.207 da Carta. Na interpretação do ministro do STF, nenhuma instância externa a universidade pode determinar o corte de salários, a não ser o colegiado superior das instituições[v].
É possível avançar na prática da autonomia universitária
As universidades estão diante de uma oportunidade ímpar para alargar os estreitos limites da autonomia. Os colegiados superiores das universidades que, apesar da Carta de 1988, não lograram condições políticas para afirmar a autonomia constitucional podem aproveitar o ato de inaudita violência contra a autonomia universitária para se pronunciarem de modo corajoso e ousado em defesa da auto aplicabilidade do dispositivo constitucional. Não basta, portanto, impedir a efetivação do corte salarial, mas, antes, de empreender enérgica campanha nacional contra o ato ofensivo à autonomia e em defesa do Artigo 207 da Constituição.
No momento em que a dupla FHC-Paulo Renato desferiram suas violentas ações contra a universidade e seus professores, os docentes agiram com dignidade, coragem e compromisso com a universidade e sua autonomia, fortalecendo a greve. Não resta dúvida de que o mesmo acontecerá na atual greve: certamente, a adesão será ainda maior, como ocorreu em 2001, pois os professores não se calarão diante de tal ofensiva. Caso o governo Dilma tente repetir o gesto de Cardoso, bloqueando os recursos do MEC, os acontecimentos de 2001 sugerem cuidado. Após perder as ações judiciais no STJ e no STF, com as quais o governo Cardoso queria dar legalidade ao seu ato de violência, somente restou a Paulo Renato de Souza – que ainda pretendia postergar o cumprimento das decisões judiciais determinando o imediato repasse de recursos para o pagamento dos docentes – solicitar um habeas corpus preventivo para não terminar na prisão.
Diante dos tristes e preocupantes atos de recrudescimento da violência contra a universidade que equiparam a presidenta Dilma e seu ministro da educação a personagens com a mesma estatura política de seus antecessores, os setores democráticos não podem se omitir: exigem, de imediato, a abertura de negociações com os professores e técnicos e administrativos em greve nas universidades e na educação básica federal e que o governo não persevere na trilha obscurantista de coerções contra as instituições de ensino federais brasileiras. Certamente, não haverá mudança de rumo na grande política do governo Dilma, mas a greve nacional das universidades pode convencer os setores mais esclarecidos de seu governo a admitir que o Estado não pode sufocar todas as instituições da República. A autonomia universitária sempre possibilitou melhor retorno social ao povo e, por isso, no lugar de olhar exclusivamente para a banca, o governo poderia escutar as universidades brasileiras e admitir que as contradições são fecundas para a democracia.
Rio de Janeiro, 9 de julho de 2012


[i] Roberto Leher, 'Fast delivery' diploma: a feição da contrarreforma da educação superior, Carta Maior,http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=3504

[ii] . BRASIL, MEC, INEP, Censo da Educação Superior de 2010, DF, INEP, out. 2011.
[iii] . A greve teve conquistas importantes, como a manutenção do RJU para os novos docentes, a abertura de concursos e um reajuste linear para toda categoria, inclusive aposentados, de cerca de 13%.
[iv] . STF (MS no7.971-DF)
[v] . “A falta de repasse de verbas às universidades resulta na realização da justiça com as próprias mãos, na formalização de ato omissivo conflitante com a autonomia administrativa e de gestão financeira prevista no artigo 207 da Constituição Federal, havendo-se o Ministério da Educação no mister de gerenciar as folhas de pagamento pessoal. Por isso mesmo, a suspensão de ato judicial que garantiu tal repasse não pode ser tida como enquadrável na ordem jurídica em vigor, de vez que antecipa definição que não está sequer submetida, em ação própria, ao Judiciário. Assim, descabe potencializar o fato de o direito de greve, assegurado constitucionalmente aos servidores, não se encontrar regulado, mesmo que passados mais de dez anos da promulgação da Carta de 1988. Vale frisar que, enquanto isso não acontece, tem-se não o afastamento, em si, do direito, mas a ausência de balizas que possam, de alguma forma, moldá-lo. O que cumpre pesar é a inexistência de um dos pressupostos à suspensão da liminar – ameaça de grave lesão à ordem pública e administrativa. Aliás, sob esse aspecto, o risco maior, levando-se em conta a busca do entendimento e a autonomia universitária, está, justamente na supressão do repasse de verba às universidades” (Marco Aurélio Mello, STF/ MS no7.971-DF).

