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26-10-2011
Washington, 26 oct (EFE).- Las ONG y los movimientos indígenas brasileños que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte calificaron hoy en la OEA la actuación del gobierno de "vergonzosa" y denunciaron la violación de los derechos humanos.
"Es una vergüenza la manera en la que nos ha tratado nuestro propio gobierno, con continuas mentiras y negándose al diálogo con las comunidades afectadas", afirmó Sheila Juruna, líder de los indígenas en la región de Pará, en el norte de Brasil.
Representantes de los indígenas habían acudido a Washington para sostener un encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, al que finalmente el gobierno de Brasil decidió no acudir.
"Estoy horrorizada por ver cómo somos tratados en nuestra propia tierra sin tener siquiera el derecho de ser consultados en este horroroso proyecto", agregó Juruna en rueda de prensa en la sede del organismo hemisférico.
El complejo hidroeléctrico, que tendrá un coste de 10.600 millones de dólares y se levanta en el municipio de Altamira (Pará), inundará 516 kilómetros cuadrados de selva lo que obligará a abandonar sus tierras a unas 50.000 personas que habitan en los márgenes del río Xingú, afluente del Amazonas.
El gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff defiende, por su parte, el proyecto, al entender que será clave para la seguridad energética del país y el desarrollo de la región amazónica.
La abogada Andressa Caldas, directora de Justicia Global, aseguró que con esta decisión de "no dialogar" el gobierno "se dispara a sí mismo en el pie. ¿Cómo se le va a dar asiento en el Consejo de Seguridad si desautoriza a una institución de derechos humanos como la CIDH?".
Asimismo, Jacob Kopas, de la Asociación Interamericana de Defensa del Medio Ambiente (AIDA), subrayó que "la actitud de Brasilia es un golpe en la cara de la imagen que promueve de Brasil como líder regional y anfitrión de importantes eventos ambientales como la cumbre Río+20 del próximo año".
Los representantes indígenas y de las ONG se reunirán mañana con la CIDH para denunciar la actitud del gobierno brasileño y reiterar sus oposición al proyecto por los daños irreparables que causará al ecosistema y a las condiciones de vida de indígenas y campesinos.
La construcción de Belo Monte ha originado un fuerte enfrentamiento entre la OEA y Brasil después de que la CIDH emitiese un dictamen en el que pedía suspender las obras de la polémica represa, cuya construcción comenzó el pasado mes de marzo.
Brasil, en respuesta a esa decisión, retiró en abril la candidatura de Paulo Vannuchi para integrar la CIDH, y explicó que los poderes ejecutivo y legislativo del país son los responsables de fiscalizar las obras de Belo Monte. EFE
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