Denunciarán ante el TPP los efectos del Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira
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El Movimiento de los Afectados por Represas de Brasil (MAB, por su sigla en portugués), el Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), y la organización catalana SETEM-Catalunya, denunciarán frente al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) -que tendrá lugar en Madrid los próximos 14 y 15 de mayo- las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la planificación e inicio de la construcción del Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira.
El Río Madeira, lugar en el que están siendo construidas las represas Santo Antônio y Jirau, comprende territorio brasileño, boliviano y peruano. Se trata del segundo mayor río de la Amazonia, y en él pueden encontrarse más de 750 especies de peces y 800 de aves, por lo que se lo considera un tesoro de la biodiversidad.
A los impactos que las usinas hidroeléctricas tendrán sobre el medio ambiente se suma que, según consta en la denuncia del MAB, FOBOMADE y SETEM, la construcción de estas grandes represas está causando graves violaciones a los derechos humanos sobre la población afectada de Brasil y Bolivia.
Entre los efectos que están causando, las organizaciones mencionan que se está agudizando la pobreza en la región -al afectar directamente los recursos naturales de los que se valían los pobladores locales para su sustento-, así como también indican que no se respetan los territorios de los pobladores originarios y que se vulnera la calidad del agua. El aumento de las enfermedades como malaria, fiebre amarilla y dengue es otro de los factores sobre los que se llama la atención en la denuncia.
Es por ello que solicitan al Tribunal que reconozca que las empresas que están detrás de este proyecto -la franco belga GDF-SUEZ, la portuguesa BANIF y la española SANTANDER- no respetan los derechos humanos. De la misma forma, piden que se indique que Brasil, Francia, España y Portugal no protegen a las víctimas de las represas de los abusos cometidos por dichas empresas, y que ni Naciones Unidas ni la Unión Europea proveen a las víctimas de soluciones efectivas frente a las violaciones de sus derechos.
Las organizaciones también solicitan que el TPP reconozca que los afectados por las represas tienen derecho a resistir, y le solicita que inste a las organizaciones y gobiernos a la creación de estándares intergubernamentales globales sobre empresas y derechos humanos para “fortalecer la protección de dichos derechos y proporcionar un marco común para los esfuerzos destinados a resolver problemas relacionados con la conducta de las empresas”, ya que el marco propuesto por Naciones Unidas resulta insuficiente.
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