jueves, 5 de julio de 2012

Fracaso de la Asamblea Río+20


Frei Betto*
03-07-2012

La Conferencia de la ONU para el Desarrollo Sustentable terminó en fracaso. Se gastaron US$ 150 millones para promoverla. Dinero desperdiciado. Hubiera sido mejor utilizarlo para preservar los bosques.

El documento final, aprobado por 193 países, es mediocre. Como ningún país, sobre todo los más ricos, quería comprometerse con medidas a corto plazo, el texto sufrió tantos recortes, para no desagradar a ninguno, que desagradó incluso al mismo secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Aunque al día siguiente, presionado por el Brasil, cambió de parecer. Desdijo lo que había dicho y defendió el documento, en el que no se recogieron las sugerencias de la sociedad civil.

No se decidió nada en concreto. Todos los compromisos sobre la sustentabilidad quedaron para más adelante… Se acordó que el año que viene serán definidos los Objetivos del Desarrollo Sustentable. En el 2014 se determinará de dónde sacar los recursos para financiarlos, y a partir del 2015 deberán ser implementados.

El acontecimiento es equiparable a la crónica de una muerte anunciada. Los dirigentes de los países ricos se la jugaron sucio a la Rio+20. Obama no llegó. Y aun tuvo el descaro de enviar a su secretaria de Estado, Hillary Clinton, el último día, cuando ya todo estaba debatido y aprobado. En un discurso inocuo ella anunció que los EE.UU. destinarán US$ 20 millones para la protección ambiental de los países de África. Una limosna, pues, sobre todo considerando que los EE.UU. figuran, junto a China, como principal acusado por la degradación de la naturaleza.

Lo que Rio+92 representó de avance, la Rio+20 lo representa de retroceso. En 1992 fueron aprobadas la Carta de la Tierra, la Agenda 21 y tres importantes convicciones: biodiversidad, desertificación y cambios climáticos. A partir de entonces muchos países crearon ministerios del medio ambiente.

El entusiasmo duró diez años. En el 2002, en la Conferencia de Johannesburgo, los gobiernos se negaron a rendir cuentas de cuanto habían acordado en Rio. Ya habían constatado que no hay compatibilidad entre preservación ambiental y modelo de desarrollo -depredador y excluyente- centrado en la acumulación privada del capital. Tuvimos, pues, diez años (2002-2012) de conversación confiada.

La Rio+20 propuso a los gobiernos, vía G-77 (grupo de los países menos desarrollados), crear un fondo de US$ 30 mil millones para financiar iniciativas de sustentabilidad en sus países, pero la propuesta no fue aprobada. Nadie hurgó en su bolsillo. Eso una semana después de que el G-20 destinara, en México, US$ 456 mil millones para tratar de sanear la crisis en la zona del euro.

No falta el dinero para salvar bancos. Pero para salvar a la humanidad y la naturaleza ni un real. Los dueños del mundo y del dinero viven en la ilusión de que la nave espacial llamada Planeta Tierra posee, como los vuelos internacionales, primera clase y clase ejecutiva.

El hecho es que los gobiernos, salvo raras excepciones, no están interesados en invertir en la sustentabilidad. Eso depende de un esfuerzo a mediano y a largo plazos. Y los gobiernos buscan resultados propagandísticos de cara a sus próximas elecciones.

La sustentabilidad es como el saneamiento. Según el Ministerio de las Ciudades, el 57 % de la población brasileña no tiene servicio de aguas negras. Así como los tubos pasan por debajo del suelo, nuestros políticos dan la espalda, interesados sólo por lo que trae visibilidad.

Los gobiernos quieren desarrollo entendido como multiplicación del capital. Nada de proteger la biodiversidad. Fingen no darse cuenta de que los cambios climáticos son originados por la degradación de la biodiversidad.
En Rio+20 venció la voracidad del capital. Hoy día casi siete mil millones de personas sobreviven consumiendo un planeta y medio. Dentro de poco llegaremos a dos planetas. Como los recursos naturales son limitados, las generaciones futuras corren el serio peligro de padecer la carencia de bienes esenciales, como agua y alimentos.

La lluvia que cayó sobre Rio de Janeiro durante la reunión era como lágrimas de Gaya que, con seguridad, tenía esperanza de que la Rio+20 la librase del estupro que sufre a manos de quien busca solamente aprovecharse de ella, siendo indiferente a los derechos de las generaciones futuras.

Pero valió la pena haber estado presente en la Cumbre de los Pueblos, viendo a los pueblos indígenas mezclarse con ambientalistas, jóvenes y niños, para preservar al menos la esperanza de que vale la pena luchar por otro mundo posible y sustentable.

[Frei Betto es escritor, autor de "La obra del Artista. Una visión holística del Universo”, entre otras obras. www.freibetto.org/ - twitter:@freibetto.
Copyright 2012 – Frei Betto - No es permitida la reproducción de este artículo por cualquier medio, electrónico o impreso, sin autorización. Le invitamos a que se suscriba a todos los artículos de Frei Betto; de este modo usted los recibirá directamente en su correo electrónico. Contacto – MHPAL – Agência Literária (mhpal@terra.com.br Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla )
Traducción de J.L.Burguet].
* Escritor y asesor de movimentos sociais
Fuente: www.adital.com.br/ -

sábado, 30 de junio de 2012

Manifiesto de Repudio por el Asesinato de dos Pescadores de AHOMAR

BRASIL
Manifiesto de Repudio por el Asesinato de dos Pescadores de AHOMAR

Los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que suscriben el presente Manifiesto expresan su indignación brutal por el asesinato de los pescadores artesanalesAlmir Nogueira de Amorim y João Luiz Telles Penetra (Pituca), integrantes de la Asociación Hombres y Mujeres del Mar (AHOMAR), de la Bahía de Guanabara. Exigimos que el Estado de Rio de Janeiro y el Estado brasileño tomen las providencias inmediatas para investigar los hechos, proteger y garantizar la vida de los pescadores artesanales amenazados.
Almir y Pituca eran dirigentes de AHOMAR, organización de pescadores artesanales que lucha contra los impactos socio ambientales generados por grandes emprendimientos económicos que inviabilizan la pesca artesanal en la Bahía de Guanabara. Ambos desaparecieron el viernes 22 de junio de 2012, cuando salieron a pescar. El cuerpo de Almir fue encontrado el domingo 24 de junio, amarrado junto al barco, que estaba sumergido cerca de la playa de São Lourenço, en Magé, Rio de Janeiro. El cuerpo de João Luiz Telles (Pituca) fue encontrado el lunes 25 de junio, con pies y manos amarrados y en posición fetal, cerca de la playa de São Gonçalo, Rio de Janeiro.

La Historia de Lucha de AHOMAR

La AHOMAR representa pescadores artesanales de siete municipios de la Bahía de Guanabara y tiene 1870 asociados. Desde 2007 viene denunciando sistemáticamente las violaciones y crímenes ocurridos en la construcción del Complejo Petroquímico de Rio de Janeiro (COMPERJ), una de las mayores inversiones de la historia de Petrobras y parte del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC).

En 2009, los pescadores de AHOMAR ocuparon las obras de construcción de los gasoductos submarinos y terrestres de transferencia de GNL (Gas Natural Licuado) y GLP (Gas Licuado de Petróleo), realizados por el consorcio de las contratistas GDK y Oceânica, contratadas por la Petrobras. Esa obra inviabiliza directamente la pesca artesanal en la Playa de Mauá-Magé, Bahía de Guanabara, donde queda la sede de AHOMAR.
Ellos anclaron sus barcos cerca de los ductos de la obra y allí permanecieron por 38 días. Desde entonces, los pescadores sufren constantes amenazas de muerte. En mayo del mismo año, Paulo Santos Souza, ex-tesorero de AHOMAR, fue brutalmente atacado frente a su familia y asesinado con cinco tiros en la cabeza. En 2010, otro fundador de AHOMAR, Márcio Amaro, también fue asesinado en casa, frente a su madre y esposa. Ambos crímenes no fueron aclarados todavía.
En función de la violencia contra los pescadores y de las constantes amenazas de muerte, desde 2009 Alexandre Anderson de Souza, presidente de AHOMAR, vive con su família bajo la guardia del Programa de Protección a los Defensores de Derechos Humanos, viviendo 24 horas por día con escolta policial. Lo que no impidió que Alexandre Anderson sufriese nuevos atentados contra su vida.

Intensificación de las amenazas y nuevas muertes

Al final de 2011 e inicio de 2012 los pescadores de AHOMAR volvieron a movilizarse contra los impactos que surgen de las obras de COMPERJ. Con la justificativa de acelerar el cronograma de ejecución de las obras, la Petrobras y el INEA intentaron retomar una propuesta ya descartada durante el proceso de licencia ambiental. La maniobra busca transformar el Río Guaxindiba, afluente de la Bahía de Guanabara, localizado en el Área de Protección Ambiental de Guapimirim, en una hidrovía para transporte de equipamientos de COMPERJ.

Concientes de la magnitud de los impactos que serían provocados sobre la Bahía de Guanabara y la pesca artesanal, los integrantes de AHOMAR denunciaron la intención de Petrobras y lideraron una movilización en solidaridad con el jefe de la APA Guapimirim, Breno Herrera, amenazado de exoneración de la ICMBIO por oponerse a los impactos de ese emprendimiento. Desde entonces, las amenazas a los pescadores de AHOMAR se intensificaron.

Para agravar la situación, en el mes de febrero de este año el Destacamento de Policía Ostensible (DPO) de la Playa de Mauá, donde queda la sede de AHOMAR y la residencia de Alexandre Anderson, fue desactivado, exponiendo a los pescadores a nuevas amenazas y tornando a la población local todavía más vulnerable. En ese período por lo menos otros tres dirigentes de AHOMAR fueron amenazados de muerte.

Fue en este contexto, de desarticulación de la seguridad pública en la región e intensificación de las amenazas contra los pescadores que Almir Nogueira de Amorim y João Luiz Telles Penetra (Pituca) fueron asesinados. Se trata, por tanto, de una crónica de muertes anunciadas. Ambos fueron encontrados con claras evidencias de ejecución.

Ante estos graves acontecimientos manifestamos toda nuestra solidaridad a AHOMAR y a los familiares de los pescadores asesinados. Al mismo tiempo, exigimos:

  1. Que quienes ordenaron y quienes ejecutaron los asesinatos de Almir Nogueira de Amorim y João Luiz Telles Penetra sean identificados y responsabilizados;
  2. Que sean concluidas las investigaciones por las muertes de Paulo Santos Souza y Márcio Amaro, hasta hoy no aclaradas, y que sus asesinos también sean identificados y responsabilizados;
  3. Que sean investigadas todas las amenazas a los pescadores artesanales de AHOMAR.
  4. La firma del Gobernador del Estado de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, del Decreto de institucionalización del Programa Estatal de Protección a los Defensores de Derechos Humanos;
  5. El seguimiento de las investigaciones sobre los asesinatos de dirigentes aquí listados por la Secretaría de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República;
  6. El fortalecimiento de la protección de Alexandre Anderson y que la escolta policial sea extendida a su esposa , Daize Menezes de Souza;
  7. La inmediata reapertura del DPO de la playa de Mauá y el Fortalecimiento de la Seguridad Pública de la región;
  8. Que la Petrobras y las empresas a ella vinculada en el conjunto de las obras de COMPERJ en la Bahía de Guanabara negocien con la AHOMAR la justa pauta de reivindicaciones del movimiento.

Los abajo firmantes seguirán denunciando los exterminios de los luchadores sociales que están enfrentando de modo legítimo la destrucción de las condiciones de pesca artesanal en la Bahía de Guanabara y en las demás áreas pesqueras de Rio de Janeiro. Igualmente, acompañaremos el proceso de investigación y las providencias del gobierno estatal en defensa de la integridad de los demás pescadores en lucha. Las muertes de Almir, João Luiz, Paulo y Marcio nos llevan a afirmar: somos todos pescadores, somos todos militantes de AHOMAR!

Siguen Firmas.
POR FAVOR ADHERIR CON UN MENSAJE A:
gabriel strautman 

jueves, 28 de junio de 2012

La Vía Campesina en Río + 20: Los pueblos le dijeron NO a la Economía Verde y construyeron propuestas para la resistencia y la construcción

Jueves 28 de Junio de 2012




Durante una semana, en el marco de la Cumbre de los Pueblos, La Vía Campesina se movilizó en Río de Janeiro para decirle No a la Economía Verde y para dinamizar un proceso de construcción de nuevas alianzas basadas en los ejes puestos en las plenarias y asambleas de movimientos sociales y en la movilización en las calles para mostrar cuales son las verdaderas necesidades y aspiraciones de nuestros pueblos.



Con alegría podemos volver a casa y a nuestras luchas cotidianas con la satisfacción del deber cumplido, con el compromiso de fortalecer los espacios construidos en estas jornadas y con el desafío de seguir haciendo carne en nuestras realidades locales las reflexiones y agenda de acciones que se propusieron en los plenarios y las Asambleas de movimientos.

Los días de convivencia entre los cientos de compañeros de la Vía Campesina llegados desde todo América Latina y el mundo junto a los miles de integrantes de la Vía Campesina Brasil se vieron fortalecidos con las movilizaciones diarias que nos llevaron a participar de marchas multitudinarias, ya sea acompañando a las mujeres en lucha o repudiando a las grandes corporaciones multinacionales representadas en este caso por la minera Vale. Cada amanecer vio como las mujeres y hombres de la Vía se sumaron a otros movimientos para acompañar a comunidades afectadas por megaproyectos, “escrachar” a represores o denunciar a las corporaciones del agronegocio y los agrotóxicos personificadas en este caso por la Confederación Nacional de Agricultura (CNA). Todo ello coronado en la gran marcha unificada del día 20 de junio donde más de ochenta mil personas marchamos para ponerle el broche de oro a la Cumbre.

Y después o antes de cada movilización todos y todas convergimos a aportar a los debates de las cinco plenarias de movimientos sociales, donde cientos de voces fueron tejiendo las denuncias sobre las causas estructurales y las falsas soluciones que el capitalismo, ahora maquillado de verde, quiere ofrecernos para no enfrentar las verdaderas causas de las múltiples crisis que el mismo capitalismo ha provocado. Pero como los pueblos ya tenemos nuestras propuestas también las compartimos y enriquecimos con otras y otros que llegaron con el mismo objetivo. Así fue que nuestras soluciones y la propuesta de una agenda para seguir construyendo en el futuro ocupó la segunda parte de nuestras plenarias.

Desde la plenaria de Soberanía Alimentaria la denuncia al sistema capitalista, patriarcal, discriminador y racista resonó con ecos que se multiplicaron con las voces de las otras plenarioa de manera de dejar en claro las verdaderas causas de los problemas que hoy ponen a la humanidad al borde del abismo. Y también desde allí la denuncia al agronegocio como responsable de la destrucción de la naturaleza, la exclusión de los pueblos, la mercantización de la vida y principal responsable de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad se expresó de manera contundente.

La Vía Campesina propuso hace 16 años a la Soberanía Alimentaria como camino político para transformar nuestra sociedad desde los campesinos y campesinas del mundo. En nuestras Asambleas fueron cientos las organizaciones que se sumaron a este camino con claridad y firmeza. Tal como lo planteó el documentos del plenario Los gobiernos y las corporaciones trabajan con gran sintonía por la apropiación de los bienes comunes de la vida y de nuestros derechos. Convocamos a los pueblos a unirse y levantarse en la lucha por una nueva sociedad y la construcción de la soberanía alimentaria y popular. “No es posible la soberanía alimentaria en el capitalismo”.

La Cumbre oficial también ocupó nuestra atención y allí estuvimos compartiendo nuestras propuestas y esperando que los gobiernos mostraran madurez para asumir compromisos y dejar de ser títeres de las corporaciones. Lamentablemente no fue así y todos los temores que teníamos se confirmaron en un documento pobre, carente de compromisos y en el que “El futuro que queremos” (el nombre del documento oficial) aparece cada más oscuro y excluyente. Si bien no se logró imponer a la Economía Verde como nuevo “paradigma” del sistema capitalista su mención repetida página tras página del documento es de por sí una denuncia de su verdadero espíritu.

La Cumbre Oficial de Río + 20, tal como veníamos denunciando los movimientos sociales, fue un GRAN FRACASO, luego de 20 años no se ha avanzado en nada, en lugar de aciertos hemos tenido retrocesos ahora materializados en la propuesta de economía verde, el maquillaje verde del capital, que pretende mercantilizar la vida. Pero sin embargo, para los movimientos sociales convocados en la Cumbre de los Pueblos fue un momento de profunda discusión y de construcción de nuevas alianzas, de movilización y también de formación que nos permitió entender mejor el modelo que nos tratan de imponer. Las jornadas de resistencia y movilización en el marco de la Cumbre de los Pueblos llevó a las calles a niños, niñas, mujeres, hombres todos y todas con el objetivo de ir construyendo una capacidad de movilización basada en la solidaridad, internacionalismo y la integración de los pueblos del mundo para convertir nuestras luchas en realidades.

Los infinitos colores, las múltiples voces, la diversidad de pueblos, los cantos en las calles y los múltiples vestidos, artesanías y culturas presentes en la Cumbre son un reflejo del mundo que desde la Vía Campesina estamos construyendo junto a todos los pueblos del mundo que eligieron no recorrer este camino de muerte que el capitalismo intenta imponernos. Ahora el desafío es seguir recorriéndolo colectivamente hacia la dignidad.

Descargar: Síntesis de Participación de la Via Campesina: Noticias, Videos, Fotos

miércoles, 20 de junio de 2012

El primer cruce contra la economía verde


Por un lado, un desarrollo solidario, en defensa de los bienes comunes y de la Madre Tierra; por otro, la economía verde y sus nefastas consecuencias para los sectores populares. En una mesa en la Cumbre de los Pueblos movimientos y organizaciones sociales muestran su posición de rechazo al capitalismo.Movimientos y organizaciones sociales, que ya padecen los efectos de la economía verde, expusieron las contradicciones de esta propuesta del capital e interpelaron fuertemente desde sus vivencias y luchas a los expositores del “desarrollo sostenible”, representandos por Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUM), durante la mesa “Diálogos sobre economía verde”. Realizada en el marco de la Cumbre de los Pueblos, esta contó con la participación, por el campo popular, de Edwin Vázquez, dirigente de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de Baja Amazonia (COIBA); Juan Herrera, de Argentina, integrante de la red Vía Campesina, además del ex-embajador de Bolivia en la ONU, Pablo Solón y el intelectual canadiense Pat Mooney.
Entre los puntos subrayados por los movimientos, que cuentan como consecuencias de la economía verde los desalojos, las muertes por agrotóxicos, los asesinatos por especulación de tierras, están las propuestas de desarrollar una economía local para la producción y consumo de alimentos, evitando así el desperdicio de alimentos y el derroche de energía en el proceso de exportación global; la promoción de la vuelta de familias al campo; la creación de un fondo para desarrollar tecnologías de bajo impacto a la naturaleza a partir de un impuesto sobre las transacciones internacionales; la necesidad de plantear una distribución de la riqueza y de la tierra para poder erradicar verdaderamente la pobreza, y el necesario aprendizaje de las comunidades, verdaderas expertas en el desarrollos sustentable.
Edwin Vazquez exigió que los Estados nacionales reconozcan jurídicamente a los pueblos originarios, afirmando que la economía verde para estos no es el dólar sino sus territorios, mientras Juan Herrera advirtió que la Vía Campesina seguirá resistiendo en la calle a la economía verde, buscando la unidad de la clase campesina y de los distintos movimientos sociales, frente a la economía verde cuyo postulado fundamental es el capitalismo.
Larissa Packer, de la Carta de Belem, mencionó los ejemplos fallidos del accionar a partir de la economía verde en los países de Australia, Estados Unidos, Uganda y refirió el perverso método de sacar mayor renta que tiene este sistema económico mundial: “mientas más escaso es un recurso, más aumenta su valor económico; mientras más degradado se encuentra el medio ambiente, más gana la economía verde.
Los movimientos coincidieron en que los mercados no fueron capaces de resolver los problemas mundiales, que no es posible hablar de cambio económico si no son discutidos los modos de producción y consumo, pasando por la promática del empleo, que debe significar trabajo decente, igualdad entre hombre y mujer, seguridad en las condiciones de trabajo, un sistema de protección social.
Las contradicciones de la economía verde
Un título aparte mereció la intervención de Pablo Solón que desmoró el discurso de Achim Steiner con ejemplos concretos. Uno de ellos fue el cuestionamiento a usar el caso de Australia como modelo a seguir, pues su “desarrollo” se ha basado en la privatización de las fuentes de agua y dijo que la explotación del recurso hídrico significa la aniquilación de poblaciones, un saqueo comparable a la situación de Palestina ante las intervenciones israelíes.
Preguntó por qué no se toma el caso de Bolivia como paradigma, ya que este país estatizó las concesiones de agua potable para garantizar que toda la población tuviese acceso a este derecho universal.
Basándose en el programa de Reducción de Emisiones de la Desforestación y la Degradación de Bosques (REDD) explicó la función que cumpliría la economía verde: asignarle un valor económico a la naturaleza para que sea cotizada en los mercados, así las empresas transnacionales tienen la posibilidad de seguir contaminando el planeta y comprando bonos de carbono.
Dio cifras contundentes: el 1% de la población mundial controla el 50% de los recursos del planeta Tierra, con lo que ratificó las exposiciones anteriores que apuntaron la ausencia de equilibrio y armonía con la naturaleza, si no se plantea una real redistribución de la riqueza. Además resaltó que mientras se sigan destinando 1,5 trillones de dólares a guerras no habrá posibilidades de aspirar a un cambio.
“¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos un cambio de verdad, no más capitalismo. Nosotros creemos que el capitalismo nos ha llevado a esta situación, a la naturaleza y a los seres humanos. ¿Y qué significa otro modelo? Hablemos con claridad, un modelo que no esté basado en la ganancia, eso es la economía verde. Que no tenga como centro la máxima obtención de la ganancia posible. Nosotros queremos un modelo donde no se tome a la naturaleza como un simple objeto, como algo que nosotros podemos hacer lo queremos con ella, sin tener en cuenta que la naturaleza es nuestro hogar, es parte de nuestra vida, que nosotros somos parte de la naturaleza. El gran error que ha cometido la humanidad es creerse dueña de la naturaleza.”

sábado, 16 de junio de 2012

Cumbres verdes: hipotecando el futuro



Silvia Ribeiro*
16-06-2012

Del 20 al 22 de junio se reúne en Río de Janeiro la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Río+20) a veinte años de la primera conferencia global sobre desarrollo y medio ambiente.
La situación ambiental es mucho peor que entonces, pero no es el tema principal: al centro de la polémica está la llamada economía verde, el intento de someter al mercado toda la naturaleza y sus ciclos vitales. Sus promotores la presentan como una oportunidad de ganar-ganar frente a las crisis, incentivando mercados financieros con la naturaleza (mercados de carbono, servicios ambientales) y la aplicación de nuevas tecnologías (nanotecnología, biotecnología, geoingeniería y otras de alto riesgo) para crear nuevas fuentes de negocios para las empresas en problemas, supuestamente atendiendo al mismo tiempo problemas ambientales. A todo lo que tiene base biológica, le llaman solución verde, aunque sea como los agrocombustibles, que usan más petróleo que el que dicen sustituir y son causa principal del elevado precio de los alimentos.

Como explican los organizadores de la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental (Rio de Janeiro, 15-23 de junio), Nada en la economía verde cuestiona o sustituye a la economía basada en el extractivismo y los combustibles fósiles, ni sus patrones de consumo y producción industrial, sino que extiende la economía explotadora de la gente y el ambiente a nuevos ámbitos, alimentado el mito de un crecimiento económico infinito
Sobre este destructivo mito se reúne también el 18-19 de junio en México el G-20, un grupo auto-convocado de países poderosos del planeta, donde a propuesta de México el crecimiento verde es punto central de la agenda. Desde allí lanzarán lo que opinan debe ser el resultado de Río+20, esa sí convocada por Naciones Unidas y a la que asistirán 140 jefes de estado.
Es pasmoso que ante la gravedad de las crisis globales, ambientales, económicas, alimentarias, la Río+20, en negociación hace dos años, no haya entregado un diagnóstico claro y certero de las crisis ni puesto sobre la mesa soluciones verdaderas. El documento base sigue a pocos días de la Cumbre con muchos temas sin acuerdo. Sin embargo, que el documento esté trancado no es negativo. Es grave por la inacción frente a problemas serios, pero significa también que las intenciones de algunos gobiernos (todos integrantes del G-20), de posicionar la economía verde como panacea para todos los males, ha encontrado trabas.
Mayoritariamente los países del G-77 (132 países de África, Asia y América Latina, menos México que no forma parte) han tratado de acotar las propuestas de economía verde. Pero el concepto, aunque vago, saldrá seguramente como el logro principal de la Cumbre. La ambigüedad en la definición será interpretada como convenga a cada gobierno y sobre todo, a las instituciones financieras multilaterales que son quienes han respaldado con fondos públicos las inversiones de riesgo en nuevos mercados con la naturaleza (para consolidarlos y que luego las empresas puedan invertir con seguridad).
Si bien la resistencia del G-77 en Naciones Unidas es significativa, la vasta mayoría de los países del Sur, particularmente el anfitrión Brasil, comparten un modelo de desarrollo y crecimiento dentro del capitalismo y ven la economía verde como posible negocio. Algunos plantean que sea con más atención a aspectos sociales y a la inequidad global. Otros rechazan la economía verde porque creen será una nueva fuente de condicionalidades. Los países del Norte, pese a sus crisis, presionan para que todo sea a favor de sus trasnacionales. Para lograrlo, en la negociación han amenazado derechos ya establecidos en ONU, como el derecho a la alimentación, al agua, a la información, los derechos de comunidades locales y pueblos indígenas, la equidad de género.
El tema de la economía verde no comenzó con Río+20. Por ejemplo, la conferencia sobre cambio climático en Cancún en 2010 fue devastadora al institucionalizar programas como REDD, que mercantilizan el aire de los bosques y arrasan con los derechos de las comunidades. Pero Río+20 pretende además sentar un marco global y en todos los temas, que promueva la economía verde. Es una trampa discursiva importante, porque suena positivo cuando en realidad es lo contrario.
Es un frente que necesitamos entender y disputar. Para ello se instaló la Cumbre de los Pueblos por justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida y la naturaleza y por la defensa de los bienes comunes. No fue fácil la convergencia de 40 grandes redes de movimientos sociales y pueblos brasileños (campesinos, trabajadores, mujeres, ambientalistas, comunidades negras, indígenas, derechos humanos y otros) y más de 35 redes internacionales. Se esperan decenas de miles de personas de la región y participación significativa del resto del planeta. Habrá más de 1000 actividades sobre diversos temas, reminiscente del Foro Social Mundial. A diferencia de éste, habrá plenarias temáticas sobre diagnóstico y propuestas, así como de estrategias comunes hacia el futuro. Es grande el desafío de confrontar y debatir en estas dimensiones y desde tanta diversidad, pero también avizora una nueva etapa de convergencia de los movimientos sociales. Seguramente el mayor valor del encuentro no será lo que sucede en Río, sino en qué grado alimenta la resistencia y propuestas locales por todo el mundo.
Lo que no tiene duda es que la economía verde y sus falsas soluciones están siendo enérgicamente contestadas desde los movimientos. Es apenas el comienzo.
*Investigadora del Grupo ETC

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas


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